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Existen situaciones en las que inevitablemente se tiene que revisar las medidas de prevención, en este sentido está de más decir que las olas de calor que azotan a nuestra Comunidad Autónoma está dejando a su paso, situaciones alarmantes y en algunos casos fatídicas.

Una vez más desde el Sindicato de Trabajadores – SINTRA, volvemos a señalar a la SAT Juliano Bonny Gómez (Empaquetado de Arinaga), por su ineficaz política de prevención de riesgos laborales en este centro de trabajo.

Ventiladores obsoletos que no son revisados, ni mucho menos cambiados debido al tiempo que tienen de uso y el desgaste al que han sido objeto.

No existe agua fresca, algo tan necesario en estas olas de calor debido a que es un recurso vital que desempeña un papel crucial en la salud y bienestar de los trabajadores.  Las altas temperaturas pueden ser peligrosas, causando deshidratación, agotamiento, y en casos graves, golpes de calor.

En estos meses de olas de calor trabajadoras se han sentido mareadas y la empresa las manda a un lugar fresco y desde que se les pasa el mareo en vez de enviarlas a la Mutua, al objeto de que se le haga la correspondiente revisión para evitar cualquier riesgo, las envían para la casa.

En este sentido hay que tener muy en cuenta la edad de las trabajadoras y el entorno del trabajo al que están expuestas, pues al existir máquinas todavía el calor en el ambiente podría estar superando los índices normales, lo que daría lugar a la aparición de mareos por lo que enviarlas a la Mutua es algo imprescindible, por si pudieran tener patologías que se pudieran agravar como consecuencia del calor.

Los dirigentes de esta empresa SAT Agrícola Bonny (empaquetado de Arinaga), tienen que tener en cuenta que son personas las que trabajan diariamente en ese almacén, y por tanto tienen la obligación de velar por su integridad física (algo que parece que no les interesa), son útiles mientras pueden servirles, no se preocupan ni de las familias de esos trabajadores, que han dado y siguen dándolo todo por la empresa, ya es hora de QUE SE LES RESPETE NO SOLO COMO TRABAJADORES, SINO QUE TAMBIEN SE LES RESPETE SUS DERECHOS.

Trabajan en un entorno donde la empresa no se preocupa por la prevención de riesgos laborales, no se les respeta sus derechos, encima cobran el SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL y todavía tienen la poca vergüenza de abonarles las pagas con retraso, esta empresa está a un paso de la EXCLAVITUD, pero desde este Sindicato de Trabajadores – SINTRA, NO SE LO VAMOS A PERMITIR.

Si la empresa no toma las medidas preventivas conducentes a corregir los ventiladores o ponerlos nuevo, garantizar que no les falte el agua fresca a los trabajadores, así como cualquier otro aspecto que en esta materia tenga que llevar a cabo, esta parte se reservará acudir a los medios legales que en derecho procedan.

Seguridad por elección, no por casualidad.

Alejandro Jesús Olivares Cabrera PRESIDENTE SINTRA

El último proceso de estabilización docente en Canarias nació, en teoría, para arreglar un problema serio: nuestras altísimas tasas de interinidad. La Unión Europea metió presión, obligando a reducirlas de golpe, y el Estado puso sobre la mesa un plan “extraordinario” para hacerlo. Sobre el papel parecía el inicio de una buena noticia, pero la verdad es que en el archipiélago se convirtió en un despropósito anunciado.

El Gobierno de Ángel Víctor Torres, del PSOE, fue el primero en mover ficha, y no lo hizo con cuidado, sino a lo grande: unas 2.000 plazas de golpe en el concurso de méritos, más o menos el mismo número que el resto de comunidades juntas. Mientras otros territorios protegían a su profesorado interino con convocatorias más moderadas, aquí se abrió la puerta de par en par. Y sí, muchos pensamos que no fue inocente, que era un guiño a Pedro Sánchez para ir allanando un futuro en Madrid, aunque eso significara dejar vendidos a cientos de docentes canarios.

Y ya el conejo me esriscó la perra: miles de aspirantes de fuera del Archipiélago vieron en Canarias una oportunidad fácil, con un concurso y una oposición extraordinaria sin pruebas eliminatorias, tal y como marca el Real Decreto estatal. El resultado final: más de la mitad de las plazas fueron para gente que nunca ha trabajado aquí. Gente que nunca se leyó el currículo educativo de Canarias, que no saben cómo es el entorno del alumnado del archipiélago, vamos, que ni saben quién fue Artemi Semidán o Bencomo. La Consejería intentó frenar el golpe retrasando su incorporación hasta el curso 25/26, pero el daño está hecho, y en la adjudicación de destinos del próximo curso muchos interinos canarios se han visto desplazados. Gente que llevaba varios años en Fuerteventura obligados a trabajar en otra isla, o que directamente no obtuvieron ninguna vacante, y lo mismo pasará con los sustitutos, es una efecto dominó que va perjudicando a los que están abajo.

Y lo que más duele es que había formas muy simples de haber evitado parte del problema. Bastaba con exigir que la inscripción fuese presencial para quienes quisieran presentarse en Canarias, un filtro mínimo que habría ahorrado esta avalancha y protegido el empleo local. Pero no se hizo, y ahora pagamos todos la factura.

Esto no es nuevo. En 1977, en plena Transición, el Ministerio convocó unas oposiciones que podían expulsar a miles de maestros interinos de las islas y llenar nuestras aulas con profesorado recién llegado de la Península, sin vínculo con la realidad canaria. La reacción entonces fue contundente: boicot, encierros, manifestaciones, y una negociación que acabó con una vía excepcional para estabilizar al profesorado de aquí. Aquello no solo salvó empleos, también defendió un modelo educativo con raíces en nuestra tierra.

La diferencia entre entonces y ahora no es la amenaza, que es casi calcada, sino la respuesta. En 1977 se actuó antes de que el daño fuera irreversible, se entendió que la escuela no es un simple lugar donde se da clase, sino un espacio que transmite cultura, identidad y compromiso con la comunidad. Hoy, en cambio, vemos cómo se permite que la marea entre, y solo después de darse cuenta del desastre, intentaron pararla, pero con un balde.

Algunos se excusan diciendo que “la ley venía de Madrid” o que “la UE obligaba”, pero lo cierto es que otras comunidades demostraron que había margen para proteger a su gente. Aquí, en cambio, se optó por las prisas, por la foto, por la política de escaparate, y ahora las consecuencias las sufren quienes llevan años en las aulas.

La educación en Canarias no es un servicio cualquiera, es un bien común, un patrimonio que se construye con estabilidad y con gente que conoce y vive la realidad de las islas. En 1977 lo supimos defender y lo conseguimos, en 2024 reaccionamos tarde y con resignación… y es que cada vez que bajamos la guardia, perdemos nuestros derechos.

La comunidad educativa parece adormilada, esperando que las cosas se arreglen solas, pero nada se arregla solo, si queremos una escuela pública fuerte, con arraigo y continuidad, toca despertar. Porque si no salimos a la calle a defender lo nuestro, otros decidirán por nosotros… y no será precisamente para mejorar.

Daniel Falero (Liberación Canaria)

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El Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias (SITCA) manifiesta su firme rechazo a la intención del Cabildo de Gran Canaria de externalizar la gestión de la Finca del Galeón y del Área Recreativa de San José del Álamo, una decisión que, bajo argumentos de supuesta “eficiencia operativa” y “limitaciones de gestión interna”, supone en realidad una privatización encubierta de servicios públicos esenciales.

SITCA advierte que la gestión de estos espacios siempre ha sido posible y eficaz gracias al compromiso y profesionalidad del personal laboral del Cabildo, por lo que atribuir la mejora del servicio a su entrega a empresas privadas carece de fundamento. La verdadera solución pasa por dotar a estas áreas de los recursos humanos y materiales necesarios, no por renunciar a su gestión directa.

Desde esta Central Sindical consideramos inaceptable que se utilice la falta de personal como excusa para ceder competencias públicas a entidades privadas. Esta situación no obedece a una imposibilidad técnica, sino a una falta de voluntad política para cubrir las plazas necesarias, situación que se arrastra desde hace años. La supuesta “redistribución” de trabajadores encubre, en realidad, la supresión de puestos y el vaciado de plantillas en servicios estratégicos.

