Canarias no puede regular su vivienda porque no la dejan: Liberación Canaria exige un estatus PTU para proteger el derecho de la población canaria a residir en su tierra con dignidad.
El dialogo en la calle no deja lugar a dudas, familias expulsadas de sus viviendas por alquileres imposibles, más de 15.000 jóvenes, la mayoría titulados, obligados a salir de las Islas para optar a construir una vida, docentes canarios obligados a vivir en condiciones de infravivienda, o aún peor, a renunciar a su plaza por no poder acceder a una vivienda en la isla de destino, aparte de haberse visto obligados a competir este año con más de 2000 docentes foráneos en el acceso a esas viviendas; cientos de familias compitiendo por los pocos inmuebles disponible para alquiler de larga temporada a un precio asequible, amigos y amigas, conocidos y conocidas de todos nosotros impedidos a pagar el precio del alquiler ante el alza de los precios motivados por la especulación inmobiliaria derivada de una actividad turística que carece de la necesaria regulación para proteger, ni siquiera ya que beneficie o que ayude a redistribuir la riqueza, sino que simplemente no ahogue, no perjudique a la población local, en resumen situaciones que todos los canarios conocemos aunque el problema no se ha reconocido desde las instancias oficiales, pero que la realidad cotidiana no deja lugar a dudas: los canarios están viendo amenazado su derecho fundamental a residir, y desplegar su vida en sus islas, con dignidad.
El gobierno de Clavijo conoce perfectamente las limitaciones del marco RUP, pero prefiere el espectáculo mediático a las soluciones reales.
En Liberación Canaria lo decimos claro: lo que pasa con la vivienda en el archipiélago es un auténtico atropello. Mientras el Gobierno autonómico lanza titulares sobre limitar la compra de casas por parte de extranjeros, la propia consejera de Hacienda reconoce en el Parlamento que eso “no está autorizado” en el actual marco europeo. Y mientras tanto, la realidad va por delante: Canarias ya es la comunidad donde más viviendas se venden a foráneos, casi un 30% en el último trimestre.
Lo vivimos en carne propia, lo vemos en cada barrio: los más afectados los jóvenes, pero también familias enteras, especialmente y como siempre los más vulnerables que en Canarias alcanza la friolera las 700.000 personas en riesgo de exclusión social, casi un 50% de la población no tiene capacidad de hacer frente a un gasto imprevisto, ni puede irse de vacaciones una semana al año, ante esta situación miles de familias están siendo expulsadas de sus viviendas y de sus barrios por el alza imparable del precio del alquiler, pueblos y barrios enteros convertidos en parques temáticos, y todo porque aquí no tenemos herramientas jurídicas reales para frenar este despropósito.
Las personas con responsabilidad para articular una solución real se limitan a decir que ‘Europa no deja’ y que ‘Madrid no permite’, porque el actual marco de Región Ultraperiférica (RUP) nos ata de pies y manos, pero lo que las personas que nos gobiernan no dicen, ni se abren a estudiar es la posibilidad real de cambiar el marco actual de relación con la Unión Europea, porque soluciones para limitar la compra de vivienda y regular la capacidad de carga del Archipiélago si existen, pero hay que ponerse en marcha, y con urgencia. Canarias necesita modificar su estatus actual de relación con la UE, pasando del estatus actual de RUP a un estatus PTU que nos dé capacidad fiscal, residencial y regulatoria propia. De lo contrario, seguiremos mirando cómo suben los precios y cómo se nos va la gente”, afirmamos desde la organización.
Tres noticias que cuentan lo mismo
- La consejera de Hacienda enfría la “ofensiva” de Clavijo porque sabe que el derecho europeo, con el marco regulatorio RUP actual, protege la libre circulación de capitales y personas casi sin fisuras.
- Los registradores confirman que Canarias ha adelantado a Baleares en ventas de vivienda a extranjeros, con precios muy por encima del bolsillo de la gente de aquí.
- Y ahora se habla de que los ayuntamientos puedan poner límites, pero eso depende otra vez de cambios en Madrid y de Bruselas, con trámites eternos y más humo que soluciones.
En resumen: se multiplican las promesas del Gobierno de Canarias, pero no bajan los alquileres ni aparecen casas asequibles.
Qué permitiría un estatus PTU
El estatus de País y Territorio de Ultramar (PTU) existe ya para otros territorios europeos. No es salirse de Europa, es tener un traje a medida. Con un PTU, Canarias podría:
- Regular la compra de vivienda con criterios claros de residencia efectiva, protegiendo al vecino de siempre frente al especulador de turno.
- Aplicar fiscalidad que disuada a fondos buitre y compradores ocasionales, y al mismo tiempo bonificar la vivienda habitual del residente canario.
- Blindar barrios y municipios frente a la turistificación salvaje, con capacidad real de vetar o limitar viviendas vacacionales.
- Y sobre todo, negociar directamente con Europa un régimen propio que no dependa de pedir permiso en cada paso.
“El monte se cuida con gente que lo conoce, y la vivienda igual: se protege con leyes hechas aquí, no con normativas pensadas para Bruselas o Madrid”, subrayamos desde Liberación Canaria.
Medidas inmediatas
Mientras en Liberación Canaria nos posicionamos por este cambio de estatus, exigimos pasos concretos ya: declarar zonas tensionadas y congelar licencias turísticas, recargos fiscales a compras no residentes, un registro de viviendas vacías con sanciones si no se ponen en alquiler, y un parque público estable que asegure techo a las familias.
Porque si aquí no podemos decidir sobre lo más básico, como dónde vivir y a qué precio, o cuantas personas caben en las islas, entonces tenemos el mayor problema de todos: la incapacidad jurídica y legislativa para defendernos.
Canarias no puede seguir siendo una tierra para invertir, pero no para vivir. No podemos resignarnos a que la casa de un canario valga menos que la billetera de un alemán, ni a que la emigración vuelva a ser la única salida para nuestra juventud.
