EL PP EXIGE A ROMÁN RODRÍGUEZ (NC), QUE SE APARTE DE LA GESTIÓN DE HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

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El senador del PP Sergio Ramos, exige al consejero de Hacienda del Gobierno canario, Román Rodríguez, que se aparte cautelarmente de la gestión de las cuentas canarias hasta que se resuelva el contencioso por la baja de Nueva Canarias en el registro de partidos.

Ramos destaca la gravedad de que el partido de Rodríguez no haya presentado las cuentas desde el año 2018, “los mismos que llevan las cuentas de toda Canarias”. Considera indispensable que el consejero de Hacienda informe en rueda de prensa por qué no ha presentado las cuentas, y si no lo hace de motu proprio, señala Ramos, debe ser obligado a hacerlo de forma inmediata por el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.

Asimismo, el senador del PP está convencido de que Nueva Canaria tiene que devolver el dinero de las subvenciones desde que se dictó la sentencia, en el año 2021.

Elespejocanario.com

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NUEVA CANARIAS SIGUIÓ COBRANDO SU SUBVENCIÓN ANUAL DESPUÉS DE SER ELIMINADA DEL REGISTRO DE PARTIDOS

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Para el Ministerio de Interior, Nueva Canarias ya no existe. La retiró del registro de partidos políticos después de una sentencia firme que acordó su “extinción” por no haber actualizado sus estatutos conforme a la ley. Sin embargo, pese a esta resolución, ha continuado concediendo la subvención que le corresponde por tener representación en el Congreso de Los Diputados. En abril de 2022 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las últimas cantidades abonadas a cada una de las formaciones políticas según su número de diputados y diputadas y conforme a la ley de partidos. Así, en el primer trimestre de este año, NC percibió 21.646,62 euros. Una cantidad que también recibió en los últimos dos trimestres de 2021, según consta en el BOE de febrero de 2022 y de octubre de 2021. 

Según la ley de 2007 sobre financiación de los partidos políticos, el Estado concede a las distintas formaciones con representación en el Congreso, una cantidad anual, “en concepto de subvención, que se distribuye entre dichas formaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones a la citada Cámara”. Nueva Canarias concurrió a las elecciones generales de 2019 junto a Coalición Canaria, formación a la que por su representación en el Parlamento le corresponden 49.881,45 según la resolución sobre las subvenciones publicada en el BOE. Hace apenas unas semanas, cumpliendo con el acuerdo electoral, María Fernández (Coalición Canaria) sustituyó a Pedro Quevedo (NC) en el Congreso. El papel de este diputado fue clave en la investidura de Sánchez y también lo ha sido en los últimos años en la votación de diversas leyes para las que el Gobierno central requería de la mayoría que le votó al inicio de legislatura. 

Desde la sentencia firme de julio de 2021, el partido que lidera Román Rodríguez ha recibido con normalidad la asignación correspondiente, tal y como se detalla en el Boletín. Así también lo ha mantenido también Nueva Canarias.

Desde el Ministerio de Interior confirman la “extinción del partido” en cumplimiento de esa resolución judicial. En dicha sentencia, se recoge que para la Audiencia Nacional, Nueva Canarias “carece de actividad y de funcionamiento”. La magistrada también que entiende que una condena en costas “resulta de imposible cumplimiento”, porque la última comunicación de dicho partido con el registro fue “la realizada tras la última redacción de estatutos aprobados durante el IV Congreso celebrado los días 5 y 6 de mayo de 2017; lo que demuestra que es un partido inexistente”. 

Los estatutos de Nueva Canarias, según la sentencia, no cumplen con el “contenido mínimo” que se recoge desde el año 2015 cuando se modificó la ley de partidos políticos. Entre esos requisitos enumera que debe constar el sitio web y la dirección electrónica, que se completen los derechos y deberes de los afiliados de acuerdo con lo previsto en el artículo 8,  que añada el procedimiento de rendición de cuentas, incluyendo la remisión anual de las mismas al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legalmente establecido o la determinación del responsable económico-financiero del partido y el procedimiento para su designación, entre otros requisitos.

La Mesa del Parlamento de Canarias valorará la situación en la que se encuentra el grupo parlamentario Nueva Canarias. Lo hará después de recibir la petición de la diputada Sandra Hormiga (que dejó esta formación el año pasado y se encuentra actualmente como diputada no adscrita) y de recibir un escrito del grupo parlamentario popular.  Se prevé que la Cámara requiera al grupo parlamentario NC que le remita la información y las certificaciones correspondientes, así como dar un plazo de alegaciones para que los servicios jurídicos valoren esta situación. También se valora tomar alguna medida cautelar en cuanto a la subvención que recibe de esta institución. 

Eldiario.es

EL PARLAMENTO DE CANARIAS DECIDE ESTE JUEVES QUÉ HACER CON NUEVA CANARIAS TRAS SU KO ORGÁNICO

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La situación del grupo parlamentario Nueva Canarias será analizada este jueves en la Mesa de la Cámara Regional. Este asunto ha sido admitido en el orden del día después de que la diputada Sandra Hormiga (que dejó esta formación el año pasado y se encuentra actualmente como diputada no adscrita) registrara este martes una petición de aclaración de la situación en la que se encuentra este grupo, después de la sentencia firme que concluye la extinción de NC como partido. Fuentes del Parlamento han señalado que el grupo popular también ha presentado un escrito. Se prevé que la Cámara requiera al grupo parlamentario NC que les remita la información y las certificaciones, dar un plazo de alegaciones para que los servicios jurídicos valoren esta situación. También se valora tomar alguna medida cautelar. 

Los juristas consultados por este periódico consideran que la sentencia no supone la ilegalización de Nueva Canarias, pero sí determina que no existe actualmente como partido, por lo que no podría presentarse a unas elecciones. No obstante, los cargos electos sí pueden seguir actuando con normalidad ya que son personas físicas, que representan a la ciudadanía y no al partido político. Pero. ¿deben pasar a tener la consideración de no adscritos?

Esta cuestión se abordarán este jueves en la mesa del Parlamento. Pasar a tener la consideración de diputado o diputada no adscrito no implicaría transfuguismo ya que el partido político por el que se presentaron a las elecciones quedó disuelto (que no ilegalizado, como insisten los expertos en derecho consultados por este periódico). Según recuerda el propio Parlamento en su página web diputado no adscrito es “aquel que abandona el grupo parlamentario al que pertenecía o el que es expulsado de este. No pasan al Grupo Mixto, y solo pueden ejercitar los derechos propios de los diputados individualmente considerados”.

Actualmente, Nueva Canarias recibe una asignación como el resto de grupos por su representación en el Parlamento. En su caso, con cuatro diputados, recibe 357.600,00 euros anuales, según la página web de la cámara regional. Desde que la sentencia de la Audiencia Nacional fuera considerada firme (en julio del pasado año) ha seguido percibiendo también la subvención del Congreso de los diputados. De hecho, según el Boletín Oficial del Estado, en abril de 2022, se concedió a Nueva Canarias una subvención de 21.646 euros por su representación en esta cámara.

La cantidad que percibe NC en el Parlamento hasta ahora es la misma que percibe el grupo Sí Podemos. Con tres representantes, Agrupación Socialista Gomera percibe 336.600. El grupo mixto, con dos representantes (el diputado de Ciudadanos y la diputada trásfuga Vidina Espino, que nunca pasó al grupo de no adscritos) recibe 315.600 euros. Sandra Hormiga, que sí pasó al grupo no adscrito al dejar NC, no aparece en estas asignaciones. Con mayor asignación se encuentran los grupos que consiguieron mayor número de escaños, 798.600 euros el grupo socialista, 693.600, el grupo nacionalista canario o 504.600 euros el grupo parlamentario popular.

En el municipio de Santa Lucía de Tirajana, un partido de la oposición (Agrupación de Vecinos de Santa Lucía) ya ha solicitado que los concejales de Nueva Canarias en el ayuntamiento pasen al grupo mixto. El concejal y portavoz de esta candidatura municipal, Manuel Hernández Pérez, alega en un escrito que ese partido ha quedado disuelto, por lo que sus representantes deben pasar a ser “no adscritos”. Además alude a la una sentencia del Supremo en la que se determina que resalta que “los concejales que no se integran o abandonan el grupo político que constituya la formación electoral por lo que aquellos fueron elegidos pasan a tener la consideración de miembros no adscritos, la misma consideración han de tener aquellos concejales que no pueden integrarse en ese grupo por haberse acordado su disolución”.

Las claves de la sentencia de Nueva Canarias

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora y que es firme desde el pasado 20 de julio de 2021, concluye la “extinción” de esta formación porque  sus estatutos no se adaptan a la Ley de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, que establecía un plazo de tres años para hacerlo y añade que “recibido el oportuno requerimiento”, Nueva Canarias “nada ha realizado en orden al cumplimiento de las exigencias indicadas, a adaptar sus Estatutos a los preceptos”. 

En la sentencia, se alude a que la jefa de Servicio del Registro de Partidos Políticos pudo certificar el 30 de octubre de 2020 que “la última redacción de estatutos comunicada son los aprobados durante el IV Congreso del partido celebrado, adoleciendo de los defectos formales comunicados”. Meses antes, la Dirección General de Política Interior envió un escrito a Nueva Canarias, “apercibiéndole para que procediese a remitir los estatutos adaptados al contenido de la Ley en el plazo máximo de seis meses” y que fue notificado el día 23 de enero de 2020.

La magistrada entiende además que una condena en costas “resulta de imposible cumplimiento”, porque la última comunicación de dicho partido con el registro fue “la realizada tras la última redacción de estatutos aprobados durante el IV Congreso celebrado los días 5 y 6 de mayo de 2017; lo que demuestra que es un partido inexistente”. 

Eldiario.es

LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DESMIENTE LA MENTIRA DE NUEVA CANARIAS

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El fallo del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 que el 8 de junio de 2021 decretó la extinción de Nueva Canarias (NC) expone que el partido sí fue notificado.

del procedimiento en su contra por incumplir la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Aunque desde NC vienen insistiendo en que en ningún momento recibieron información, la sentencia explica que el Ministerio del Interior, y en concreto su Dirección General de Política Interior, envió el 14 de enero de 2020 el preceptivo apercibimiento. Es más, el fallo de la magistrada Emilia Peraile Martínez especifica que NC recibió el escrito del Ministerio trece días después, el 23 de enero de 2020.

