7 CANARIAS

Hace unos años escribía un artículo titulado “La política en dos brochazos”, que terminaba con el siguiente párrafo: “Y en Canarias seguimos ciegos con Coalición Canaria, a quién seguimos dando crédito sin merecerlo. Hace muchos años que a estos aprovechados de la política se les tenía que haber sellado el pasaporte de “no retorno”, pero lamentablemente siguen vendiendo humo y hay quien se lo compre. Un paro galopante, una sanidad en los huesos y ellos empeñados en frenar las renovables, dar cancha al gas y hacer tabla rasa con el territorio, en definitiva hacer negocietes con los amigos, mientras Canarias sigue a la cola de lo bueno y a la cabeza de lo malo. Entretanto los confiados canarios seguimos de romería”.

Poco ha cambiado la cosa desde entonces, con la única diferencia de que, “del freno a las renovables” hemos pasado “al acelerón”, pero entregándolo todo a las grandes eléctricas de ultramar, con un destrozo medioambiental sin precedentes. El Gobierno Canario, los cabildos y los ayuntamientos de todo signo político, han dejado en PAPEL MOJADO todas las normas de protección al territorio, estampando el sello del “interés general” en todos los proyectos en favor de las eléctricas. Las Administraciones Canarias trabajan para:

-Permitir la construcción de grandes parques solares y eólicos en terreno rústico y agrícola, en lo que viene a ser una descarada prostitución del territorio, incompatible con la sostenibilidad medioambiental.

-Abaratar los costes del transporte a las grandes eléctricas, permitiendo gigantescas torres y líneas aéreas de alta tensión para conectar los citados parques, en lugar de EXIGIR el soterramiento de todas las líneas de transporte por las cicatrices preexistentes en el territorio (esto es las carreteras), como si se hace en nuestro archipiélago vecino de Azores. Otras materias a copiar de nuestro vecino macaronésico sería el aprovechamiento de la geotermia. En Azores el 90% de la energía es de origen renovable y PÚBLICA, por lo que además de no contaminar, revierte sus beneficios en la propia comunidad.

-Se destroza el corazón de la isla de Gran Canaria en lo que pretende ser una falsa pila de almacenamiento, con la mega-publicitada CENTRAL CHIRA-SORIA, con la única finalidad de permitir la venta de toda la producción eléctrica renovable generada, pero ni siquiera quisieron cuidar su enclave, un precioso entorno protegido bajo la premisa de LA ECOISLA (un simple eslogan publicitario), en lo que sólo es una escusa para seguir vendiendo a intereses de ultramar nuestro viento y nuestro sol.

A todas estas seguimos arrastrando los eternos problemas de Canarias, una economía gestionada única y exclusivamente en beneficio de los grandes poderes económicos, internos y externos, de los que el pueblo canario sólo es LA MANO DE OBRA BARATA.

Ni el nacionalismo canario de cartón-piedra, ni los partidos estatales con sucursal en Canarias hacen nada por sacarnos de este foso de la precariedad, de los salarios precarios, de la cesta de la compra más cara, así como de una Sanidad y Educación cada vez más precarizadas y privatizadas. El derecho a un techo digno se ha convertido en una utopía inalcanzable para muchos canarios, en favor de una rampante especulación inmobiliaria.

Tenemos probablemente la clase política que nos merecemos, atornillada a sus sillones públicos, sin que les preocupe otro objetivo que mantener o incrementar su beneficio personal, al tiempo que ponen la alfombra roja al Sr. D. Dinero.

La política canaria de grandes sonrisas y de puñaladas cortas, tiene como único objetivo el cortoplacismo, aunque se tengan que cambiar de chaqueta en cada legislatura. Los que hasta ayer se regalaban besos y abrazos ahora se despellejan sin piedad. Los problemas de Canarias y de los canarios importan más bien poco.

Los pertenecientes a los partidos nacionales están a lo que digan sus jefes en Madrid. Lo hemos vuelto a comprobar con los políticos canarios en las filas del PP, con el asunto de la distribución de los menores migrantes de Canarias, aunque esta táctica no es exclusiva de las derechas. En los partidos nacionales el que se mueve no sale en la foto, en los nacionalistas tampoco, a no ser que se les coja con el paso cambiado, como ha sucedido ahora con los de Nueva Canarias. Por cierto,

¿Quién será “la mano que mece la cuna” en el nuevo nacionalismo o municipalismo…?

Los nacionalismos se escoran peligrosamente a la derecha. Ya hemos visto “hacer manitas y algo más” a los de Clavijo con los del “Sr. Obascal”, hasta el punto de ponerles la alfombra roja en tres ayuntamientos canarios. Los que hasta hace dos días se hacían llamar “progresistas” se diluyen como un azucarillo…

La desilusión, la resignación y por tanto la abstención crecen, al tiempo que la manipulación y la mentira. Todo ello en beneficio de todas las derechas.

Qué envidia del nacionalismo vasco y catalán.

Estamos a años luz de LA POLÍTICA con mayúsculas…

Paco Vega

El Tribunal Supremo, en sentencia de 02 de abril de 2025, ha estimado un recurso de casación, reconociendo la competencia del Orden Social en supuestos de contratación administrativa fraudulenta.

El caso afecta a una profesora contratada mediante contratos administrativos temporales desde 2017 por el Gobierno de Navarra. La sentencia sienta una doctrina clara:

El Tribunal Supremo refuerza su jurisprudencia sobre la competencia del orden social en los supuestos de contratación administrativa fraudulenta o irregular por parte de las Administraciones Públicas. En concreto, la sentencia estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por una profesora contratada por el Gobierno de Navarra, reconociendo la competencia del orden social y la naturaleza laboral indefinida no fija de la relación. La sentencia recalca que cuando concurren irregularidades sustanciales en la contratación administrativa, la competencia del orden social es indiscutible e irrenunciable.

El Tribunal Supremo reafirma de manera categórica que cuando una administración pública acude a la contratación administrativa para cubrir necesidades estructurales y lo hace de forma irregular, vulnerando las normas que rigen el empleo público, la competencia para resolver corresponde al orden social. La Sala Cuarta no solo declara competente al orden social, sino que recalca que dicha competencia es “indiscutible e irrenunciable” en estos casos. Esta doctrina refuerza la protección judicial del personal contratado temporalmente en el sector público frente a fraudes de ley y abusos. Supone un aviso claro a las Administraciones: no basta con el ropaje formal del contrato administrativo si se está encubriendo una relación laboral de naturaleza ordinaria. El criterio del Tribunal Supremo ofrece seguridad jurídica y facilita el reconocimiento de derechos laborales, como el acceso al régimen de indefinidos no fijos, cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

El propósito de la Ley es prevenir que los fuertes se coman a los débiles.

Alejandro Jesús Olivares Cabrera. PRESIDENTE DE SINTRA

Recibir como pago la misma moneda, es decir experimentar en carne propia el mismo daño que causamos a otro. La frase apela a la justicia divina que nos indica que, tarde o temprano, recibiremos el mismo trato que dimos a los demás.

Hay que remontarse 21 años atrás, concretamente al año 2004, cuando se produjo una fractura interna dentro de Coalición Canaria, que daría lugar al nacimiento de Nueva Canarias. No solo eso  unos meses después, en febrero de 2005, se produjo una fractura interna y todos los críticos que abandonaron Coalición Canaria, se negaron entregar sus actas y a abandonar los cargos orgánicos obtenidos con estas siglas,

Es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora, solo que esta vez es Nueva Canarias quien está sufriendo la hemorragia interna de cargos públicos con el mismo rol que ellos ya habían interpretado.

Entonces tanto Carmelo Ramírez, Román Rodríguez, Pedro Quevedo etc y todos los escindidos no querían ni oír la palabra transfugismo, era según ellos estrategia política, solo que ahora están del otro lado y han de sufrir lo mismo que ellos hicieron hiriendo de muerte al nacionalismo canario.

