Las Administraciones Públicas “juegan”, cada cierto tiempo, a dar voz a los vecinos y sus problemas. Lo llaman “Participación Ciudadana”, incluso hay legislación sobre el particular. La intención en principio es buena, de no ser porque siempre se queda en eso, en la intención. Los que toman las riendas de un municipio, cabildo o Comunidad Autónoma, lo hacen con frecuencia de espaldas a los problemas de los ciudadanos, aunque éstos lleven años “bramando” en los medios de comunicación, redes sociales y en el Registro Oficial de las propias administraciones, sin que ni NADIE de respuesta a sus peticiones.
En ocasiones, algunos Alcaldes o Concejales convocan a reuniones a los vecinos (salvo a los díscolos), para simular que se tiene la voluntad de cumplir con la Ley. Sin embargo es mentira, lo utilizan para sacarse la foto de rigor y el posterior anuncio publicitario de lo que NO tienen intención de hacer, simplemente porque les incomoda tremendamente todo lo que no sea lisonja para sus oídos.
La dura realidad es que NO se suele atender a los problemas de los ciudadanos, pero si a las grandes empresas y corporaciones. No hay más que ver la agenda de reuniones de los políticos en cuanto toman posesión de sus cargos. Los ciudadanos, con más voluntad que acierto, tocan a la puerta de las administraciones, una y otra vez, con la esperanza de obtener solución a sus problemas, pero se encuentran normalmente con una pared de indolencia, cuando no del desprecio.
Catorce años después de la aprobación de la Ley 5/2010, de 21 de junio, de
Fomento a la Participación Ciudadana, la mayor parte de ayuntamientos y demás administraciones públicas canarias, siguen dando la espalda a su obligación de permitir la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Dice el artículo 1 de la citada norma que, la presente ley tiene por objeto fomentar la participación ciudadana, tanto de forma individual como colectiva, en la actividad administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en la vida económica, política, cultural y social, haciendo así realidad parte de los mandatos contemplados en el Estatuto de Autonomía. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10985
El artículo 3 por su parte, habla de la finalidad de la Ley, que dice:
–Fomentar medidas que impulsen la participación ciudadana en una sociedad plural para la defensa de los valores democráticos y solidarios, así como desarrollar los correspondientes instrumentos de intervención de la ciudadanía en las actuaciones de las administraciones públicas.
–Profundizar el acercamiento de las instituciones públicas canarias a la ciudadanía, tratando de involucrarla en la gestión pública que realizan.
–Garantizar a la ciudadanía la información en los procedimientos que promuevan, desarrollen o tramiten las administraciones públicas para conseguir la mayor transparencia en la gestión pública, sin perjuicio de los procedimientos en los que previamente se establezca un periodo de información pública.
–Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de investigación del estado de la opinión pública por parte de la ciudadanía.
–Fomentar la vida asociativa en Canarias, garantizando la convivencia solidaria y equilibrada en la libre concurrencia de iniciativas ciudadanas sobre los asuntos públicos.
–Desarrollar los correspondientes instrumentos de participación ciudadana, entendiendo que son los mecanismos establecidos para la intervención de la ciudadanía en las políticas públicas de las administraciones.
Sin embargo, la realidad es que el cumplimiento de la Ley brilla por su ausencia.
Es desmoralizador que, para determinados políticos en ejercicio, los colectivos ciudadanos no sean más que simples herramientas a su servicio, que utilizan o desprecian a su conveniencia.
Lamentablemente seguimos arrastrando la rémora de la dictadura, en la que el miedo ante todo aquel que ejerciese un mínimo de autoridad imperaba en el pueblo llano. También los que ejercen ese poder siguen sin entender que son SERVIDORES PÚBLICOS, y no dioses consagrados a los que hay que adorar. Claro que ahí es donde se notan las carencias de muchos…
La conclusión final podría ser que, no hay leyes que valgan cuando NO HAY VOLUNTAD DE DIÁLOGO. Igualmente podría decirse que, no hacen falta leyes cuando hay INTERÉS por resolver los asuntos públicos. Sobra decir que, las sinergias que se crean para los que ponen en práctica la escasa virtud del diálogo son incalculables.
Para concluir sólo decir que, la participación ciudadana la ejerce el político que es capaz de sentarse a escuchar y resolver las preocupaciones de los ciudadanos, más allá de leyes y protocolos. Se llama RESPETO y suele ser recíproco.
Paco Vega