En ese escrito de apercibimiento, el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska instó a Nueva Canarias (NC) a que remitiera sus estatutos debidamente actualizados y adaptados a la Ley Orgánica 3/2015 en el plazo de seis meses. Sin embargo, NC no cumplió la obligación legal: «Nada ha realizado en orden al cumplimiento de las exigencias indicadas en orden a adaptar sus estatutos a los preceptos transcritos». Entre los contenidos mínimos que deben constar en los estatutos de cualquier fuerza política está «el procedimiento y el órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales en el que se incluya la obligación de remisión anual de las mismas al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legalmente establecido». NC no ha rendido al Tribunal las cuentas de los últimos cuatro ejercicios (2018-2021), lo que de no haber sido extinguido por orden judicial, le habría acarreado la apertura de un nuevo proceso en su contra, ya que esta es otra de las tres causas que justifican la exclusión de una organización del Registro de Partidos Políticos.

La sentencia recoge que los últimos estatutos que habían llegado a Interior a fecha de la sentencia eran los aprobados en el cuarto congreso de NC de mayo de 2017. Los cuales «adolecían de los defectos formales comunicados». El secretario de Organización de los nacionalistas, Carmelo Ramírez, aseguró este lunes que sí enviaron la actualización de la información, en concreto, dijo, a comienzos de 2018 y aún dentro del plazo legal previsto para ello.

La Provincia-Dlp

NUEVA CANARIAS NO PUEDE PRESENTARSE A LAS ELECCIONES «PORQUE NO EXISTE»

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Si mañana se convocaran unas elecciones, Nueva Canarias no podría presentarse. Desde hace casi un año no aparece en el registro de partidos políticos, y pese a que la formación confía en que se pueda revertir esta situación, las opciones que tiene son limitadas debido a la sentencia firme que en julio del año pasado declaró la “extinción” de dicho partido y, en consecuencia, su “cancelación” como inscrito. La resolución del Ministerio de Interior de agosto de 2021 hace referencia a que esta fuerza política no había “adaptado sus estatutos” de acuerdo a la ley y, por ello, la Abogacía del Estado interpuso una demanda. Pero ¿qué consecuencias tiene? Juristas expertos en Derecho Constitucional coinciden en que aunque esta resolución no implica su ilegalización, actualmente Nueva Canarias “ha desaparecido”. 

Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL), insiste en que no conoce el caso al detalle, pero recuerda que un partido político para poder presentarse a unos comicios debe cumplir con dos requisitos imprescindibles: tener personalidad jurídica y estar inscrito en el registro de partidos. A día de hoy, con las actuales circunstancias, para NC no sería posible concurrir a unos comicios desde el punto de vista jurídico. En ello, también coinciden otros expertos consultados, que insisten en que no es un partido ilegal, ya que no ha cometido un delito, pero según la sentencia sí ha incumplido algún requisito para seguir en el registro. “No creo que se les pueda calificar de partido ilegal, pero de momento no son un partido político”,  destaca Pérez. 

A Nueva Canarias le quedan ahora dos opciones. Por un lado, puede intentar demostrar que el proceso está viciado ya que la formación alega que no recibió ningún requerimiento ni notificación alguna, por lo que no pudo personarse en la causa. Si esto se prueba, podría anularse el proceso que concluyó con su exclusión del registro de partidos. No obstante, en la sentencia se recoge que se requirió al partido demandado y desde el Ministerio de Interior señalan que no se recurrió la resolución judicial. El secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, apuntó este lunes en rueda de prensa que la formación había cambiado de sede, pero lo notificó. Además, destacó que si desde el Ministerio de Interior quisieran contactar con el partido, cuenta con los nombres y direcciones particulares de cada uno de los dirigentes en los estatutos remitidos. Ramírez insistió en que esos estatutos se enviaron en 2017 después del IV Congreso y el pasado mes de junio se remitieron los del último congreso celebrado en mayo. También subrayó que ha venido recibiendo la subvención que se otorga a los partidos políticos. 

Según la sentencia, consultada este martes por este periódico, no consta que Nueva Canarias tenga sus estatutos adaptados a la ley de partidos de 2015. Además, para la Audiencia Nacional esta formación “carece de actividad y funcionamiento”, “siendo, de hecho, un partido inexistente; lo que supone que, una condena en costas resulta de imposible cumplimiento”. Según el fallo, “la última redacción de estatutos comunicada al Registro son los aprobados durante el IV Congreso del partido celebrado los días 5 y 6, de mayo de 2017, adoleciendo de los defectos formales comunicados”, detalla. 

La segunda opción que tiene Nueva Canarias si no se demuestra que el proceso es nulo, sería inscribirse de nuevo como partido político. Podría hacerlo incluso con la misma denominación, confirma otro experto en derecho constitucional consultado, ya que en estos momentos no habría otra con el mismo nombre. Otras fuentes jurídicas consultadas destacan que es una decisión que la formación deberá meditar, ya que su inscripción de nuevo como partido con las mismas siglas también podría ser entendida como una fórmula de eludir una sentencia. 

Desde el Ministerio de Interior se han remitido a la sentencia firme para contestar a las preguntas de este periódico y han apuntado que NC no recurrió cuando tenía plazo para hacerlo. El organismo público tiene escaso margen para poder actuar cuando se trata de partidos políticos. En este caso, como se recoge en la resolución hecha pública este lunes por NC, se limitó a informar a la Abogacía del Estado a quien requirió el 30 de octubre de 2020 que interpusiera la correspondiente demanda de extinción judicial ante la “falta de adaptación” de los estatutos de esta formación.  

Gerardo Pérez remarca que los procesos otorgan un proceso de subsanación. La Ley de partidos políticos establece una serie de obligaciones, como que los estatutos se adecúen a las nuevas leyes que se van dictando, se renueven los órganos de Gobierno, entre otras. Si alguna de estas cuestiones se puede iniciar de oficio un procedimiento que termine en proceso judicial que concluya con la exclusión del partido. “Durante todo ese procedimiento, que es largo, se tiene que notificar al partido político y se puede permitir la subsanación”, recuerda. En este caso, en la sentencia se remarca que “en la tramitación dé este procedimiento se han cumplido las prescripciones legales”.

La rendición de cuentas

En cuanto a la rendición de cuentas, la resolución del Ministerio de Interior no alude a ello, pero en la rueda de prensa ofrecida por el secretario de Organización de Nueva Canarias admitió que por diversos motivos (falta de medios humanos, ser un proceso tedioso o la ralentización por la COVID) no se envió al Tribunal de Cuentas la contabilidad de los últimos años. Este martes, el partido se disponía a remitir la de 2018, 2019 y 2020.“ También mencionó que la formación que lidera el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, había solicitado una prórroga para enviar estos documentos y que al no recibir respuesta entendió que era ”silencio administrativo“ y dio por buena la prórroga que finaliza este mes. Sobre la de 2021 hizo referencia a que se pedirá una prórroga porque ”ya estamos fuera de plazo. 

La ley de 2015 de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos recoge que estas formaciones deben tener sus estatutos adaptados a esta norma tres años después de su entrada en vigor. Además, entre otras obligaciones establece que “habrán de remitir las cuentas anuales consolidadas, en las que se detallarán y documentarán sus ingresos y gastos, debidamente formalizadas al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del año siguiente al que aquellas se refieran”. NC insistió este lunes en que había solicitado una prórroga y en que este incumplimiento “no es exclusivo” de esta formación. 

¿Qué ocurre con los cargos electos?

Gerardo Pérez señala que los diputados que están en el Parlamento tanto regional como nacional son personas físicas y a quien representan es al pueblo. Por tanto, pueden seguir desempeñando sus funciones. “No hay ningún problema con que continúen porque ellos no están ahí como miembros de NC sino como representantes del pueblo”, resume. Esta misma tarde, La Agrupación de Vecinos de Santa Lucía (partido de la oposición en este ayuntamiento del sureste de Gran Canaria) ha solicitado que los concejales de Nueva Canarias en el ayuntamiento pasen al grupo mixto. El concejal y portavoz de esta candidatura municipal, Manuel Hernández Pérez, alega en un escrito que ese partido ha quedado disuelto, por lo que sus representantes deben pasar a ser “no adscritos”.

Nueva Canarias ostenta la alcaldía de este municipio, que siempre ha sido su bastión, donde nació y donde cada año cosecha importantes resultados electorales. La Agrupación de Vecinos de Santa Lucía alude a una sentencia del Tribunal Supremo, que resalta que “los concejales que no se integran o abandonan el grupo político que constituya la formación electoral por lo que aquellos fueron elegidos pasan a tener la consideración de miembros no adscritos, la misma consideración han de tener aquellos concejales que no pueden integrarse en ese grupo por haberse acordado su disolución”.

Uno de los expertos consultados alude a que además de la ley de partidos, habría que tener en cuenta los derechos fundamentales de Nueva Canarias, en este caso el derecho de asociación. El secretario de organización del partido remarcó precisamente este lunes que esta causa atañe a “derechos fundamentales”. Aunque la formación se mantiene con “cautela” ante esta exclusión del registro, puntualiza que “ningún responsable de los que dirigimos el partido teníamos conocimiento”, por lo que calificó los hechos de “graves”.

Eldiario.es

ROMÁN RODRÍGUEZ SE NIEGA A DIMITIR TRAS LA EXPULSIÓN DE NC DEL REGISTRO DE PARTIDOS DE ESPAÑA POR OCULTAR SUS CUENTAS

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El vicepresidente Román Rodríguez ha afirmado este martes que continuará en el Gobierno «que ha timoneado el peor cuatrienio de la historia de Canarias», después de que la diputada del grupo Mixto Vidina Espino le haya conminado a dimitir, tras conocerse que la formación que preside Rodríguez, Nueva Canarias, no ha rendido cuentas durante los últimos cuatro años.

Román Rodríguez y Vidina Espino han mostrado en el Parlamento regional sus discrepancias respecto a las medidas presupuestarias y fiscales para ayudar a las familias y autónomos canarios a hacer frente a la inflación en una comparecencia solicitada por la parlamentaria, que aprovechó para recordar la situación de Nueva Canarias (NC), eliminada de la lista de partidos por el Ministerio de Interior al no remitir sus datos económicos.

«¿Cómo es que no ha dimitido el presidente de un partido que ha ocultado durante cuatro años las cuentas de su formación para que sean fiscalizadas, y hoy está aquí exigiendo y exprimiendo a los canarios para que paguen impuestos?», ha cuestionado Espino.

La diputada ha asegurado que Román Rodríguez tiene un problema con la ley y tiene un problema existencial, porque su partido «no existe», y se ha preguntado cómo van a confiar los canarios en un consejero de Hacienda que preside un partido que no rinde cuentas.