Con más contundencia aún si cabe, desde SITCA nos oponemos enérgicamente a la injusticia que el Cabildo de Gran Canaria pretende cometer con los procesos de estabilización, que amenazan con dejar en la calle a decenas de personas trabajadoras y recolocar a otras tantas de forma arbitraria, modificando a dedo los puestos que ya habían estabilizado. Consideramos que se trata de una irregularidad y presunta ilegalidad de manual, inadmisible en cualquier circunstancia y aún más en un grupo de gobierno que se autodefine como progresista.

En este contexto, SITCA plantea una pregunta que la ciudadanía también debería hacerse:

¿Cómo se entiende que, hace apenas unas semanas, el propio Cabildo anunciara públicamente que reforzaría el operativo de prevención y extinción de incendios, y ahora pretenda despedir a decenas de trabajadores, precisamente en pleno estado de alto riesgo por incendios? Esta incoherencia no solo pone en riesgo la calidad del servicio, sino la seguridad de la Isla y sus habitantes.

SITCA recuerda que la externalización no garantiza mayor eficiencia ni menor coste, sino que acarreará una pérdida de control público, precarización de las condiciones laborales y mayor coste económico a largo plazo. En consecuencia, el sindicato considera que esta medida perjudica gravemente tanto a los trabajadores como al interés general de la ciudadanía.

Por todo ello, SITCA anuncia:

    La convocatoria de movilizaciones para exigir la paralización inmediata de este proceso de privatización.

    El inicio de acciones legales contra cualquier decisión que suponga la cesión de la gestión de estos espacios a empresas privadas o el despido injustificado de trabajadores.

    Una campaña pública de información para que la ciudadanía conozca el alcance y las consecuencias de estas medidas.

    “La gestión de la Finca del Galeón y del Área Recreativa de San José del Álamo debe seguir siendo pública, transparente y eficiente. El Cabildo cuenta con personal cualificado y medios suficientes para hacerlo. Lo único que falta es voluntad política”, afirma la dirección de SITCA.

SITCA reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos, la creación de empleo estable y de calidad, y el respeto a las condiciones laborales de quienes, durante años, han sostenido con su esfuerzo estos espacios emblemáticos para Gran Canaria.

La formación es la base de todo conocimiento, por ese motivo desde el Sindicato de Trabajadores – SINTRA, se ha cerrado un acuerdo con la academia de formación opositas.com, academia que lleva formando a opositores durante más de 35 años, preparándolos para superar dicho proceso.

En este sentido hemos ampliado el acuerdo a los trabajadores y trabajadoras agrícolas y a sus familiares de primer grado, pudiendo con esto permitir que los hijos de los trabajadores y trabajadoras agricolas, puedan opositar en igualdad de condiciones que cualquier otro trabajador.

Esta es la primera vez que un acuerdo de esta índole se ofrece a trabajadores del sector agrícola, pues los sindicatos han estado más preocupados, de otros factores como el levantar falsos testimonios, hacia Sindicatos que, como SINTRA, no solo se preocupa de los trabajadores, sino que también de sus familias.

En este acuerdo espero que encuentren un aliciente para que los propios trabajadores y trabajadoras del sector, así como sus hijos aprovechen la oportunidad que se les presenta para formarse en otra actividad si así lo creen oportuno.

El método de trabajo de Opositas está 100% enfocado al alumno: atención, motivación, herramientas de estudio, materiales, explicaciones claras, seguimiento constante, con el claro objetivo de superar las oposiciones.

Desde SINTRA, seguiremos trabajando por ofrecer a los trabajadores y trabajadoras del sector agrícola el poder formarse en otras actividades, es este caso (superar una oposición), algo que a priori puede parecer difícil o complicado, pues en absoluto ya que hemos puesto la solución a ese problema, y es que con opositas podrás comprobar lo fácil si existe voluntad para ello, que es estudiar prepararnos para el futuro con garantías de éxito.

Les ánimo a que se formen, a que estudien, a que no caigan en el error que ya es tarde para estudiar, pues les diría que el saber no ocupa lugar, por eso adelante con decisión, el resto corre de nuestra cuenta.

