6 GRAN CANARIA

Cuando la Plataforma Ciudadana Salvar Chira Soria Barranco de Arguineguín se constituyó, hace ya unos años, se fijó como objetivo principal demostrar que era posible desarrollar una transición a las energías renovables, sin convertir el Barranco de Arguineguín en un territorio de sacrificio para beneficio exclusivo de grandes inversores, multinacionales y fondos buitres. Se trataba de promover una necesaria transición que fuera justa con el territorio, sus habitantes, la biodiversidad, compatible con el desarrollo de los usos rurales y la protección del patrimonio etnográfico y arqueológico de zonas poco antropizadas, como es el barranco y las cinco zonas de Red Natura que atesora.

Aclaramos, desde entonces, que un proyecto de central hidroeléctrica de bombeo reversible, en zonas donde no discurre agua, es un proyecto irracional que no cumpliría con las expectativas técnicas, de creación de empleo ni de rentabilidad para los ciudadanos. Advertimos que era un engaño más el relato de la Ecoisla, y que el impacto medio ambiental previsto es absolutamente inasumible en una isla excesivamente antropizada y degradada. Se ha explicado repetidamente que el prototipo puesto en marcha en la isla de El Hierro no ha cumplido con ninguno de los objetivos previstos y profusamente publicitados. Recordamos las palabras del presidente del cabildo en los medios de comunicación, cuando decía que las presas estarían llenas en 2024 y, posteriormente, que en 2025.

La única previsión que realmente ha superado lo planificado es la inversión necesaria para construir Salto de Chira. Inversión que pagaremos todos los consumidores de electricidad, para mayor beneficio de su titular, Redeia (REE).

Hemos defendido la necesidad de una planificación técnica y territorial, conforme a las previsiones de demanda de energía, que priorice la eficiencia, el autoconsumo, las comunidades energéticas y que aproveche los suelos antropizados, evitando ocupar el suelo rústico con la coletilla del interés general.

Cuando decimos que otra manera de gestionar este proceso es viable, es rentable y, sobre todo, es sostenible, lo hacemos con datos. Por eso, les aportamos, una vez mas, datos comparativos para ilustrarlo, sin que ello suponga que nos posicionemos al lado de ninguna empresa, consorcio o cualquier otra organización, manteniendo nuestra independencia y capacidad de crítica por encima de cualquier interés particular.

Considerando que en la actualidad sigue siendo necesario contar con centrales térmicas con combustibles fósiles, como respaldo de nuestro pequeño sistema eléctrico aislado, hemos defendido sustituir los grupos existentes por otros más pequeños y flexibles que permitan incrementar la penetración de generación de fuentes renovables. También hemos defendido que, en tanto no existan mejores sistemas de almacenamiento de los excedentes de renovables, la mejor opción es la del almacenamiento en baterías.

El pasado 26 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el anuncio de la Dirección General de Energía, sometiendo a información pública la petición de autorización administrativa formulada por la mercantil “Solar Joint Venture 6, SL” para instalar, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, un sistema de almacenamiento de energía con baterías.

Se trata de una instalación formada por 12 paquetes de baterías LFP (Litio-ferrofosfato) en modo ‘stand alone’ (gestión inteligente en red) en el Muelle Grande del Puerto de Las Palmas. Tendrá una capacidad de 60 MWh y una potencia máxima de 15 MW. El Presupuesto de ejecución material es de 8,35 millones de euros.

Con ello, disponemos de datos concretos para hacer una comparativa con el almacenamiento previsto en Salto de Chira-

El Presupuesto de la central de bombeo reversible de Chira-Soria, ya asciende a 589 millones de euros, aprobados en la orden Ministerial de 2 de diciembre de 2022 (publicado en el BOE de 17 diciembre de 2022), a lo que hay que añadir el coste de adecuación de las presas de Chira y de Soria, que permitirá que Red Eléctrica pueda utilizar dichas presas para su negocio, que vamos a pagar entre todos los grancanarios, a través del Consejo Insular de Aguas, y que por el momento asciende a 31,53 millones de euros. El coste total, a falta de conocer los sobrecostes por imprevistos y por el retraso que acumula la obra, es de 621 millones de euros.

La capacidad de almacenamiento de la central de bombeo, según el proyecto, será de 3.200 MWh. Harían falta 53 sistemas de almacenamiento con baterías, como el previsto en el puerto, para alcanzar los 3.200 MWh, y su coste total ascendería a 442,5 millones (53 centrales x 8,35 M€).

Sin embargo, mientras la central de Chira-Soria tendrá una potencia inicial de 200MW, los 53 sistemas de almacenamiento alcanzan los 795 MW. Una potencia muy por encima del pico de potencia de Gran Canaria y que permitiría responder a toda la demanda de la isla durante más de 7 horas. Los 53 sistemas de almacenamiento distribuidos por toda la isla, aportarían mayor seguridad de suministro frente a posibles apagones que la sobrevalorada central de Chira-Soria.

