7 CANARIAS

En Telde, cuando el mar se pone turbio, no siempre es por mala mar. A veces es por silencios administrativos, de esos que no hacen ruido pero dejan rastro. Y eso es, precisamente, lo que se debate tras conocerse que el Ayuntamiento recibió un informe oficial alertando de graves deficiencias en el emisario submarino… y, al parecer, la marea de decisiones tardó en subir.

El escrito remitido por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, fechado el 20 de octubre de 2025 y reiterado el 11 de noviembre ante la ausencia total de alegaciones, advertía de problemas serios en una infraestructura clave para la salud del litoral. No era una postal de cortesía ni un “por si acaso”, sino un aviso formal que exigía reacción inmediata. Pero en la orilla municipal, todo parecía discurrir con una calma más propia de un domingo sin viento que de una emergencia ambiental.

La cuestión acabó llegando al pleno de diciembre, cuando el concejal Héctor Suárez formuló la pregunta que muchos vecinos ya se hacían en voz alta:

¿Qué decisión tomó el alcalde tras recibir ese informe? ¿Qué resoluciones se dictaron? ¿En qué plazo se iniciaron los trámites para comprobar, estudiar y corregir las deficiencias denunciadas?

Porque, como recordó el edil, el titular del emisario y de la red de saneamiento es el M. I. Ayuntamiento de Telde, y eso implica liderazgo, diligencia y algo tan básico como actuar.

El foco apunta inevitablemente al alcalde, Juan Antonio Peña, máximo responsable político de la corporación. Gobernar no es solo cortar cintas o hacerse fotos en días de sol; también es afrontar los problemas cuando llegan los informes incómodos. Y aquí la ironía es evidente: mientras el mar daba señales, los documentos entraban por registro y la preocupación ciudadana crecía, la respuesta municipal parecía estar en modo “esperar y ver”.

Tampoco pasa desapercibido el papel de la vicealcaldesa y concejala de Playas, María González Negrín. Porque cuando las playas se ven afectadas y el litoral sufre, mirar para otro lado no es neutralidad institucional, es una decisión política. Y las decisiones —incluso las silenciosas— tienen consecuencias.

La preocupación no es menor. Si se confirma que hubo inacción o retraso tras las advertencias oficiales, el Ayuntamiento podría enfrentarse a sanciones e indemnizaciones que, dicho en román paladino, saldrían del bolsillo de todos los vecinos. En Canarias lo tenemos claro: si el caldero se quema, es porque alguien dejó el fuego encendido.

Y aquí entra el capítulo que nadie quiere leer pero todos esperan: ¿qué pasará si el fiscal, tras analizar el informe que está elaborando el SEPRONA, decide llamar al alcalde para aclarar si el Ayuntamiento gestionó bien —o no— esta situación?

Si la Fiscalía considera que existió una presunta negligencia por omisión, el asunto deja de ser un debate político de pleno para entrar en un terreno mucho más serio. Ya no valdrá el “estamos en ello” nil “esto viene de atrás”.

La gran pregunta, con ironía canaria y respeto institucional, queda en el aire como una ola traicionera:

– ¿Habrá dimisiones si se confirman responsabilidades?

–  ¿Se asumirá el error o se optará por la vieja estrategia del “aquí no pasó nada”?

Porque las playas se limpian, el mar se recupera y los informes se archivan. Pero la confianza ciudadana, cuando se erosiona por la desidia o la falta de respuestas, tarda mucho más en volver. Y esa, al final, es la marea que ningún gobierno debería subestimar.

Juan Santana, periodista y locutor de radio

El edil cuestiona, sí existió una presunta negligencia por parte de Juan Antonio Peña en la catástrofe medioambiental de las playas de Telde, que puede acarrear sanciones e indemnizaciones con dinero público.