No es que todos los alcaldes y cargos públicos que ahora se han sumado al proyecto de Teodoro Sosa, manteniendo sus cargos y por tanto sus sueldos, sean unos angelitos, para nada, son igual de transfugas, que los que en 2001 implosionaron el nacionalismo canario y montaron su chiringuito.

No son para nada nueva política ni ilusionan a nadie, para ser medianamente creíbles tendrían que haber entregado sus actas e irse a casa, pero parten a un nuevo rumbo con el bagaje de otras siglas, lo que viene a confirmar que lo que en realidad les importa a todos ellos, es lo mismo que a Nueva Canarias en su momento, estar todo el tiempo que puedan viviendo del erario público.

Lamentablemente el afán de Román Rodríguez de mantenerse en el machito, con su arrogancia y prepotencia, que no tuvo tan siquiera en 2023 la dignidad de irse a casa cuando no consiguió su escaño, ha terminado demoliendo en dos décadas el proyecto que el mismo propició en su momento.

Mientras se venden como una alternativa, los hechos son claros, el Cesar de Gáldar y su nuevo partido no representan ninguna regeneración política, sino la repetición de las mismas prácticas que han marcado la política canaria en las últimas décadas, les importa un huevo el pueblo el poder, el dinero y los privilegios son su única prioridad y lo único que amalgama este totum revolutum de siglas que tendrá también con el tiempo fecha de caducidad. 

Maribel Castro; directora de canariasinformativa.com

En el sector de la hostelería, uno de los mayores desafíos es el desconocimiento de los derechos laborales por parte de muchos trabajadores. No conocer aspectos básicos como qué es un convenio colectivo, cómo funciona, o cómo leer una nómina puede llevar a situaciones de vulnerabilidad y explotación.

Desconocimiento de los Convenios Colectivos:

Los convenios colectivos son acuerdos negociados entre los representantes de los trabajadores y los empleadores que establecen las condiciones laborales y salariales. Sin embargo, muchos empleados en la hostelería no saben qué son ni cómo afectan sus derechos y deberes laborales.

Dificultad para Leer y Entender Nóminas:

Entender una nómina es esencial para asegurar que se reciben los pagos correctos por el trabajo realizado. Sin embargo, muchos trabajadores no saben cómo leer su nómina, lo que puede llevar a errores no detectados y a recibir menos de lo que les corresponde.

Explotación Laboral:

La falta de conocimiento sobre los derechos laborales y los convenios colectivos puede resultar en situaciones de explotación, donde los empleados aceptan condiciones de trabajo inadecuadas o salarios por debajo de lo establecido.

Falta de Reclamación de Derechos:

Cuando los trabajadores no conocen sus derechos, es menos probable que reclamen por injusticias o irregularidades. Esto perpetúa un ciclo de abuso y falta de protección en el lugar de trabajo.

Desmotivación y Rotación Alta:

La inseguridad y la falta de transparencia pueden llevar a la desmotivación y a una alta rotación de personal, afectando negativamente la calidad del servicio y la estabilidad del equipo.

Un Futuro Mejor para la Hostelería

Aumentar el conocimiento de los derechos laborales en la hostelería no solo protege a los trabajadores, sino que también contribuye a un ambiente laboral más justo y motivador. Es esencial que tanto empleadores como empleados se comprometan a la formación y la transparencia para construir un sector más equitativo y eficiente.

La libertad nunca se concede sin más; hay que luchar por ella. La justicia nunca se recibe sin más; hay que exigirla

Alejandro Jesús Olivares Cabrera. PRESIDENTE DE SINTRA

Canarias, se encuentra atrapada ante el límite jurídico que se impone a partir de su plena integración en la UE como RUP. (Región Ultraperiférica)

La Ley de Residencia, la limitación de venta de viviendas a foráneos o protección del mercado laboral canario son inviables en el actual estatus que nos vincula con la organización internacional de Estados de Europa.

