El Ayuntamiento de Telde suspende las actividades al aire libre por el temporal

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El Ayuntamiento de Telde ha suspendido todas las actividades y eventos deportivos, festivos, culturales, de ocio, ferias y comercio ambulante organizadas por el Consistorio que se celebran al aire libre debido a la previsión de fenómeno meteorológico adverso y la alerta decretada por la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias. 

El concejal de Seguridad, Juan Martel, explica que la medida adoptada incluye el cierre de los parques urbanos con arboleda ta que las condiciones meteorológicas mejoren y no conlleven riesgo para la integridad de la ciudadanía.

Las personas o colectivos que deseen realizar una consulta o notificar alguna incidencia pueden llamar a los teléfonos de la Policía Local (928139060) o Protección Civil (928692358). Asimismo, Martel recuerda que las emergencias deben comunicarse llamando al 112 y puede solicitarse información en el 012.

Un ‘banquillo’ vacío

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Estos días estamos viendo con sorpresa como se efectúa un juicio sin acusados. Sí, sin acusados. Me explico con el sencillo razonamiento de que para que exista un juicio, debe existir al menos un acusado, el cual debe sentarse, por Ley, en su lugar dentro de la sala del juicio, y no es otro lugar que el siempre conocido por “EL BANQUILLO”.

Estamos Acostumbrados a ver sentados en el susodicho “BANQUILLO”, a los acusados hasta que exista una sentencia del juicio. Hemos podido ver a terroristas, funcionarios, chorizos del tres al cuarto, políticos de cualquier índole, que han posado para los medios, bien sentaditos, para que la hemeroteca tenga su sentido y custodia Per Sempre de la imagen.

A lo que no estoy acostumbrado, es a esa situación ocupacional en la que se encuentran los acusados del caso FAYCAN, dejo claro y reitero que hablo de acusados, no de presuntos acusados. Si tiene que estar sentado en el BANQUILLO, es usted un acusado, ya no es presunto, es ACUSADO. Presunto lo fueron hasta que se señalo fecha para el juicio y ya veremos, si en la sentencia se deja clara su situación penal, de inocente hasta culpable, pasando por el lagrimeo de los pactos, como si esto fuera un tribunal USA, que aquí hay mucho IRONSIDE al uso y disfrute de cualquier impertinente.

A mi me da lo mismo, si robaron, sustrajeron o se gastaron las perras en putas, pues ninguno va a devolver un céntimo, de lo que se supone se han llevado por la cara. Lo que si me importa, es el DESCARO con el que se han escaqueado del banquillo de los acusados. Las imágenes del juicio, que exponen los medios, son muy significativas.

A saber, el primer día todos en el banquillo, había espacio suficiente dentro de la sala, se hicieron la foto pues no les quedaba mas remedio, pero a partir de ese día, todos ellos, los acusados, repito TODOS LOS ACUSADOS, se sientan donde les viene bien, pero evitan sentarse en el lugar destinado para ellos, que es simplemente “EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS”.

Los vemos sentados en los lugares destinados a los abogados de la defensa, justamente detrás de ellos, escondiditos a las imágenes de los medios, evitando lo inevitable. Un lugar que podrían ocupar, si esos acusados fueran letrados y además podrían llevar hasta la toga, pero este no es el caso. El caso es simplemente, que no están ocupando el lugar destinado para los acusados que es sencillamente, “EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS”.

Se dice por ahí, que le pidieron permiso al presidente del tribunal, para estar más cerca de sus abogados y poder participar más y mejor en su defensa. Al parecer no han tenido suficiente con los 12 años de instrucción, para preparar su defensa.

Se sientan el primer día, solo el primer día, en el banquillo a los 28 acusados de haber formado parte de una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde en la etapa 2003-2006, periodo en el que gobernaban PP y Ciuca.

El fiscal acusó a 29 en 2013. Entre los encartados hay dos ex-alcaldes de la ciudad, ambos del PP, Francisco Valido y María del Carmen Castellano (aunque a esta última se la juzga por su etapa de edil), 3 ex-ediles (dos del PP y uno de Ciuca), 2 ex-cargos de confianza del PP, 6 empleados del Ayuntamiento, 11 empresarios, y 4 familiares de otros de los acusados.

La gran ausente en la sala ha sido Antonia Torres, ex-concejal de Obras y considerada cabecilla de la trama, que se quitó la vida en 2010, pero que, pese a todo, será muy citada en las sesiones. Claro, como un muerto no puede defenderse. Yo me arriesgo a confirmar, que ella se llevará todas las culpas, es una acción clásica en esta España, donde siempre la culpa se la dan al muerto.

Hay muchos ENIGMAS DE LA MIERDOCRASIA DESDE 1978, PREGÚNTATE ¿A QUIEN O QUIENES BENEFICIAN ESTOS ACTOS? Y VERÁS LA LUZ.