 El concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Telde, Héctor Suárez, preguntó en el turno de ruegos y preguntas del pleno de diciembre, qué decisión tomó el alcalde y presidente de la corporación, Juan Antonio Peña, tras recibir el escrito de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, fechado el 20 de octubre de 2025, en el que se trasladaba el acta de inspección realizada el 15 de octubre sobre el emisario de Telde y que fue reiterado el 11 de noviembre ante la ausencia total de alegaciones por parte del ayuntamiento.

Suárez exigió al regidor que aclare qué resoluciones o acciones se tomaron al respecto de este acta trasladada por la Consejería de Transición Ecológica el día 20 de octubre de 2025 y, sobre todo, en qué plazo se iniciaron los trámites para poder comprobar, estudiar y proponer una solución urgente a las deficiencias del emisario que denuncia la autoridad competente, en pleno contexto de catástrofe medioambiental que afecta gravemente a la costa del municipio.

“El Ayuntamiento es el titular del emisario y debe encabezar la solución”

Durante su intervención, el edil recordó que el titular de esa instalación, así como de toda la red general de saneamiento, es el M. I. Ayuntamiento de Telde, por lo que “debe encabezar la motivación de cualquier propuesta para solventar incidencias tan graves como las que estamos tratando, y gestionarla de inmediato”.

“Esto no va de pasar la pelota ni de mirar para otro lado. El Ayuntamiento es el titular de la infraestructura y el alcalde es su máximo responsable. No puede esconderse detrás de la empresa mixta ni comportarse como un mero espectador”, subrayó Suárez.

En este sentido, advirtió de que no vale dejar en manos de la empresa mixta que gestione por sí sola esta situación, “que incluso, presuntamente, podría ser la responsable en función de lo que determine la investigación de la fiscalía, teniendo en cuenta que el responsable subsidiario es este Ayuntamiento, y además usted es el presidente de la misma”.

“El alcalde es el máximo responsable político y económico”

Suárez insistió en la cadena de responsabilidades que podría concurrir en la figura del alcalde:

“Es usted, Juan Antonio Peña, el presidente de esta corporación, titular de esa infraestructura, presidente de la empresa mixta, responsable de la gestión integral del agua y, por ende, el máximo responsable de que haya que responder subsidiariamente con dinero público para resarcir el montante económico tanto de sanciones como de indemnizaciones derivadas de esta catástrofe medioambiental”.

El concejal reprochó al regidor que, pese a la gravedad de las deficiencias señaladas en el emisario por la autoridad competente, “no se le ha escuchado en ningún momento presumir, como suele hacerlo, de la inmediatez de su orden a reparar esas incidencias. Lo que la ciudadanía percibe es que se está siguiendo la táctica de atacar sin criterio sólido, a sabiendas de que debe defenderse por omisión. ¿Es que usted está disparando hacia fuera para no tener que explicar qué se hizo, o qué no se hizo, desde que se recibió el acta de la inspección?”, añadió.

Transparencia y posible negligencia en un posible delito ambiental

El concejal recordó que el pleno acaba de aprobar una declaración institucional en la que se reclama transparencia a todas las administraciones implicadas en esta crisis ambiental, y subrayó que esa exigencia debe aplicarse también al propio alcalde de Telde:

“Si exigimos transparencia a todas las administraciones, exigimos también transparencia por parte de usted, señor alcalde. La ciudadanía necesita saber si usted, como máximo responsable, ha actuado presuntamente de forma negligente y si ha omitido, rehusado o demorado las actuaciones necesarias para atender este posible delito contra el medio ambiente”.

Suárez concluyó reclamando que el grupo de gobierno haga públicos los pasos dados desde la recepción del acta de inspección del emisario y que el alcalde explique con claridad, fechas y documentos en la mano, qué órdenes dio, a quién, y qué actuaciones se han impulsado desde entonces:

“Las vecinas y vecinos de Telde, especialmente los que viven y trabajan en la costa, tienen derecho a saber si su Ayuntamiento reaccionó con la urgencia que exigía esta situación o si, por el contrario, han estado desprotegidos por la inacción de su alcalde”.