El creciente malestar social en Canarias ante la incapacidad institucional para garantizar el acceso a la vivienda, al empleo y al arraigo de la población local ha reabierto con fuerza el debate sobre la necesidad de establecer una Ley de Residencia, mecanismos que limiten la venta de viviendas a foráneos y no residentes, y medidas para priorizar la contratación de personas canarias en el mercado laboral.

Estas propuestas, sin embargo, chocan con un entramado jurídico complejo que impide su aplicación en el marco actual del Archipiélago como Región Ultraperiférica (RUP) plenamente integrada en la Unión Europea.

1. El marco jurídico de las RUP y la aplicación del Derecho de la Unión

Canarias forma parte de la Unión Europea como una de sus nueve RUP, una categoría reconocida por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Esta integración implica la aplicación plena del Derecho de la Unión Europea, con todos sus principios y libertades fundamentales, entre los que destacan:

Libre establecimiento y circulación de personas (art. 45 TFUE):

Garantiza que cualquier ciudadano europeo puede establecer su residencia en cualquier Estado miembro, incluyendo las RUP.

Libre circulación de capitales (art. 63 TFUE):

Impide que se establezcan restricciones a la inversión, incluida la adquisición de bienes inmuebles, por parte de ciudadanos o empresas europeas.

Libre circulación de trabajadores (art. 45 TFUE):

Prohíbe toda discriminación, directa o indirecta, por razón de nacionalidad en lo que respecta al empleo, la remuneración y otras condiciones laborales.

Principio de no discriminación (art. 18 TFUE):

Establece que ningún ciudadano de la UE podrá ser discriminado por su nacionalidad en el ejercicio de los derechos reconocidos por los Tratados.

Primacía del Derecho Comunitario y su efecto directo: impide que normas nacionales, autonómicas o locales contradigan los principios del Derecho de la Unión.

Bajo esta arquitectura jurídica, resulta inviable la promulgación de una Ley de Residencia que condicione derechos fundamentales como el de residir o trabajar en Canarias a criterios de arraigo o vinculación con el territorio.

Igualmente, la imposición de restricciones a la compraventa de vivienda por parte de ciudadanos no residentes o no canarios infringiría los principios de libre circulación de capitales y de no discriminación.

2. La insuficiencia del artículo 349 del TFUE como herramienta de excepción

Con frecuencia se invoca el artículo 349 del TFUE como base para justificar posibles excepciones.

Sin embargo, este precepto no habilita a las RUP a suspender la aplicación de los principios fundamentales de la Unión.

Su función es permitir la adopción de medidas específicas, pero únicamente cuando se trata de compensar las desventajas derivadas de factores estructurales permanentes (insularidad, fragmentación territorial), y no para vulnerar las libertades fundamentales del Mercado Único.

Así lo ha interpretado de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha delimitado con claridad el alcance de este artículo.

Recordar que el último párrafo de este precepto dispone que el Consejo adoptará las medidas contempladas teniendo en cuenta las características y exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las políticas comunes.

Por tanto, este art. no puede servir de base para justificar una política de residencia diferenciada ni la exclusión de ciudadanos europeos del acceso a la vivienda o al empleo en condiciones de igualdad.

3. La excepcionalidad canaria en la Constitución Española y la inacción del Estado

La Constitución Española, en su artículo 138.1, garantiza un principio de solidaridad que atiende al equilibrio económico, adecuado y justo entre las distintas partes del territorio español, y menciona explícitamente la necesidad de atender con especial consideración a las circunstancias de los territorios insulares y ultraperiféricos.

Asimismo, el artículo 144.b) prevé que el Estado pueda conceder competencias legislativas especiales a las Comunidades Autónomas cuando concurran circunstancias excepcionales.

Canarias, en tanto territorio alejado, fragmentado, con altas tasas de desempleo estructural y creciente presión demográfica y turística, reúne condiciones objetivas que justificarían un marco jurídico diferenciado.

No obstante, nos encontramos con que el 139 CE garantiza que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Ello ha motivado que el Estado español ha hecho una interpretación restrictiva y pasiva de las posibilidades constitucionales, optando por mantener el actual régimen de plena integración en la UE sin activar mecanismos que permitan la adaptación del ordenamiento a la realidad canaria.

Es verdad que para que las limitaciones alcancen a los ciudadanos españoles no residentes se debe operar una reforma constitucional, pero esa reforma es relativamente sencilla, como ha ocurrido recientemente con la reforma del art. 49 en febrero de 2024.

4. La vía alternativa: el cambio de estatus hacia el modelo PTU

El propio Tratado de la Unión Europea contempla desde 1957 la existencia de los Países y Territorios de Ultramar (PTU), un régimen aplicable a regiones geográficamente asociadas a Estados miembros pero que no están plenamente integradas en el Mercado Único ni sujetas a la totalidad del Derecho de la Unión.

En virtud del artículo 355.2 del TFUE, los Estados miembros pueden solicitar la modificación del estatus de sus territorios mediante una simple notificación al Consejo Europeo.

Cambiar el encaje de Canarias de RUP a PTU no implicaría abandonar la UE, pero sí permitiría una relación más flexible y adaptada, como ocurre con territorios de ultramar franceses, neerlandeses o daneses.

Este cambio permitiría:

– Legislar una Ley de Residencia canaria sin vulnerar los principios del Tratado.

– Establecer restricciones a la venta de viviendas a no residentes para proteger el acceso de la población local.

– Diseñar un marco prioritario de contratación para los canarios en un mercado laboral afectado por el desempleo crónico.

– Negociar acuerdos bilaterales con la UE que reconozcan las especificidades estructurales del Archipiélago.

– Recuperar las libertades comerciales, el espíritu de los Puertos Francos de Canarias, como franquicias irrenunciables y necesarias.

– Se mantendría la ciudadanía de la Unión Europea al pertenecer a un Estado miembro.

– Habría acceso a diversos fondos y financiación de la Unión Europea través de los programas establecidos con cargo a los presupuestos de la UE ( Erasmus+, Horizon, Interreg,Energías renovables y medioambiente, digitalizacion e internacionalización de las pymes…) además del acceso al instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación.

– Los productos originarios o elaborados en los PTU tienen acceso al Mercado Único sin cuotas ni aranceles.

– Los PTU no son frontera, ni puertas de entrada a la UE.

– El nivel de autogobierno, competencias jurídicas y legislativas de los PTU dependerá de los reconocimientos y concesiones que como tales se obtengan dentro de cada Estado miembro.

5. La responsabilidad política del Estado y el silencio del Gobierno de Canarias

El problema no radica en la imposibilidad jurídica de establecer mecanismos de protección para la población canaria, sino en la falta de voluntad política para activar las herramientas necesarias.

Es el Estado español quien debe solicitar el cambio de estatus, y es el Gobierno de Canarias quien debe exigirlo con firmeza, desde una posición institucional que represente los intereses del Archipiélago.

Si ambos gobiernos persisten en su inacción, deberán asumir la responsabilidad de una situación en la que la población canaria se ve desplazada, expulsada o empobrecida en su propio territorio.

No caben ya excusas técnicas ni jurídicas porque hay solución, pero requiere decisión y compromiso.

La experiencia acumulada desde la entrada de Canarias en la UE demuestra que el modelo RUP, tal como está diseñado, no permite defender ni garantizar los derechos sociales, económicos y territoriales del pueblo canario en condiciones de equidad y sostenibilidad.

Ante un contexto de crisis habitacional, desempleo estructural y creciente pérdida de soberanía sobre los recursos del Archipiélago, urge repensar el encaje de Canarias en la Unión Europea.

El estatus PTU ofrece un marco legal viable y legítimo, adaptado a la realidad Archipielágica de Canarias.

No avanzar en esta dirección supone aceptar que la legalidad vigente seguirá siendo un obstáculo para el bienestar de los canarios.

La cuestión no es jurídica. Es política. Y ya no hay margen para la ambigüedad.

Ricardo González Roca Fonteneau. Presidente del Grupo Canario de Opinión