«¿Y usted es el que maneja las cuentas de la Comunidad Autónoma?. Pues la gente está asombrada y se pregunta en manos de quién estamos, porque parece un Gobierno de chiste», ha proseguido Espino, quien ha incidido en que si NC «ya no existe, no parece muy legal que su grupo parlamentario haya recibido fondos».

A su juicio, Román Rodríguez no está «para dar lecciones a nadie» pues ni se lee los requerimientos del Ministerio del Interior y las resoluciones judiciales y se ha «escondido» detrás del secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez.

Román Rodríguez «tiene que dar muchas explicaciones a los canarios que espero que concluyan presentando su dimisión», ha reiterado la diputada del grupo Mixto.

Asimismo, ha pedido al Gobierno de Canarias una partida de 5 millones de euros para ayudar a las familias a afrontar el gasto escolar porque están «con el agua hasta el cuello» mientras el ejecutivo ha pasado de recaudar 1.572 millones de euros a 2.090, lo que ha calificado de senda «insensata» pues «cuando los impuestos empobrecen, no son justos ni equitativos ni razonables».

Román Rodríguez ha eludido referirse a la situación de NC pero ha subrayado que hay una mayoría que va a sustentar al Gobierno que ha timoneado Canarias en el peor momento de su historia, que ha calificado como el cuatrienio trágico, y él continuará en este Ejecutivo que tiene «el mandato democrático de la población».

Ha añadido que la previsión de recaudación fiscal es un 8 por ciento superior a la prevista en la ley de presupuestos autonómicos para este año, que ya era «muy optimista», pero ha indicado también que la recaudación del IGIC está cayendo «y se va a seguir aplanando».

Ante estas circunstancias el Gobierno canario es «decente, riguroso, sensible y apasionado en el manejo de los asuntos públicos» y va a ser difícil encontrar un mayor esfuerzo gubernamental que el que se ha producido, ha continuado el vicepresidente.

Los datos son incontestables y no hay otra Comunidad Autónoma que haya tomado más medidas contra la inflación que Canarias, ha indicado Rodríguez, quien ha señalado que tras tres presupuestos, los más expansivos de la historia sin tocar la fiscalidad, el cuarto presupuesto autonómico -el de 2023- será coherente con lo hecho hasta ahora y centrado en el mantenimiento y sostenibilidad de los servicios públicos.

Además el Gobierno ha respondido de forma selectiva cuando lo ha considerado adecuado en lo referente a las rebajas fiscales, como cuando se eliminó el impuesto al combustible a los profesionales y se han dado ayudas directas a la ganadería, ha recordado Rodríguez.

En esa línea, ha anunciado que el Ejecutivo canario va a revisar con carácter retroactivo la congelación de los precios del transporte escolar a las aproximadamente 250 empresas del sector.

La Provincia-Dlp

NUEVA CANARIAS SE PEGA UN TIRO EN EL PIE A DIEZ MESES DE LAS ELECCIONES

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Malos tiempos para la lírica. El primo de Andrés Herrera, el mítico dirigente de CCN y exconsejero de Turismo de Gran Canaria, del Castillo del Romeral, Francisco Herrera Rodríguez, ha metido en un lío en su calidad de administrador único de Nueva Canarias, el partido surgido en el sureste de Gran Canaria y que tiene como líder a Román Rodríguez. La sede del partido en Tirajana la paga los vecinos del municipio con sus impuestos, denuncia el Tribunal de Cuentas en un informe sobre 2017. 

En aquella época, dado que el informe es de 2022, el líder del NC en Tirajana era Ángel López. Concurrir a las elecciones locales de 2023 va a ser prácticamente imposible con esas siglas porque Agrupación de Vecinos podría pedir cuentas sobre la sede de NC en El Tablero e instar a la justicia a cumplir la condena producto de tener una de las irregularidades detectadas precisamente en el ámbito municipal de AV en el sur de Gran Canaria. La gravedad del asunto es de tal calibre que el nombramiento del nuevo líder local es a todas luces de un partido que no existe y que presentó alegaciones en su momento.

Nueva Canarias ha desaparecido legalmente por sentencia firme que no fue recurrida en julio de 2021, según adelantó la semana pasada en Tenerife Diario de Avisos y trascendió en Las Palmas este lunes por La Provincia. Los concejales de NC deberán pasar al grupo de no adscritos en Tirajana y Mogán por no hablar del resto de municipios, cabildos y Parlamento de Canarias donde tiene electos. El partido canarista ha perdido hasta el CIF: no hay quien pueda pagar o cobrar servicios a cuenta de esta formación.

Herrera es contable y desde 1996 está conectado con la dirección de NC en Las Palmas y en el sureste. Se trata de una persona de la máxima confianza del jefe del aparato de NC, Carmelo Ramírez, que este lunes admitió que una sentencia ha ilegalizado a Nueva Canarias. Ramírez dijo que NC iba a presentar alegaciones pero ya eso lo hizo en 2020 sin que sirviera de nada Francisco Herrera Rodríguez, tal y como ha podido comprobar y cotejar Maspalomas24H.

En el informe del TCU no se aclara cuánto es lo que se paga desde Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a la sede de NC pero sí le advierte que esa conducta es reprochable. Desde 2020 Herrera Rodríguez, que es además coordinador de NC en el Cabildo de Gran Canaria, ha sido amonestado por el Tribunal de Cuentas del Estado porque la sede de Nueva Canarias en Tirajana la paga el ayuntamiento y no el partido directamente. El TCU ha denunciado que este comportamiento es «irregular». 