El aprendizaje constante es la garantía para no estancarse, para abrir la mente y descubrir otros horizontes.

La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas.

Alejandro Jesús Olivares Cabrera PRESIDENTE DE SINTRA

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Hace poco, alguien comentó en una publicación mía: “En ese caso, y de acuerdo en que es mejor ‘indígena’ que ‘aborigen’. ¿Por qué no utilizar la palabra ‘Amazigh’, que es como los indígenas canarios la decían?”

Y me pareció una pregunta muy oportuna. Por eso hago esta reflexión sobre identidad, memoria… y nombres olvidados.

Durante mucho tiempo se ha utilizado el término aborigen para referirse a los antiguos habitantes de las islas Canarias. Sin embargo, hoy sabemos que este término es impreciso y arrastra connotaciones coloniales que reducen a estos pueblos a algo genérico, estático, casi primitivo. Frente a eso, el uso de indígena ha ganado terreno por ser más respetuoso y por reconocer la pertenencia ancestral a un territorio.

Pero si de precisión y respeto hablamos, ¿por qué no ir aún más allá y recuperar el nombre que algunos de estos pueblos usaban para sí mismos? Amazigh es el nombre que aún hoy emplean los pueblos bereberes del norte de África —significa “hombre libre”— y, según los estudios más aceptados, de ahí provienen buena parte de los primeros habitantes del archipiélago.

Usar Amazigh no es solo un gesto simbólico. Es un acto de dignificación. Es abrir una puerta a la identidad real, compleja y diversa que existía en las islas antes de la colonización.

Y me surge una pregunta casi obligatoria:

¿Eran todos guanches?

Para contestarla, debemos hacer un pequeño viaje a los nombres de los antiguos canarios.

¿Alguna vez has oído decir que los guanches eran los antiguos habitantes de todas las islas Canarias? Pues bien, eso no es del todo cierto. Aunque el término se ha generalizado, en realidad solo se llamaban guanches los pobladores originarios de Tenerife.

Cada isla tenía su propio grupo humano, con rasgos culturales y lingüísticos propios —eso sí, con raíz amazigh común— y, por supuesto, su propio nombre. Aquí va un breve repaso que quizá te sorprenda:

Tenerife: Guanches. Este es el único uso correcto y específico del término.

Gran Canaria: Canarii o canarios. De hecho, se cree que de aquí proviene el nombre del archipiélago entero.

La Palma: Benahoaritas, también conocidos como auritas.

La Gomera: Gomeritas o gomerenses.

El Hierro: Bimbaches.

Fuerteventura y Lanzarote: Majos o mahos. Compartían muchas costumbres y formas de vida.

La Graciosa e islotes del norte: No hay evidencia de asentamientos indígenas permanentes, aunque pudieron usarse para la pesca o como paso estacional.

Entonces, ¿por qué decimos guanches como si fueran todos iguales?

La respuesta tiene que ver con una historia contada desde fuera. Durante siglos, la visión oficial simplificó lo complejo. Como Tenerife fue una de las islas más documentadas durante la conquista, su nombre acabó por imponerse al resto. Pero es como llamar vikingos a todos los pueblos escandinavos, o mayas a todos los pueblos mesoamericanos. No solo es incorrecto, sino que borra la riqueza cultural de cada lugar.

Recuperar estos nombres no es un capricho académico ni una corrección política sin sentido. Es un ejercicio de memoria. De respeto. De justicia histórica.

Saber que en El Hierro vivían los bimbaches y en La Palma los benahoaritas nos ayuda a entender que el pasado indígena de Canarias no era homogéneo, sino profundamente diverso y dinámico.

Y recordar mejor es, también, reconstruir una identidad que fue silenciada, pero que nunca murió del todo.

Diego Fernando Ojeda Ramos, fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria

El Secretariado Nacional de Drago Canarias, máximo órgano de dirección política del partido, se reunió el pasado sábado 20 de julio en la isla de Tenerife para abordar, entre otras cuestiones, la expansión territorial del espacio en todos los rincones de las ocho islas, la aprobación de nuevos documentos organizativos y la situación política del Archipiélago canario.

