La UTE compuesta por Sufi y Santana Cazorla recuperará la concesión de los servicios de limpieza viaria, playas y recogida de residuos el 1 de diciembre. La Junta de Gobierno Local tomó ayer conocimiento de la sentencia impuesta por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular es la jueza María Tovar, y procederá a notificar en los siguientes días a Fomentas Construcciones y Contratas (FCC) la anulación de su contrato.
Por otro lado, en la misma sesión se aprobó la revocación por parte de la Diócesis de Canarias del convenio de cesión del servicio de mantenimiento y sepultura de los cementerios de San Gregorio y San Juan por desacuerdos en el documento previo al convenio (en donde se detallan las condiciones que impone la institución religiosa) que se alcanzó en diciembre del año pasado. El servicio jurídico del Ayuntamiento de Telde ya ha puesto en marcha los trámites para volver a traer un nuevo convenio de este servicio a la Junta de Gobierno, que desde el año 2016 se realiza mediante contratos puntuales a diferentes empresas que son abonadas tras llevar a Pleno reconocimientos extrajudiciales de crédito.
El gobierno local explica que en ambos casos se está trabajando para solucionar cuanto antes las dificultades. La concejala de Vivienda, Carmen Hernández, adelantó el pasado lunes que aunque la rescisión del contrato de limpieza con FCC podría acarrear un recurso de la empresa para luchar por sus propios intereses, no creía que eso pudiera causar daño al Ayuntamiento y negó que el cambio de concesionaria pudiera provocar gastos económicos al Consistorio. De hecho, los informes jurídicos indican que ninguna de las empresas afectadas tiene derecho a indemnización.
Por otro lado, el nuevo contrato partirá de los términos iniciales impuestos en el concurso de residuos que se realizó en el año 2008: una duración de 15 años, un presupuesto de 7.425.167,93 euros y la compra por parte de la empresa adjudicataria de nueva maquinaria a emplear en el área, que pasará a ser propiedad de la administración. También queda estipulado la continuidad de todos los trabajadores en sus puestos, e incluso la restitución de una gran parte de empleados que fueron cesados tras los recortes que debió realizar el grupo de gobierno dirigente en el mandato del 2011 al 2015 a raíz del Plan de Ajustes.
La UTE denunció en 2009 a la administración local por retirarle el contrato de estos servicios un mes después de que se le hubiese adjudicado por ser la mejor oferta económica. Este hecho puede vincularse a que el gobierno local inhabilitó a la empresa Santana Cazorla por la construcción del aparcamiento de Arauz por no cumplir con el contrato y provocó también que la dejasen al margen a la constructora de las obras del Plan Feile, así como del contrato del servicio municipal de limpieza. La sentencia de este último contrato fue publicada el 17 de octubre de 2014 y se declara que la UTE no incurrió en prohibición de contratar con la administración y se obliga a restituirla en su posición como adjudicataria.
La Junta de Gobierno aprobó además de este asunto un total de 14 licencias de obras mayores entre las que se incluye la modificación del proyecto de edificación de un centro de ventas al por menor de la cadena de supermercados Lidl en el parque empresarial de Melenara, que lleva construyéndose desde marzo.
La empresa ha solicitado como principal intervención subir el edificio en su conjunto sin pasar de la altura reguladora, variando las cotas de planta de aparcamiento y nivel de la tienda. Asimismo, la modificación no supone un incremento en la superficie construida si no, por el contrario, una reducción de 2.411,95 a 2.410,71 metros cuadrados.
La Provincia-Dlp