Maspalomas24H

NUEVA CANARIAS EXPULSADA DEL REGISTRO DE PARTIDOS DE ESPAÑA POR OCULTAR SUS CUENTAS

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Nueva Canarias lleva desde julio de 2021 excluida, por fallo judicial, del registro oficial | El partido, a efectos legales, no existe ya como organización política.

«Actualmente no hay ninguna formación política con esos datos». Es la respuesta que se recibe en el buscador del Registro de Partidos Políticos cuando se hace una consulta sobre Nueva Canarias (NC)La organización que lidera el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno regional, Román Rodríguez, ha desaparecido del registro dependiente del Ministerio del Interior. O más bien la han borrado. Desde el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska explican que «la inscripción del partido Nueva Canarias fue cancelada con fecha 12 de julio de 2021 en el Registro de Partidos Políticos». Es decir, hace algo más de un año. Interior precisa que el borrado fue «acordado en la sentencia número 80/2021, de 8 de junio de 2021, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 en el procedimiento abreviado 139/2020». NC no ha rendido sus cuentas anuales de los tres últimos ejercicios al Tribunal de Cuentas (TCu). Este es uno de los tres posibles motivos que dan lugar a la baja de una fuerza política del registro oficial, si bien desde NC aseguran que no tenían constancia de la cancelación de la inscripción. Es más, afirman que no han recibido ni notificación ni apercibimiento alguno y que han solicitado un plazo extra al TCu para ponerse al día en la rendición de cuentas.

El Registro de Partidos Políticos no es un mero formalismo. La ley de control de la actividad económico-financiera de las fuerzas políticas expone que estas «adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el registro». Esta misma normativa, la Ley orgánica 3/2015 de 30 de marzo, establece en su artículo 12 bis que el órgano competente, es decir, el Ministerio del Interior –a instancias del propio Registro de Partidos Políticos–, solicitará la «declaración judicial de extinción» de un partido en caso de que no haya adaptado sus estatutos fundacionales a la legislación, no haya renovado sus órganos de gobierno y de representación en los plazos legales establecidos o no haya presentado sus cuentas anuales «durante tres ejercicios consecutivos o cuatro alternos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de la falta de presentación de las cuentas». El TCu confirma que, efectivamente, Nueva Canarias aún no ha rendido las cuentas ni de 2021, ni de 2020, ni de 2019. De hecho tampoco ha presentado todavía las de 2018.

Así lo corroboró el secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, que, no obstante, se mostró sorprendido por la baja del Registro de Partidos Políticos. No en vano, Ramírez explicó, por un lado, que no han recibido requerimiento alguno del TCu, e incluso puntualizó que no han tenido problemas en el cobro de las subvenciones públicas que perciben todos los partidos en función de su mayor o menor tamaño; y, por otro lado, aclaró que le solicitaron al tribunal una prórroga del plazo para la rendición de las cuentas de los años 2018, 2019 y 2020. «Vamos a presentar el informe esta semana», ahondó Ramírez, toda vez que el plazo extra expira este miércoles 27 de julio. «Nos ha extrañado muchísimo», subrayó. En cualquier caso, el veterano político –que aseveró haberse enterado de la baja de NC del Registro de Partidos Políticos por este diario– hizo hincapié en que la cancelación de la inscripción de una fuerza política en el registro del Ministerio del Interior no supone su extinción propiamente dicha. «Pero en todo caso se subsanará», dijo.

Sea como sea, lo cierto es que llama la atención el desconocimiento existente en el seno de Nueva Canarias sobre su exclusión del Registro de Partidos Políticos, máxime cuando ya hace más de un año desde que se llevó a cabo el borrado. Y más aún cuando la normativa deja claro que antes de instar ante la jurisdicción contencioso-administrativa a que declare la extinción de una fuerza política, el registro de partidos debe enviarle un apercibimiento. A partir de ese momento, la organización dispone de seis meses para adaptar sus estatutos a las leyes vigentes, para renovar sus órganos de gobierno y de representación –en estos dos puntos no tiene NC tareas por delante– o para «presentar las cuentas anuales de todos los ejercicios que tenga pendientes». Además, el órgano judicial, si el partido en cuestión no atiende el requerimiento de los funcionarios del registro y finalmente se llega a la «declaración de extinción», debe también notificarlo. Pese a todo ello, cabe insistir, en Nueva Canarias no tenían constancia de que su nombre ya no figura en el Registro de Partidos Políticos, o cuando menos no tenía constancia su secretario de Organización.

Desde el Ministerio de Grande-Marlaska aclaran que la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 es firme desde el 20 de julio del año pasado. En este sentido hay que insistir en que ni Interior ni el Registro de Partidos Políticos son los que deciden la cancelación de la inscripción de una fuerza política, sino que la solicitan o promueven; la última palabra la tiene en todo caso la Justicia, que es la que determina si la organización está o no en alguna de las tres causas de extinción establecidas en la normativa.

Hay que tener en cuenta que la no presentación de las cuentas anuales en tiempo y forma supone el incumplimiento de una obligación contable recogida en la ley de financiación de los partidos políticos. Es verdad que no es NC el primer partido, ni mucho menos, que se retrasa en el cumplimiento de esta exigencia legal, pero no es menos cierto que no son tantos los que lo hacen durante tres años seguidos. La ley de financiación expone que «todos los partidos políticos habrán de remitir las cuentas anuales consolidadas, en las que se detallarán y documentarán sus ingresos y gastos, debidamente formalizadas, al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del año siguiente al que aquellas se refieran». Es decir, que antes del 30 de junio de este año debieron presentar las cuentas del ejercicio 2021, y el caso es que NC aún no ha rendido ni las de 2018.

En ello están trabajando estos días en la dirección del partido. Entre otras cosas porque más allá de lo establecido en la ley de 2015, la legislación sobre la financiación de las fuerzas políticas tipifica como una infracción muy grave –castigada con una sanción de entre 50.000 y 100.000 euros– «el incumplimiento durante dos ejercicios consecutivos o tres alternos de la obligación de presentar las cuentas anuales en el plazo previsto o la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador».

La Provincia-Dlp

ONDA GUANCHE LLEVA A LA PRENSA REGIONAL EL ESCÁNDALO DEL COLECTIVO ECOLOGISTA TURCÓN

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ONDA GUANCHE lleva a la prensa regional la primicia informativa que informó de la destitución de Honorio Galindo como presidente del Colectivo Ecologista Turcón en una polémica asamblea celebrada el viernes en la sede de este colectivo ubicada en Telde. Su lucha contra la creación de la Central Hidroeléctrica Chira-Soria, defensa a ultranza del Barranco de la Mina, la lucha por el Pinzón azul de Gran Canaria o la oposición de la costa tomada por el Oliva Beach en Fuerteventura, está detrás de un cese que tiene a Nueva Canarias, un sector de Podemos y Antonio Morales, como principales muñidores del mismo, pero no los únicos. El brazo de este partido en el Ayuntamiento de Telde también ha pujado fuerte para echarlo.
 
El periódico regional La Provincia-Dlp se hizo eco hoy en su edición impresa y digital de la polémica con el siguiente artículo:

El cisma en el Colectivo Ecologista Turcón, que el pasado viernes se rompió en dos facciones durante una asamblea que acabó con la destitución de su presidente, Honorio Galindo, ha puesto en crisis al movimiento por la defensa de la naturaleza, con denuncias sobre interferencias de grupos políticos, en concreto de Nueva Canarias (NC), para presuntamente desactivar las numerosas denuncias que este grupo ecologista de Telde ha interpuesto contra proyectos como la central de Chira-Soria, el Siam Park, el entubamiento del Barranco de La Mina, las cortapisas a la protección del pinzón azul, las construcciones irregulares en el Pinar de Tamadaba o el mantenimiento de hoteles en las Dunas de Corralejo de Fuerteventura. 

De las decenas de demandas sobre estos asuntos, unas han sido archivadas y otras siguen vivas en los juzgados. Al respecto, la nueva dirección de Turcón negó que la sustitución del presidente se deba a un intento de frenar esas denuncias y aseguró que se continuará adelante con todas ellas, incluso en las que no ha habido unanimidad dentro de la organización. Además, precisaron que muchas de esas denuncias no han partido de Galindo, sino de otros socios.  

El conflicto interno en Turcón, que previsiblemente se tendrá que resolver en los tribunales ante las posiciones irreconciliables de ambas partes, ha acabado afectando a la imagen de todo el movimiento ecologista y durante el fin de semana se han recrudecido los enfrentamientos en las redes sociales, al considerarse que se ha perpetrado «un golpe de estado» contra Honorio Galindo por no plegarse a las presiones de otros miembros de Turcón que a su vez ostentan cargos públicos en instituciones gobernadas por NC, como Manuel Amador, director general de Medio Ambiente del Cabildo, o Álvaro Monzón, concejal de esa área en el Ayuntamiento de Telde. 

Documentación

Las críticas de Galindo y sus seguidores se dirigen expresamente a Juan Jiménez, hasta el viernes secretario de Turcón, al que acusan de convocar la asamblea de socios de forma «totalmente ilegal» y de «apropiarse» de documentación de las demandas que se han interpuesto en los tribunales de justicia o ante la Agencia de Protección del Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. También le reprochan que la nueva presidenta de Turcón, Consuelo Jorge, elegida con 18 votos a favor, sea su pareja. 

La Federación Ecologista Ben Magec, que también se ha visto salpicada por las críticas lanzadas desde Lanzarote por Pedro Hernández, miembro del grupo ecologista El Guincho, sobre su supuesta falta de independencia frente a determinados grupos políticos, se mantiene «a la espera de recibir información» de las partes enfrentadas para emitir un pronunciamiento oficial, según adelantó un portavoz.  

En declaraciones a este periódico, Galindo anunció que va a impugnar la elección realizada el pasado viernes al entender que la asamblea fue convocada de «forma fraudulenta», vulnerando los estatutos de la organización y sin dejarle acceder al listado de socios con derecho a voto. 

Al respecto, manifestó que al enterarse de que Jiménez había convocado la reunión sin ni siquiera consultarle, cuando esa potestad recae en el presidente, pidió que se retirara del orden del día el punto 10, el de la renovación de la Junta Directiva, pues él también pretendía presentarse a la reelección. Ante la negativa, decidió abandonar la asamblea para no avalar dicha votación.     

