Cada vez es más frecuente encontrar en los lineales de algunos supermercados productos que, bajo una apariencia “canaria”, esconden en realidad un origen lejano y ajeno a nuestra tierra. El caso más reciente que me encontré fue el de unos tomates con la etiqueta “compro canario” adornada con un corazón en los colores de la bandera canaria. Hasta ahí todo bien, salvo por un detalle: el producto venía de Polonia. No es un hecho aislado. Lo mismo ocurre con papas procedentes del Reino Unido, camufladas bajo rótulos ambiguos que juegan con la buena fe de las personas consumidoras.
Este tipo de prácticas no solo son un fraude a las personas consumidoras que creen estar apoyando el producto local, sino también un golpe directo al sector primario de Gran Canaria, ya de por sí castigado por la globalización, los costes de transporte y la competencia desleal.
La respuesta está en manos de las administraciones, que deben actuar con determinación para proteger a quienes producen y a quienes consumimos. La clave está en la creación y consolidación de figuras de protección: Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) o Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG).
Estos sellos no son simples siglas. Son herramientas jurídicas que aportan garantía, trazabilidad y valor añadido. El Reglamento europeo (R-UE 1151/12) es claro al respecto: permiten proteger el nombre de los productos agrícolas y alimenticios vinculados a una zona geográfica, aseguran una remuneración justa a las personas productoras y ofrecen a las personas consumidoras información transparente. En otras palabras: nos permiten diferenciar lo auténtico de lo impostado.
Gran Canaria posee una riqueza agroalimentaria que forma parte de su identidad cultural y de su futuro económico. Papas antiguas, quesos artesanos, vinos, mieles únicas, gofio… Son tesoros que no podemos dejar en manos del mercado sin protección. Su calidad no es solo cuestión de sabor o tradición: responde a un vínculo inseparable con el medio geográfico y humano que los produce.
El Cabildo de Gran Canaria ya ha dado pasos importantes en esta dirección, apoyando al sector primario en la creación de sellos de calidad y en la valorización de nuestros productos. Ese debe ser el camino: apostar por sistemas que diferencien lo nuestro, que refuercen su prestigio y que hagan imposible que un tomate polaco se vista con el traje de la canariedad.
Como consumidores, también tenemos un papel. Debemos mirar con atención las etiquetas, aprender a reconocer qué significan DOP, IGP o ETG, y exigir transparencia. Porque cuando compramos un producto local con un sello de calidad, no solo adquirimos un alimento: estamos apoyando a nuestro mundo rural, a nuestras personas agricultoras y ganaderas, y a un modelo de futuro sostenible.
Gran Canaria no puede permitirse perder su patrimonio agroalimentario en manos del engaño y la confusión. Las administraciones deben apoyar las figuras de protección, y las personas consumidoras debemos ser exigentes y responsables. Solo así lograremos que cuando en un lineal veamos “producto canario”, sepamos con certeza que lo que tenemos delante es auténtico, de nuestra tierra y con el valor añadido que nos distingue.
Diego Fernando Ojeda Ramos, fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria
