El último proceso de estabilización docente en Canarias nació, en teoría, para arreglar un problema serio: nuestras altísimas tasas de interinidad. La Unión Europea metió presión, obligando a reducirlas de golpe, y el Estado puso sobre la mesa un plan “extraordinario” para hacerlo. Sobre el papel parecía el inicio de una buena noticia, pero la verdad es que en el archipiélago se convirtió en un despropósito anunciado.
El Gobierno de Ángel Víctor Torres, del PSOE, fue el primero en mover ficha, y no lo hizo con cuidado, sino a lo grande: unas 2.000 plazas de golpe en el concurso de méritos, más o menos el mismo número que el resto de comunidades juntas. Mientras otros territorios protegían a su profesorado interino con convocatorias más moderadas, aquí se abrió la puerta de par en par. Y sí, muchos pensamos que no fue inocente, que era un guiño a Pedro Sánchez para ir allanando un futuro en Madrid, aunque eso significara dejar vendidos a cientos de docentes canarios.
Y ya el conejo me esriscó la perra: miles de aspirantes de fuera del Archipiélago vieron en Canarias una oportunidad fácil, con un concurso y una oposición extraordinaria sin pruebas eliminatorias, tal y como marca el Real Decreto estatal. El resultado final: más de la mitad de las plazas fueron para gente que nunca ha trabajado aquí. Gente que nunca se leyó el currículo educativo de Canarias, que no saben cómo es el entorno del alumnado del archipiélago, vamos, que ni saben quién fue Artemi Semidán o Bencomo. La Consejería intentó frenar el golpe retrasando su incorporación hasta el curso 25/26, pero el daño está hecho, y en la adjudicación de destinos del próximo curso muchos interinos canarios se han visto desplazados. Gente que llevaba varios años en Fuerteventura obligados a trabajar en otra isla, o que directamente no obtuvieron ninguna vacante, y lo mismo pasará con los sustitutos, es una efecto dominó que va perjudicando a los que están abajo.
Y lo que más duele es que había formas muy simples de haber evitado parte del problema. Bastaba con exigir que la inscripción fuese presencial para quienes quisieran presentarse en Canarias, un filtro mínimo que habría ahorrado esta avalancha y protegido el empleo local. Pero no se hizo, y ahora pagamos todos la factura.
Esto no es nuevo. En 1977, en plena Transición, el Ministerio convocó unas oposiciones que podían expulsar a miles de maestros interinos de las islas y llenar nuestras aulas con profesorado recién llegado de la Península, sin vínculo con la realidad canaria. La reacción entonces fue contundente: boicot, encierros, manifestaciones, y una negociación que acabó con una vía excepcional para estabilizar al profesorado de aquí. Aquello no solo salvó empleos, también defendió un modelo educativo con raíces en nuestra tierra.
La diferencia entre entonces y ahora no es la amenaza, que es casi calcada, sino la respuesta. En 1977 se actuó antes de que el daño fuera irreversible, se entendió que la escuela no es un simple lugar donde se da clase, sino un espacio que transmite cultura, identidad y compromiso con la comunidad. Hoy, en cambio, vemos cómo se permite que la marea entre, y solo después de darse cuenta del desastre, intentaron pararla, pero con un balde.
Algunos se excusan diciendo que “la ley venía de Madrid” o que “la UE obligaba”, pero lo cierto es que otras comunidades demostraron que había margen para proteger a su gente. Aquí, en cambio, se optó por las prisas, por la foto, por la política de escaparate, y ahora las consecuencias las sufren quienes llevan años en las aulas.
La educación en Canarias no es un servicio cualquiera, es un bien común, un patrimonio que se construye con estabilidad y con gente que conoce y vive la realidad de las islas. En 1977 lo supimos defender y lo conseguimos, en 2024 reaccionamos tarde y con resignación… y es que cada vez que bajamos la guardia, perdemos nuestros derechos.
La comunidad educativa parece adormilada, esperando que las cosas se arreglen solas, pero nada se arregla solo, si queremos una escuela pública fuerte, con arraigo y continuidad, toca despertar. Porque si no salimos a la calle a defender lo nuestro, otros decidirán por nosotros… y no será precisamente para mejorar.
Daniel Falero (Liberación Canaria)