Cierto que la vida útil de las baterías es menor y que habría que reponerlas, pero esto queda compensado por la mayor eficiencia de los sistemas de baterías, superior al 95%, frente a los saltos de agua, que no superan el 60%, y que en el caso de “Gorona del Viento”, anda más bien en el 40%. Mientras que el coste del MWh suministrado por las baterías oscila entre 75 y 105 euros/MWh, en función de la generación media diaria, el coste del MWh en Chira Soria, en condiciones óptimas, estará entre 110 y 230 euros/MWh.

La central de bombeo Chira-Soria es mucho más cara que una instalación equivalente de baterías, incluida su reposición al final de su vida útil. A la ineficiencia intrínseca, se une al alto costo de construcción y explotación de la central Chira-Soria, que incluye desalación y bombeo del agua desalinizada hasta las presas y los dos túneles de acceso.

Mientras que las 53 plantas de almacenamiento pueden distribuirse entre polígonos industriales, sin causar impacto ambiental, Salto de Chira supone la transformación del barranco, la ocupación de las presas, la contaminación con salmuera, la colocación de torres eléctricas en espacios protegidos y el aumento exagerado del consumo de renovables para compensar la baja eficiencia del almacenamiento, obligando a instalar más renovables (placas fotovoltaicas y aerogeneradores). En teoría, Chira-Soria consumirá 1,7 kWh para suministrar 1 kWh. El funcionamiento real será peor, llegando a necesitar 2 kWh para devolver 1kWh a la red. En el caso de la central de bombeo de Gorona del Viento en El Hierro, la eficiencia es del 40%, necesita consumir de 2,5 kWh para suministrar 1 kWh. Mientras que las baterías consumen 1,05 kWh para dicho suministro.

Desde la Plataforma Ciudadana Salvar Chira Soria siempre hemos apostado por otras alternativas más adecuadas para un territorio frágil que no dispone del recurso hídrico necesario para la implantación de centrales hidroeléctricas y de bombeo. Los sistemas de baterías se muestran, en el momento actual, como los sistemas más aptos para Canarias y, en general, para todas las zonas en las que haya un buen recurso eólico y solar. Las tecnologías de baterías LPF y de ion Sodio son una buena solución para aumentar la penetración de renovables y la seguridad energética.

Plataforma Ciudadana Salvar Chira Soria Barranco de Arguineguín

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Cada vez es más frecuente encontrar en los lineales de algunos supermercados productos que, bajo una apariencia “canaria”, esconden en realidad un origen lejano y ajeno a nuestra tierra. El caso más reciente que me encontré fue el de unos tomates con la etiqueta “compro canario” adornada con un corazón en los colores de la bandera canaria. Hasta ahí todo bien, salvo por un detalle: el producto venía de Polonia. No es un hecho aislado. Lo mismo ocurre con papas procedentes del Reino Unido, camufladas bajo rótulos ambiguos que juegan con la buena fe de las personas consumidoras.

Este tipo de prácticas no solo son un fraude a las personas consumidoras que creen estar apoyando el producto local, sino también un golpe directo al sector primario de Gran Canaria, ya de por sí castigado por la globalización, los costes de transporte y la competencia desleal.

La respuesta está en manos de las administraciones, que deben actuar con determinación para proteger a quienes producen y a quienes consumimos. La clave está en la creación y consolidación de figuras de protección: Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) o Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG).

Estos sellos no son simples siglas. Son herramientas jurídicas que aportan garantía, trazabilidad y valor añadido. El Reglamento europeo (R-UE 1151/12) es claro al respecto: permiten proteger el nombre de los productos agrícolas y alimenticios vinculados a una zona geográfica, aseguran una remuneración justa a las personas productoras y ofrecen a las personas consumidoras información transparente. En otras palabras: nos permiten diferenciar lo auténtico de lo impostado.

Gran Canaria posee una riqueza agroalimentaria que forma parte de su identidad cultural y de su futuro económico. Papas antiguas, quesos artesanos, vinos, mieles únicas, gofio… Son tesoros que no podemos dejar en manos del mercado sin protección. Su calidad no es solo cuestión de sabor o tradición: responde a un vínculo inseparable con el medio geográfico y humano que los produce.

El Cabildo de Gran Canaria ya ha dado pasos importantes en esta dirección, apoyando al sector primario en la creación de sellos de calidad y en la valorización de nuestros productos. Ese debe ser el camino: apostar por sistemas que diferencien lo nuestro, que refuercen su prestigio y que hagan imposible que un tomate polaco se vista con el traje de la canariedad.

Como consumidores, también tenemos un papel. Debemos mirar con atención las etiquetas, aprender a reconocer qué significan DOP, IGP o ETG, y exigir transparencia. Porque cuando compramos un producto local con un sello de calidad, no solo adquirimos un alimento: estamos apoyando a nuestro mundo rural, a nuestras personas agricultoras y ganaderas, y a un modelo de futuro sostenible.

Gran Canaria no puede permitirse perder su patrimonio agroalimentario en manos del engaño y la confusión. Las administraciones deben apoyar las figuras de protección, y las personas consumidoras debemos ser exigentes y responsables. Solo así lograremos que cuando en un lineal veamos “producto canario”, sepamos con certeza que lo que tenemos delante es auténtico, de nuestra tierra y con el valor añadido que nos distingue.

Diego Fernando Ojeda Ramos, fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria