Lo vivido el pasado domingo en Jinámar no fue un accidente ni una sorpresa. Fue la repetición de un guion ya conocido, asumido con preocupante normalidad por quienes tienen la obligación de evitarlo. Un barrio entero colapsado, accesos bloqueados, calles convertidas en embudos imposibles, vehículos mal estacionados y una ausencia total de dirección y control del tráfico en un día en el que miles de personas acudieron al mercadillo dominical.
La imagen fue clara y desoladora: ni Policía Local de Telde, ni Protección Civil, ni responsables municipales visibles. Nadie del Ayuntamiento dando explicaciones, nadie coordinando, nadie previniendo riesgos. Los vecinos, mientras tanto, no podían entrar ni salir de sus propias viviendas, con accesos de emergencia inutilizados y una sensación generalizada de abandono. La única “gestión” visible recayó, una vez más, en los aparcacoches, convertidos de facto en reguladores del tráfico ante la pasividad institucional.
Este escenario, lejos de ser puntual, es estructural. Domingo tras domingo, año tras año, el Mercadillo de Jinámar se convierte en un foco de caos sin que se adopten medidas serias. Se ha denunciado en múltiples ocasiones, se ha advertido del riesgo, se ha escrito y hablado hasta la saciedad. Nada cambia.
A esta dejación se suma otro factor que agrava aún más la situación: una parte significativa de Jinámar pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y tampoco allí hubo una respuesta a la altura. La presencia de agentes municipales de Las Palmas se limitó, según testigos, a los alrededores del mirador, únicamente para sancionar a vehículos mal estacionados o en plazas para personas con movilidad reducida. Cumplir la ley es necesario, pero resulta cuanto menos chocante que esa sea la única actuación visible, sin implicación alguna en la regulación del tráfico o en la prevención de un colapso evidente.
El resultado es demoledor: los agentes de Telde no aparecen, los de Las Palmas de Gran Canaria solo aparecen para multar, y Jinámar queda atrapada en un vacío administrativo donde nadie asume la responsabilidad global.
El empresario, activista social y comunicador Germán Ramos Ramos, con puesto en el Mercadillo de Jinámar, expresó públicamente una reflexión que resume el sentir de muchos vecinos: la preocupación no es solo por el colapso, sino por el silencio institucional. Señaló con dureza la incoherencia entre el discurso político y la realidad, y alertó de un hecho especialmente grave: las salidas de emergencia del mercadillo llegaron a estar bloqueadas, con el riesgo evidente que eso supone si se produjera cualquier incidente.
Nada de esto es nuevo. Lo verdaderamente alarmante es que siga ocurriendo sin consecuencias políticas. Pero la crítica no puede dirigirse únicamente al gobierno municipal de Telde, encabezado por el alcalde Juan Antonio Peña. La oposición tampoco ha estado a la altura, sin liderar una denuncia firme ni ponerse al frente de una reclamación ciudadana que lleva demasiado tiempo esperando respuestas.
Ahora, con la noche de Reyes a las puertas —un evento que puede reunir a más de 20.000 personas— la preocupación crece. Si con unas 15.000 personas el barrio queda bloqueado y sin control, ¿qué puede ocurrir en un evento de mayor magnitud? ¿Habrá un plan real de seguridad, emergencia y evacuación, o se volverá a confiar todo a la suerte?
Jinámar no necesita más discursos ni más multas aisladas. Necesita coordinación entre ayuntamientos, presencia real de los servicios públicos y una gestión que anteponga la seguridad y la dignidad de sus vecinos. Porque cuando el poder público calla, no actúa o solo aparece para sancionar, el mensaje es claro: el problema no es el tráfico, el problema es el abandono.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