(*) Imagen: Canarias7

Según un informe al que ha tenido acceso ONDAGUANCHE en exclusiva, personal técnico de la empresa AQUANARIA, S.L., titular de una concesión de acuicultura marina frente a la costa de Melenara (Telde), realizó comunicación de incidencia ambiental y solicitud urgente de actuaciones al Ayuntamiento de Telde por posible vertido contaminante aparentemente procedente del emisario submarino identificado como Vertido nº 222 del Censo de Vertidos de Canarias.

En escrito presentado el pasado 17 de noviembre (tras la presentación por sede electrónica de 20 escritos con anterioridad) se solicitaba información, se realizaba un requerimiento de documentación e igualmente se realizaba advertencia de responsabilidad patrimonial por inacción administrativa ante los hechos constatados en el Acta de Inspección Ambiental IAMB/2025/042 de fecha 15 de octubre de 2025 y en los escritos remitidos a esa Administración desde el 9 de octubre de 2025.

AQUANARIA no ha recibido notificación, comunicación formal ni respuesta administrativa alguna por parte de esa Corporación en relación con los escritos presentados, limitándose su actuación a la realización de declaraciones públicas en distintos medios de comunicación que, además de no dar respuesta a las cuestiones planteadas, resultan lesivas para la imagen, el buen nombre y la reputación empresarial de la mercantil a la que represento.

Con fecha viernes 12 de diciembre, se levantó acta de inspección por personal de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, en el marco de las actuaciones de seguimiento de las instalaciones acuícolas afectadas por el episodio de contaminación de naturaleza presuntamente química acaecido el pasado mes de octubre.

Durante dicha inspección se dejó constancia expresa del adecuado estado de limpieza de ambas concesiones acuícolas y de la recuperación de condiciones operativas de normalidad en las mismas. No obstante, en el transcurso de la actuación inspectora se observó igualmente la presencia de un nuevo vertido procedente del emisario identificado como 222, cuya pluma de dispersión alcanzaba la instalación acuícola más próxima.

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta los graves antecedentes existentes, se formuló nuevo escrito con la finalidad de poner en conocimiento de ese Ayuntamiento la posible relevancia y gravedad del nuevo episodio detectado, a fin de que se adoptaran de manera inmediata las actuaciones y medidas que resulten procedentes en el ámbito de sus competencias y se reiteran ante la falta de respuesta solicitudes realizadas con anterioridad.

Cabe destacar que toda esta información ha sido aportada en diversos informes por la empresa AQUANARIA al alcalde de Telde vía registro municipal en el Ayuntamiento. Un alcalde que haciendo gala de su oscurantismo y falta de transparencia no ha dado traslado ni a sus socios de gobierno ni a la oposición de esta grave documentación.

HABRÁ AMPLIACIÓN

Según un informe al que ha tenido acceso ONDAGUANCHE en exclusiva, personal técnico de la empresa AQUANARIA, S.L., titular de una concesión de acuicultura marina frente a la costa de Melenara (Telde), realizó comunicación de incidencia ambiental y solicitud urgente de actuaciones al Ayuntamiento de Telde por posible vertido contaminante aparentemente procedente del emisario submarino identificado como Vertido nº 222 del Censo de Vertidos de Canarias.

AQUANARIA, S.L., en defensa de sus intereses legítimos y de la protección del medio marino donde desarrolla su actividad autorizada, solicitó entre otras cuestiones:

1. Que se ordene de forma inmediata la apertura de un expediente de inspección y control sobre el emisario submarino identificado como Vertido nº 222, con origen en la EDAR de Silva/Ojos de Garza, y se determine la posible existencia de vertido anómalo o no autorizado así como los restantes que puedan ser causantes de la incidencia
2. Que se proceda a la toma urgente de muestras oficiales de agua en el punto de salida del emisario y en la zona de influencia de la concesión acuícola, con análisis de parámetros físico-químicos y microbiológicos que permitan identificar la naturaleza de la sustancia
3. Que se requiera formalmente a la Empresa Mixta de Aguas de Telde, A., como gestora del sistema de depuración y vertido, para que en el plazo más breve posible entregue la documentación operativa, registros de funcionamiento y analíticas de control de los últimos siete (7) días, incluyendo:
   • Volúmenes de vertido
   • Composición y parámetros de calidad del
   • Incidencias operativas o de mantenimiento de la EDAR y
   • Registro de cloraciones, aditivos o tratamientos químicos
4. Que AQUANARIA, S.L. sea tenida como parte interesada en cualquier expediente administrativo o de inspección que se incoe relativo a este vertido, de conformidad con los artículos 4 y 53 de la Ley 39/2015, al ser la empresa directamente afectada en sus bienes, derechos e intereses económicos.
5. Que se adopten medidas preventivas y cautelares inmediatas:
   • Supervisión de la EDAR y suspensión temporal de vertidos hasta descartar riesgo
   • Notificación al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y a la Dirección General de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

• Evaluación del posible impacto sobre zonas de baño, solicitando apoyo al Servicio Canario de Salud en caso de riesgo para la población.

6. Que se requiera la presencia de los técnicos municipales y autonómicos competentes en una inspección conjunta con representantes de AQUANARIA, L., a fin de contrastar los resultados y garantizar la trazabilidad de la información obtenida.

Cabe destacar que toda esta información ha sido aportada en diversos informes por la empresa AQUANARIA al alcalde de Telde vía registro municipal en el Ayuntamiento. Un alcalde que haciendo gala de su oscurantismo y falta de transparencia no ha dado traslado ni a sus socios de gobierno ni a la oposición de esta grave documentación.

HABRÁ AMPLIACIÓN

En estas fechas la esperanza de que el cambio de año propicie un fin de ciclo y la oportunidad de regeneración personal y colectiva, vuelve a ocupar nuestros ánimos y nuestra comunicación social en forma de buenos propósitos y deseos de mejora de nuestras vidas. Locuciones como “Año nuevo, vida nueva” expresan ese imaginario que desde la noche de los tiempos ha implicado ritos de renovación del orden cósmico, institucional y comunitario.

La presunción de que el inicio de un nuevo tiempo permite imaginar que lo viejo puede dejarse atrás y abre nuevas oportunidades, incluye un nivel íntimo. De ahí que, quien más y quien menos, haga balances del año que termina, examen de culpas y méritos y promesas renovadas de mejora, además de con los prójimos, con uno mismo. Son ya un clásico el reconocer que el año pasado no se estuvo a la altura y el renovar las pretensiones de mejora en los hábitos personales de salud, condiciones de trabajo, nivel de las relaciones y conciencia en el consumo.

Aunque sepamos que es bastante difícil pretender que el 1 de enero sea un marcador simbólico que permite reescribir nuestra biografía y reconducir nuestra orientación futura, el propósito de enmienda y el comprometerse en aumentar la excelencia de nuestras vidas van a estar en nuestro ánimo. Al menos, unos días, porque luego seguirán ahí esos kilos de más, continuará ese trabajo anodino, esas relaciones acomodaticias y esos modos de comprar tan poco apropiados.

Así es como llevamos, habitualmente, la tensión entre el reconocernos como sujetos autónomos capaces de enmendarnos a nosotros mismos y la evidencia de que la voluntad aislada tiene un recorrido limitado si no la acompañan transformaciones estructurales en el entorno a nuestras pretensiones. Y es que ante los omnipresentes niveles de malestar que soportamos de disonancia cognitiva, precariedad social y desigualdad en oportunidades, solo a costa de autoengañarnos se pueden reducir a la “falta de esfuerzo individual”.

Y es que por mucho que individualmente reconozcamos las incoherencias, asumamos las responsabilidades y nos orientemos a modificar patrones de comportamiento, si pretendemos que la toma de conciencia, planificación y acción lleguen a algo significativo y duradero, si queremos cumplir con el anhelo hacia una vida personal y en sociedad mejores, hay que incidir, ineludiblemente, en lo común, en la regeneración del ámbito de lo político.

Ese es el auténtico desafío: que la lógica de “propósito de enmienda” no quede reducida a la micro ética de la autoayuda o a los compromisos cívicos de cuidado de los más desfavorecidos, sino que se implemente democráticamente en las estructuras institucionales y de corresponsabilidad para que sean capaces de aprender, reconocer su daño y regenerarse. Todo lo cual está, actualmente, muy lejos de tenerse en cuenta por los administradores de la cosa pública. Más bien, lo contrario: año tras año, no cambian las condiciones estructurales de posibilidad de una vida buena en común, tras las euforias festivas vuelven las resacas de la cotidianeidad y la espera de tener buenas vidas se eterniza. Así nos va.

Desde luego, esa tarea de regeneración de la gobernanza institucional es ingente, pero no ignota. Empieza por instaurar procesos de revisión colectiva de las administraciones políticas, cláusulas de revisión periódica, mecanismos de rendición de cuentas y procedimientos de reparación de daños. También, hay que volver habituales los balances periódicos de indicadores sociales, ecológicos y económicos y sobre las políticas aplicadas, acompañados de propuestas de mejora explícitas. Y someterlas a discusión y co-diseño ciudadano.

Todo muy complicado, pero valdrá el esfuerzo. Porque así, “Año nuevo, vida nueva” podrá dejar de ser una simple consigna motivacional y empezaremos a vivir vidas que valgan la pena ¿Algo mejor que hacer en el año que llega?

Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y Experto en gobernanza y participación

ESCUCHA «LA HORA DE LA VERDAD» DE ONDAGUANCHE PULSANDO SOBRE ESTE ENLACE

El emisario submarino de Silva 222 y la grave contaminación de la costa de Telde, es protagonista este martes 30 de diciembre de 2025, del programa de radio de ONDA GUANCHE “LA HORA DE LA VERDAD”, dirigido por Florentino López Castro. En un especial monográfico de una hora de duración, analizamos en profundidad con los ecologistas más destacados de Gran Canaria, esta problemática histórica.

Honorio Galindo, vicepresidente de la Plataforma Ecologista Salvar Chira Soria, considera «una campaña de desvío de atención sobre el origen del vertido tóxico que mantuvo cerradas las playas de Telde durante más de dos meses». La plataforma exige transparencia y aporta una prueba que considera clave: una imagen del satélite Copernicus que muestra una mancha sobre un emisario municipal el día que comenzó la crisis, y no sobre la piscifactoría señalada como culpable.

Según explicó Galindo, «el programa europeo Copernicus captó con uno de sus satélites Sentine  una imagen reveladora el pasado 3 de octubre, coincidiendo con el inicio del episodio de contaminación. En ella se aprecia una mancha blanquecina justo sobre la desembocadura del emisario submarino 222, perteneciente al Ayuntamiento de Telde. «No estaba sobre la jaula de la piscifactoría«, ha subrayado Correa, quien destaca que fue la propia empresa afectada, Acuanaria, la que denunció los hechos ante el SEPRONA y la Fiscalía, apuntando desde el primer momento a un posible vertido en dicho emisario».

Honorio fue más allá al afirmar que «las piscifactorías no contaminan, todo lo contrario, contribuyen al medioambiente, se ha vendido una imagen irreal de forma interesada sobre este procedimiento que no se ajusta a la realidad».

Rosario Correa

Por su parte la portavoz de Salvar Chira Soria, Rosario Correa se pregunta cómo es posible que, tras la denuncia de la empresa, comenzara «una campaña feroz para señalar y desviar el foco de los emisarios y señalar a la empresa«. Correa critica la «rapidez en buscar un culpable sin siquiera tener resultados» y apunta a una posible motivación económica, ya que si la responsabilidad recayera en Aguas de Telde o el Ayuntamiento, tendrían que «abonar una gran cantidad de dinero».