Desde nuestra constitución en 2022, en Drago Canarias hemos abordado todos los debates que se han venido sustanciando tanto a pie de calle como en las instituciones y, con especial hincapié, la crisis del modelo de turismo masivo, la depredación del territorio y de las personas que lo habitamos, la incapacidad de la población canaria de acceder a una vivienda digna, la pérdida de nuestra identidad cultural frente a modelos pretendidamente importados, la degradación de los servicios públicos, la ausencia de obediencia canaria frente a los intereses de actores con sede en el continente europeo o la mal llamada ―y gestionada― crisis migratoria.

Es por ello que nuestro espacio no permanece ajeno al debate que se está dando en las Islas Canarias sobre la problemática de la inseguridad, y que como hemos venido defendiendo, está ligada de forma intrínseca a nuestro precario modelo productivo y a la ausencia de políticas públicas efectivas para dar respuesta a los desafíos sociales, económicos, culturales y políticos que está enfrentando el Archipiélago. 

Flaco favor haría a la sociedad canaria quien desde postulados soberanistas y progresistas no de batalla en este campo, mediante el planteamiento de un marco alternativo al racista, xenófobo y discriminatorio, basado en la rigurosidad, la propuesta y la calma, y se limite a realizar condenas generalistas, a defender que se trata de episodios puntuales o a ausentarse del debate público por el miedo a que les tachen de racistas o de entrar en el juego al que quiere llevarnos la ultraderecha.

La realidad es que la partida discursiva, que luego se traslada a las instituciones, ya la están imponiendo por la vía de la fuerza mediática. Además, no podemos obviar que estos mismos mensajes están calando en los centros de trabajo, en los patios de colegios e institutos, en las barras de los bares, en las orillas de las playas, en las pintadas callejeras, en redes sociales y en barrios obreros y progresistas.

¿Es la sociedad canaria una sociedad racista y xenófoba? A tenor de su proceso de colonización, mestizaje, migraciones de ida y vuelta, así como su histórica solidaridad con numerosos pueblos del sur global, ya sean latinos, africanos o asiáticos, podemos afirmar que no, que todo lo contrario. Quizá, una de las señas identitarias de Canarias como nación es precisamente haberse convertido en un territorio de paz, encuentro y acogida.

Sin embargo, en nuestro Archipiélago nos despertamos casi todos los días con noticias que revuelven las tripas y que son hábilmente utilizadas por los grupos de extrema derecha para generar odio hacia las personas migrantes y crispar a la población canaria. Basta con mirar el incremento progresivo de los delitos de odio relacionados con el racismo y la xenofobia. 

¿Es lógico que el barrio de la Isleta se asuste, cabree y exija depurar responsabilidades debido a que un migrante marroquí, de veinte años, sobre el que pesaba una orden de expulsión del territorio español, haya presuntamente quemado viva a una niña de diecisiete años que estaba tutelada por los servicios sociales? Sí, especialmente porque fallaron los tres niveles de administración: estatal, autonómica y municipal. 

¿Es lógico que el pueblo de Corralejo se asuste, cabree y exija depurar responsabilidades porque cuatro migrantes marroquíes, en situación irregular, asesinaron a un turista danés para robarle el móvil, atravesándole con una viga de hierro? Sí, especialmente por la brutalidad del hecho delictivo.

¿Es lógico que muchas personas, especialmente de barrios obreros y populares, demanden mayor seguridad por los robos y atracos que se están sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país, que en numerosas ocasiones son cometidos por personas migrantes en situación irregular? Sí.

Negar que existe una problemática relacionada con la inseguridad y la gestión de la migración es caer en la trampa de esa izquierda que infantiliza y romantiza, como una extensión del mito del ‘buen salvaje’. Las personas que no sean “hombres blancos cis heterosexuales” también pueden ser malas, con independencia de las interseccionalidades que las atraviesen. 

Huelga decir que la infinita mayoría de las personas migrantes que llegan a las Islas Canarias pretenden pasar por aquí como una etapa hasta llegar a Europa, o en todo caso quieren formarse y trabajar. Es la política europea y estatal de considerar a Canarias una cárcel a cielo abierto y un modelo de monocultivo turístico masivo lo que está generando enormes dificultades para que puedan continuar su ruta migratoria.

