El juez Ismael Moreno Chamarro, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, acaba de dar entrada a un informe que promete poner los pelos de punta —y los contratos en remojo— a más de uno en Canarias.
El documento, con sello oficial y aroma a “café de guardia civil recién hecho”, llega firmado por la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica (UCO) de la Guardia Civil y lleva fecha del 30 de octubre de 2025. Nada menos que un informe completo sobre las contrataciones formalizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dicho en cristiano: la UCO ha puesto su lupa en los papeles donde se firman los millones… y también los silencios.
El juez Moreno, siempre tan meticuloso, ha decidido integrar el informe en el expediente judicial electrónico (porque a estas alturas, ni la Audiencia Nacional tiene ya espacio en los archivadores para tanto papel sospechoso) y lo ha puesto a disposición del Ministerio Fiscal y las partes personadas. O lo que es lo mismo: “que todos lean lo que viene, si se atreven”.
El detalle curioso —y casi poético— es que el informe de la UCO “excedía la cabida del CD”, y por tanto se sube a la “plataforma CLOUD”. Es decir, la corrupción en Canarias ya está en la nube. Y no hablamos precisamente de calima digital, sino de una tormenta que amenaza con mojar más de una moqueta institucional.
Este simple movimiento de papeles es, en realidad, un terremoto administrativo con epicentro en Madrid y réplicas en Tenerife, Gran Canaria y más allá. Porque cuando la Audiencia Nacional toma cartas en el asunto, es que los sobres ya no son amarillos, los contratos ya no son “dudas administrativas” y los “procedimientos ajustados a ley” empiezan a tener grietas.
La UCO no entrega un informe porque sí. Lo hace cuando hay nombres, cifras y contratos que chirrían más que un coche de feria sin engrase. Y si el juez Moreno lo ha aceptado e incorporado al expediente, es que la música empieza a sonar en tono judicial.
En Canarias, donde algunos políticos todavía se creen inmunes a la realidad, esta noticia ha caído como un chaparrón en medio de una romería. Ya hay quien busca paraguas, otros que corren a borrar tuits, y los más veteranos que dicen aquello de “tranquilos, esto no es nada, es rutina”. Sí, claro. Lo mismo dijeron los del caso Koldo.
El documento no da nombres, pero la protagonista colectiva es clara: la Comunidad Autónoma de Canarias. La que firmaba, adjudicaba y justificaba, y que ahora tendrá que explicar a un juez lo que antes explicaba con una rueda de prensa y una sonrisa. El problema es que, esta vez, las explicaciones van con membrete de la Audiencia Nacional y no con el logo del Gobierno de Canarias.
Un informe con aroma a principio del fin
Nadie sabe todavía qué contiene exactamente el informe 155/2025 de la UCO, pero su existencia ya es una declaración de intenciones. El mensaje está claro: el caso de las contrataciones públicas en Canarias ha pasado de la política a la justicia, y eso siempre duele… sobre todo a los que llevan años diciendo que “todo está correcto”.
Ahora habrá que ver si el juez Moreno sigue tirando del hilo y, como suele ocurrir, ese hilo lleva directo a los despachos donde se firman los grandes contratos y se sellan las pequeñas mentiras.
Mientras tanto, el informe duerme en la nube, esperando a que alguien lo lea y se le atragante el desayuno.
Así que, queridos lectores, tomen asiento, porque esto apenas comienza.
El “informe UCO sobre Canarias” ya está en la nube, y cuando en Canarias se dice que viene nube… es que va a llover, y fuerte. Y si no llueve sobre los que firman, lloverá sobre los que miraron hacia otro lado.
Porque, como bien saben en los juzgados y en los bares, la justicia tarda, pero cuando llega, no pide cita previa.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