La conexión con Turcón y un vídeo anónimo

Durante su intervención, Correa ha mostrado su extrañeza por el papel del grupo ecologista Turcón, ya que, según explica, personas vinculadas a esta organización han sido muy activas en [culpar a la piscifactoría]. «Es muy extraño que, por ejemplo, el portavoz de Salineta, que está en contra de las jaulas, es un miembro de Turcon que a la vez ha trabajado en el [Ayuntamiento de Telde]», ha señalado. También ha mencionado que miembros de Turcón se han sentado en el consejo de administración de Aguas de Telde y que otro portavoz vecinal de Taliarte también pertenece al colectivo.

La plataforma también denuncia la difusión de un vídeo anónimo, que según afirman ha sido distribuido por miembros de Turcón, que «no está firmado» y «no hace referencia alguna a ninguna referencia científica». Según Correa, este vídeo «obvia hablar de la mancha que aparecía en el vertido» y omite que «lubinas que estaban en tierra de una piscifactoría a un kilómetro también murieron». Para la portavoz, el vídeo está «basado en hipótesis, no en hechos reales».

«La Hora de la Verdad»

Según un informe al que ha tenido acceso ONDAGUANCHE en exclusiva, personal técnico de la empresa AQUANARIA, S.L., titular de una concesión de acuicultura marina frente a la costa de Melenara (Telde), realizó comunicación de incidencia ambiental y solicitud urgente de actuaciones al Ayuntamiento de Telde por posible vertido contaminante aparentemente procedente del emisario submarino identificado como Vertido nº 222 del Censo de Vertidos de Canarias.

QUANARIA, S.L., titular de una concesión de acuicultura marina frente a la costa de Melenara (Telde), detectó un episodio de contaminación visible y olor químico intenso en las aguas circundantes a la instalación, coincidiendo con un aumento significativo de mortalidad de peces en las jaulas de cultivo, sin que existan causas internas que lo justifiquen. En las inmediaciones la empresa cuenta con otra concesión acuícola que de momento no ha tenido afecciones.

El personal técnico de esta empresa observó la presencia de una mancha blanca lechosa de olor químico (no cloacal) en las inmediaciones del emisario submarino situado frente a la EDAR de Silva/Ojos de Garza, siendo este vertido identificado en el Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias con el código 222, cuyo titular es el Ayuntamiento de Telde y cuya gestión corresponde a la Empresa Mixta de Aguas de Telde, S.A.

La coincidencia temporal entre el episodio de vertido y la mortalidad de peces, así como la dirección de las corrientes hacia la zona de la concesión, constituyen indicios técnicos suficientes de una afección directa derivada de la descarga del citado emisario, por lo que resulta imperativo determinar de forma inmediata la composición del efluente y el cumplimiento de las condiciones de su autorización de vertido.

Esta empresa considera la situación de máxima gravedad, tanto por los daños económicos y ambientales que está sufriendo su actividad productiva, como por las potenciales implicaciones para la salud pública, habida cuenta de la proximidad del emisario a zonas de baño (Melenara, Salinetas y Ojos de Garza) y de la posible presencia en el agua de productos químicos o industriales incompatibles con un vertido urbano autorizado.

De acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 3 del Decreto 86/2018, de 18 de junio, sobre vertidos desde tierra al mar en Canarias, el Ayuntamiento de Telde ostenta la competencia directa y la obligación de garantizar la correcta depuración y control de los vertidos al medio marino que se generen en su término municipal.

Asimismo, conforme a los principios de prevención y precaución ambiental, y al artículo 54 de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, las administraciones públicas están obligadas a actuar de inmediato para evitar, controlar y reparar los daños ambientales detectados.

HABRÁ AMPLIACIÓN