Hay noticias que son, simple y llanamente, demoledoras.
Nos despertamos la pasada semana leyendo en los medios de comunicación que en Ingenio iban a desahuciar, de forma inminente, a una familia de ocho personas, de las cuales seis eran menores con edades comprendidas entre los 3 y 14 años. Quien los iba a echar de la vivienda era un fondo buitre, llamado ‘Promontoria Yellowstone’, con sede social en Irlanda.
La tipología de casero encaja perfectamente con el informe publicado por el Consejo General del Notariado, a principios de 2025, en el que se reflejaba que Canarias encabeza a nivel estatal la compraventa de vivienda por personas jurídicas —fondos buitres, empresas, multinacionales, inmobiliarias, etc.—, con un 16,4 % de las operaciones, por encima de “territorios globales” como Madrid o Catalunya y de archipiélagos masificados de turismo como Illes Balears.
También concuerda con otro dato facilitado por la Dirección del Catastro del Ministerio de Hacienda, según el cual Canarias encabeza el ranking estatal de viviendas en manos de grandes tenedores, con un porcentaje del 8,2 %. El doble de la media, ni más ni menos. Algo más de la mitad pertenece a propietarios que tienen entre 10 y 100 inmuebles y el restante a más de 100. ¿Tendrán algo que ver el REF, la ZEC y la RIC? Décadas de bonificaciones de impuestos a los ricos para financiar sus chiringuitos inmobiliarios.
De igual manera, coincide con que Canarias se encuentra en el podio estatal de mayor porcentaje de despidos, quiebras concursales y desahucios. En esta última materia, con 22,5 puntos por cada 100.000 habitantes. Hoy mismo se publicó en prensa que las ejecuciones hipotecarias crecieron en nuestro archipiélago un 26 % entre abril y junio. Todo lo anterior con datos del Consejo General del Poder Judicial.
Según declaraciones recogidas en los medios, desde el Ayuntamiento únicamente ofrecieron a la familia que iban a desahuciar el abono de dos meses de alquiler. Ni recursos de acogida temporales, ni alquileres sociales, ni mediar con el fondo buitre para paralizar el lanzamiento, ni derivarles a una asesoría jurídica. Nada de eso, tan solo 60 días de respiro para que luego les volviesen a botar a la calle.
En esta situación, uno se pregunta si las corporaciones locales están preparadas para algo más que empichar calles, pavimentar, podar árboles, encender el alumbrado navideño y organizar unas buenas fiestas populares. Si es que están a la altura de los desafíos a los que se enfrenta la población canaria del siglo XXI.
Cuando acudes a uno de los clásicos portales inmobiliarios, puedes ver que en la actualidad solo hay disponibles nueve viviendas para alquilar en toda la villa de Ingenio, todas ellas a partir de los 680 euros. Frente a ello, con datos del INE y del Gobierno de Canarias en la mano, existen 2296 viviendas vacías en el municipio (el 16,5 % del parque inmobiliario) y 818 plazas de vivienda vacacional. Tiene también sentido, cuando Canarias también está a la cabeza del Estado en porcentaje de vivienda vacía, con un 20 %, y en porcentaje de viviendas para uso turístico, con un 5 %.
Que el modelo social, económico y territorial de Canarias está colapsando es algo de lo que cada vez más personas somos conscientes, pero todavía falta que aquellos que están al mando de las instituciones se den cuenta. O si ya lo hicieron, que dejen de mirar hacia otro lado.
Con este panorama tan desolador, desde el Gobierno español se aprobó, con marca PSOE, CC y PP, que se pueda dotar RIC para la construcción de viviendas que se destinen al alquiler —como si viviésemos en un territorio ilimitado—, por un máximo de cinco años. Ya luego que se queden vacías, para vivienda vacacional, como segunda residencia, de alquiler temporal o que se alquilen a jubilados europeos y nómadas digitales.
Porque claro, si no estábamos contentos con que el 30 % de la vivienda en Canarias fuese a parar a manos de extranjeros, en su mayoría de alto poder adquisitivo —el 90 % en el caso del sur de Gran Canaria—, ahora también tenemos que tragarnos que el 20 % de la vivienda se alquile a extranjeros, mayoritariamente alemanes, ingleses e italianos. Ponte tú a competir con tu sueldo canario frente a su renta europea.
La pregunta del millón es, por tanto, ¿de qué sirve construir vivienda si luego acaba en usos que no son ni residenciales ni para las personas canarias?
En Drago Gran Canaria siempre lo tuvimos claro. Es fundamental incrementar y regular la oferta para la población canaria mediante la movilización de la vivienda vacía, frenando la vivienda vacacional, declarando zonas tensionadas, concediendo alquileres sociales, gravando con impuestos a la especulación financiera e inmobiliaria o desclasificando suelo turístico.
Pero igual de importante es atajar la demanda de personas extranjeras con alto poder adquisitivo mediante la aprobación de leyes de residencia, limitación de compraventa de vivienda, paralizando las campañas promocionales para atraer a nuevos residentes o eliminando todas las bonificaciones que ahora mismo existen en nuestro régimen económico y fiscal para seguir alimentando el duopolio turismo y construcción.
Entendemos que gobernar a día de hoy les resulte complicado, y que a muchos, especialmente a los que llevan décadas gobernando esta isla, les coge con el pie cambiado, atragantados, sin saber qué hacer, sin propuesta política, sin ideas, sin programa; viendo cómo todo empeora sin poder sacarnos del hoyo. Pues déjennos paso, que aquí tenemos talento, ganas e ilusión de sobra.
Luis de la Barrera, portavoz de Drago Gran Canaria