Si las potencias europeas, incluidas la española y con la connivencia de mucho empresariado canario, continúan con el colonialismo, expolio, depredación y saqueo de África, obligando a sus habitantes a migrar hacia Europa…

Si no existen rutas legales y seguras para que estas personas migren, viéndose abocadas a la ilegalidad, irregularidad y clandestinidad, encontrándose en una espiral de vulneraciones de derechos, redes de criminalidad, aceptación de trabajos no reglados, explotación por personas locales sin escrúpulos y un sinfín de problemáticas ligadas con el proceso migratorio que imposibilitan su integración…

Si la Unión Europea y el Estado español bloquean la salida de las personas migrantes de las Islas Canarias y a su vez no existen dispositivos suficientes para su acogida, alojamiento, integración y garantía de los derechos vitales más básicos…

Si las lógicas coloniales y racistas de buena parte de la política partidista española hacen imposible una distribución ordenada y progresiva de los niños y niñas migrantes en situación de vulnerabilidad que ahora mismo acoge en situaciones indignas el Gobierno de Canarias… 

Si el Gobierno de Canarias, 20 años después de la primera llegada de un cayuco, todavía no dispone de una red de atención inmediata suficiente, y es incapaz de garantizar los derechos, libertades e intereses de los niños y niñas que están bajo su tutela y custodia…

Si los juzgados tienen que ordenar el cierre de centros que acogen a niños y niñas migrantes en situación de vulnerabilidad, como Fortaleza I, gestionado por la actual Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, en manos de Coalición Canaria, por presuntos delitos de odio, lesiones y amenazas…

Si la Fiscalía Europea tiene que hacerse cargo de la investigación que pesa sobre la Fundación Siglo XXI por los pagos realizados por la pasada Consejería de Bienestar Social, en manos de Podemos, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil…

Si durante estos más de 40 años de Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias los partidos políticos que han gobernado fueron y son incapaces, no ya solo de crear un sistema público de servicios sociales garantista, sino que se ha pretendido un adelgazamiento consciente de lo público en favor de las privatizaciones, externalizaciones y concesiones… 

Si las trabajadoras sociales, educadoras sociales, psicólogas y demás personas trabajadoras que prestan servicios en los centros de menores y mayores vienen denunciando la escasez de personal, recursos y dispositivos de acogida…

…Resulta lógico que muchas personas migrantes, adultas o menores acaben deambulando y malviviendo en calles, plazas, puertos y playas, generando una lógica percepción de inseguridad, no ya solo por episodios puntuales de violencia, conflicto o robos, sino porque la población canaria asiste a una cronificación de la problemática sin visos de que pueda resolverse, dada la incapacidad de todos los niveles administrativos intervinientes. 

Sin embargo, frente al uso racista y xenófobo que se está haciendo desde la institucionalidad de la inseguridad y los procesos migratorios, desde Drago Canarias queremos hacer pedagogía sobre cuáles son las verdaderas causas y fuentes de criminalidad, por aquello de que el dato mata el relato. No negamos la percepción y sensación que comparten amplias capas populares sobre un decaimiento real de su seguridad en los barrios, sino que estos se tienen que poner en contexto.

Según el balance de criminalidad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior del Gobierno español, en Canarias, en 2019, se cometieron 95.986 delitos. Cinco años más tarde, después de que hayan llegado a Canarias decenas de miles de personas migrantes por mar, en 2024 se cometieron 90.357 delitos. ¿Qué correlación hay entonces sobre que a más migraciones más criminalidad? Ninguna, si se analizan los datos globalmente. 

Es más, según este informe de balance de criminalidad, en el primer trimestre de 2025, en el acumulado de enero a marzo, la criminalidad en las Islas Canarias ha descendido en un 2,5 % con respecto a 2024.

Los delitos que descienden son los siguientes (sic):

• Delitos contra la libertad sexual (sin agresiones con penetración): – 1,80 %.

• Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones: – 11,10 %.

• Hurtos: – 5,00 %.

• Sustracciones de vehículos: – 14,60 %.

• Resto de criminalidad convencional: – 1,10 %.

• Estafas informáticas: – 13,50 %.

• Los delitos que aumentan son los siguientes (SIC):

• Homicidios dolosos y asesinatos consumados: 400,00 %.

• Homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa: 87,50 %.

• Lesiones y riñas tumultuarias: 14,10 %.

• Agresiones sexuales con penetración: 11,10 %.

• Robos con violencia e intimidación: 7,60 %.

• Tráfico de drogas: 21,40 %.

• Ciberdelitos: 11,00 %.

Especialmente preocupantes son los incrementos de los homicidios y asesinatos, tanto de los consumados como los que se quedaron en su tentativa, pero también el tráfico de drogas y las agresiones sexuales con penetración.

Y si nos adentramos en la distribución territorial de la comisión de delitos en nuestro Archipiélago, nos encontramos con unas cuantas ¿sorpresas?. 

En todas las islas cae la criminalidad, menos en Fuerteventura, que tiene un aumento general del 19,60 %, pero que se concreta en dos municipios muy particulares: La Oliva, con un 37,80 % y Pájara, con un 40,00 %. ¿Qué tienen en común? Que alojan en ellos los grandes núcleos turísticos de la isla. 

Si ahondamos entre los municipios de todo el Estado español de más de 20.000 habitantes con mayor tasa de criminalidad convencional (es decir, sin cibercriminalidad), se encuentran:

• Adeje: puesto segundo, con una tasa de 118 delitos por cada 1.000 habitantes.

• Mogán: puesto once, con una tasa de 79 delitos por cada 1.000 habitantes.

• Puerto de La Cruz: puesto quince, con una tasa de 75 delitos por cada 1.000 habitantes.

• San Bartolomé de Tirajana: puesto diecisiete, con una tasa de 75 delitos por cada 1.000 habitantes.

• Arona: puesto dieciocho, con una tasa de 74 delitos por cada 1.000 habitantes.

¿Qué tienen en común todos estos municipios? Efectivamente, son todos turísticos.

A nadie se le escapa que los núcleos netamente turísticos son una fuente interminable de criminalidad, provocados por el propio modelo: delitos de lesiones, delitos contra la seguridad vial, riñas tumultuarias, pequeños hurtos, falsificaciones de productos comerciales, intentos de estafa, trata de personas, prostitución infantil, tráfico de drogas, secuestros, blanqueo de capitales, fraude fiscal, organizaciones criminales, corrupción, etc.

Asimismo, es notorio que en las Islas Canarias se están asentando diversas mafias y organizaciones criminales que provienen de toda Europa, o que numerosos criminales prófugos de la justicia entienden que Canarias es hoy en día un refugio, o que el Archipiélago viene siendo un lugar estratégico para el tráfico de drogas hacia Europa.

Pero es que el propio modelo de turismo masivo está generando una espiral de pobreza, desigualdad y precariedad que lejos de combatir la criminalidad, indirectamente la cronifica o incrementa, puesto que cada vez son más las personas canarias y migrantes racializadas las que se ven expulsadas del mercado laboral, de la vivienda o de la capacidad de compra de productos básicos.

Si desahucian a una persona en Canarias, que acaba okupando la vivienda de un banco, se le imputará un delito de usurpación, que pasará a engrosar las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior.

Si una persona canaria, padre de familia, tiene que hacer un hurto famélico para llegar a fin de mes y dar de comer a sus hijos, se le imputará un delito de robo sin fuerza en las cosas, que pasará a engrosar las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior.

Entonces, ¿qué porcentaje de toda esta criminalidad viene provocada por el propio modelo impuesto en las Islas Canarias o consecuencia de los nefastos índices socioeconómicos que tenemos? Si mejorasen sustancialmente las condiciones materiales de vida de las personas canarias y hubiera una regulación acorde a las necesidades de nuestro país, la criminalidad se vería reducida.

Llegados a este punto, cabe preguntarse también por qué lejos de combatir el discurso xenófobo y racista de la ultraderecha, muchos actores políticos, institucionales, sociales, económicos y culturales callan. Y probablemente sea porque, una vez más, no quieren hablar del elefante que habita el salón: el modelo colonial y de monocultivo económico, que tanto daño hace a nuestro país.