Según Galindo, uno de los argumentos que esgrimieron sus adversarios para mantener la elección y bloquear su candidatura es que lleva 11 años en el cargo de presidente y los mandatos deben limitarse en el tiempo, a lo que les recordó que Juan Jiménez estuvo al frente de la organización durante 14 años y nunca se cuestionó. 

En respuesta a esas acusaciones, Jiménez sostuvo que la asamblea se convocó «como se hace habitualmente», para proceder, entre otros puntos, a la renovación de un tercio de la Junta Directiva. «Entre los cargos a renovar estaba el de presidente y el de secretario, ya que ambos habíamos puesto el cargo a disposición en la última asamblea», detalló. 

Jiménez, que aseguró que no quiere alimentar el conflicto con sus compañeros y espera que sigan en Turcón, precisó que en el último momento, 24 horas antes de la asamblea, Galindo presentó un escrito pidiendo que no se procediera a la renovación de su cargo y pidió tiempo para volver a presentarse, «alegando que efectivamente puso su cargo a disposición de la asamblea, pero quiere volver a presentarse con más tiempo».

La asamblea, según su versión, no tomó en consideración el escrito del presidente por presentarlo fuera de plazo y decidió continuar con lo previsto, a lo que Galindo respondió que no aceptaba la decisión de la asamblea y abandonó la reunión «con descalificaciones hacia los presentes y amenazas de impugnación». 

Después se abrió una ronda de intervenciones y se pidió a Galindo que se reincorporara a la asamblea. «Finalmente se procedió según lo previsto a votar la propuesta de nuevos cargos, pero el presidente saliente no aceptó los resultados y se reafirmó en impugnarlos; esto fue lo que pasó, lo demás son valoraciones», puntualizó Jiménez.

Manuel Amador, por su parte, negó que NC esté detrás de la defenestración de Galindo y comentó que desde hace más de un año se venía planteando su sustitución por no consultar las iniciativas con la asamblea o con el resto de la Junta Directiva. En su opinión, «lo que ha ocurrido es que la vieja guardia de Turcón, los miembros históricos, se han unido para recuperar el prestigio de la organización». Al igual que Jiménez, Amador aseguró que se va seguir adelante con las denuncias presentadas, pues así lo acordó la asamblea. 

Por contra, Rosario Correa Bordes, socia de Turcón y promotora de las demandas sobre presuntas obras ilegales en Tamadaba, afirmó que la sustitución de Galindo fue «una maniobra burda y sucia» por parte del secretario y de un pequeño grupo de miembros. «Ha sido una conspiración en toda regla y al margen de los estatutos, pues la candidatura de la nueva presidenta se presentó fuera de plazo», señaló Correa, quien subrayó que  «ha sido una puñalada por la espalda a un compañero que lleva más de 30 años luchando por el medio ambiente y demostrando su honradez y su decencia». 

«DESPUES DE LO DE HONORIO GALINDO EN TURCÓN, O NOS MOVEMOS, O ACABA EL ECOLOGISMO INSTITUCIONALIZADO»

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Donde a la naturaleza le hace falta una ayuda y defensa, ahí está el incansable compañero Honorio Galindo. Quien era presidente del colectivo ecologista Turcón hasta el pasado viernes 15 de julio en donde en una Asamblea extraordinaria en la que entre los convocantes habían personas que, a la vez que pertenecen al colectivo, son miembros activos de formaciones política y otros son asalariados de administraciones públicas, y que curioso que alguno hasta en el mismo tema y misma competencia, el medio ambiente.
 
Todo esto se ha impugnado y denunciado, dado que en una organización democrática y según la ley de asociacionismo tiene que existir un periodo electoral. No se puede aplicar una especie de OPA en el campo social. Honorio, del que me siento orgulloso por ser compañero, amigo, activista y por todo lo que he aprendido con él. El Barranco de La Mina conoce bien a Galindo y Honorio conoce bien al Barranco de La Mina. Tras tomar café, y con más compañeras y compañeros, allí estuvimos con nuestras herramientas para liberar el agua, al mismo tiempo que se había presentado la denuncia pertinente.
 
En las Charcas de San Lorenzo estuvo presto para que no se secaran y aportó a las vecinas y vecinos de Tamaraceite y San Lorenzo ayuda jurídica y activista. En el palmeral público que ha robado el RIU Oasis para su uso particular, pudimos comprobar el silencio de los medios convencionales, pero él, siempre animoso, “aunque se hayan enterado dos, esos dos harán el efecto multiplicador”.
 
En el fracaso de la recuperación del pinzón azul y en tantas otras necesidades de defensa del medio ambiente, como las locuras del tren o el nefasto Salto de Chira, Salvar Quintanilla, esta Honorio Galindo presente. Y seguirá porque es una persona comprometida con la lucha ecologista, con gran capacidad de trabajo y es honesto. Ahora y ya hablando en general, me preocupan los derroteros que están tomando algunas organizaciones políticas, actuando para absorber y silenciar a las fuerzas sociales. O nos movemos o acaba el ecologismo institucionalizado.
 
(*) Javier Marrero Santana vecino de El Altillo en Moya (1962), gestor socio cultural. Ha trabajado en la Junta de Canarias en la consejería de Sanidad, y con el Gobierno canario en la Dirección General de Juventud. También fue el Jefe de Servicio de Juventud de la Consejería de Asuntos Sociales Juventud y Empleo en el Cabildo de Gran Canaria