La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Mónica Muñoz, ha advertido este viernes de la situación “absolutamente crítica e insostenible” que atraviesa el Partido Judicial de Telde tras la implantación de la Fase II del Nuevo Modelo Organizativo.
Según ha señalado Muñoz en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, el diagnóstico trasladado por los propios operadores jurídicos es “desolador” y ya no admite eufemismos ni apelaciones a una simple fase de ajuste o transición. “Estamos ante un escenario de colapso funcional que exige la adopción inmediata de medidas por parte de las administraciones competentes”, afirmó.
La también presidenta del PP de Telde explicó que la situación está afectando de manera directa a la tramitación de los procedimientos, a la organización interna del órgano judicial y, en definitiva, al derecho de los ciudadanos a recibir una respuesta judicial en condiciones de normalidad.
Muñoz recalca que los datos trasladados por responsables del propio Tribunal de Instancia del Partido Judicial de Telde resultan especialmente preocupantes. Según indicó, existen miles de escritos y procedimientos almacenados, con una acumulación que oscila entre 5.000 y 10.000 asuntos pendientes de tramitación, mientras se intenta estabilizar el nuevo sistema organizativo. “Se ha generado un desfase evidente entre la exigencia normativa y la capacidad operativa real de estos juzgados”, subrayó.
La diputada popular, abogada de profesión, insistió en que esta situación no responde a percepciones políticas. “No lo dice esta diputada. Lo están diciendo los representantes de los trabajadores, los profesionales del ámbito judicial y los propios responsables del órgano. No hablamos de opiniones partidistas, sino de una realidad constatada por quienes trabajan diariamente en el sistema”, apuntó.
Asimismo, recordó que detrás de cada expediente no hay estadísticas ni cifras, “sino personas concretas que en muchos casos se desesperan ante la cronicidad de sus trámites”.
Mónica Muñoz aclaró que no se trata de cuestionar la necesidad de modernizar la Justicia, “que es imprescindible”, sino de hacerlo garantizando la continuidad y estabilidad del servicio público. “Cuando los efectos prácticos revelan desajustes de esta entidad, la responsabilidad institucional no es negarlos, sino corregirlos”, añadió.
En este contexto, y desde una posición constructiva, Muñoz propuso la adopción inmediata de medidas proporcionadas a la magnitud del problema: un refuerzo temporal extraordinario de las unidades más sobrecargadas para aliviar la acumulación existente; la puesta en marcha de un plan específico de choque para la ordenación y tramitación de los expedientes pendientes, con objetivos claros y seguimiento periódico; y la implementación de una política de información clara y transparente, dirigida tanto a los profesionales como a la ciudadanía, que permita conocer el estado real de la situación y las medidas adoptadas.
“Modernizar sí, pero con planificación, recursos y responsabilidad. Lo contrario solo genera inseguridad jurídica y perjudica a los ciudadanos”, concluyó.