Tenemos el 23F,11M, ASESINATO DE ERNEST LLUCH, ASESINATO DE ENRIQUE CASAS, ASESINATO DE GREGORIO ORDOÑEZ, ASESINATO DE FERNANDO MÚGICA, ASESINATO DE MIGUEL ANGEL BLANCO, ASESINATO DE ALBERTO-JIMENEZ BECERRIL, ASESINATO DE TOMAS CABALLERO, ASESINATO DE MANUEL ZAMARREÑO, ASESINATO DE JESÚS MARIA PEDROSA, ASESINATO DE JOSÉ MARIA MARTÍN CARPENA, ASESINATO DE JOSÉ LUIS CASADO, ASESINATO DE FRANCISCO CANO, ASESINATO DE FERNANDO BUESA. ASESINATO DE JUAN MARÍA JAUREGUI, ASESINATO DE LAS NIÑAS DE ALCASER. INFARTO DE RITA BARBERÁ, SUICIDIO DE MIGUEL BLESA, ASESINATO DE MARTA DEL CASTILLO, SUICIDIO DE JUAN PEREZ MORA, ¿MUERTE? DE FRANCISCO JOSÉ YÁNEZ ROMÁN, ¿MUERTE? DE MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ, ¿MUERTE? DE JOSÉ MARTÍNEZ NÚÑEZ., ¿ACCIDENTE CEREBROVASCULAR? DE ANTONIO PEDREIRA, ¿ACCIDENTE EN UN BARRANCO? DE ISIDORO CUBEROS, ¿MUERTE? DE LEOPOLDO GOMEZ, ¿MUERTE? DE JOSÉ MANUEL MAZA, el tintero está lleno. Ahora dadme pan y llamadme tonto.

El Fiscal, después de todo el dinero y tiempo gastado en el asunto, se arranca con unos pactos con los acusados, para que al final no cumplan una condena y acepten las acusaciones, con lo que solo se verán con condenas de menos de dos años y así no van a prisión. ¡¡Oiga!!, y han aceptado, que eso de Juan Grande es muy jodido.

Han reconocido sus culpas, por lo tanto, tenemos claro que todos esos son una panda de sinvergüenzas, convictos, confesos y próximamente condenados por ello. Lo más bonito del caso, es la equiparación de los acusados. Todos sabemos que sin antecedentes penales y con condenas de menos de dos años, hay muchos españoles que han ingresado en prisión. Lo jodido esta, en que explicación nos dará el juez para evitar el escándalo público.

Yo personalmente conozco a una persona mayor de 75 años, que por decirle a un juez las verdades del barquero, además de “VIVA LA GUARDIA CIVIL, fue condenado por ese mismo juez en un juicio rápido, a 135 días de prisión, que se cumplieron religiosamente uno por uno.

Como la justicia en España, al parecer es “PALABRA DE DIOS, TE ALABAMOS SEÑOR” y no se le puede decir nada, hay que aceptar la permisividad de un juez en el cachondeo de estos acusados. Debo recordarle a su señoría, que en España quedo muy claro que “TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY”, la demostración la hemos tenido hace poco, con una INFANTA DE ESPAÑA, sentada en el banquillo de los acusados y no escondida detrás de abogados.

A mi que alguien me explique, la diferencia que existe entre unos impertinentes chorizos políticos y el cumplimiento de la Ley, entonces y solo entonces, podría darle la razón al pregonero. Su lugar, el “BANQUILLO DE LOS ACUSADOS”. Lo mas bonito de todo esto, es que ningún político ha exigido que se cumpla la Ley en este sentido, claro, que cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar.

Yo, les voy a adelantar el final de la obra teatral, rememorando a los HERMANOS QUINTERO: NADIE A PRISIÓN, ALGÚN INOCENTE Y LAS PERRAS NADIE LAS DEVUELVE. Justicia española en su mejor momento, yo le diría a Puigdemont que se venga a Canarias, estará mejor cubierto que en Bruselas. <aún recuerdo las palabras de un tal PACHECO, sobre la justicia…….

Doramas

Peña: «Hay un total descontrol en el gobierno de Carmen Hernández (NC)»

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Juan Antonio Peña, portavoz de Ciuca-Unidos por Gran Canaria, afirmó en el programa ‘En Otra Línea’ que conduce Rosi Morera, que «hay un total descontrol en el Gobierno Local de Telde». Entre otras, recordó la crítica que realizó en el Pleno Municipal sobre los trabajos de señalización de la prolongación de la GC1 en su salida del sector de Jinámar, acción realizada por el Ayuntamiento de Telde en una zona que pertenece al municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

“Gastar dinero y utilizar personal municipal en competencias que no son del Ayuntamiento o fuera de su territorio tiene nombre y apellidos. Solo hay que mirar los mapas de Grafcan para comprobar que la vía, conocida como carretera Marzagán-El Sabinal, pertenece al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, y voy más allá, según Carreteras del Cabildo, pertenece a la institución insular”

Lamentó que el concejal responsable, Abraham Santana, se haya centrado en “desmentir y no en asumir la falta de organización de su concejalía. Nos está acostumbrando a este tipo de acciones, en la calle Benteguise, del barrio de El Calero, acaba de señalizar la carretera y resulta que la semana que viene se va a asfaltar. ¿Se pinta, se asfalta y se vuelve a pintar? Es el descontrol absoluto”.

Juan Antonio se muestró contundente al afirmar que “si ponemos en una balanza lo bueno y lo malo del gobierno de Carmen Hernández, hasta el momento la gestión negativa supera que las acciones positivas que haya podido realizar”.

Escucha a Juan Antonio Peña pulsando sobre este enlace

La ‘Infanta de Ayagaure’ encuentra su Suiza entre el ‘califa’ Morales y el ‘mantero’ Ángel Víctor

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Tras mas de cinco años de lucha, aguantando descalificaciones y zancadillas de los estómagos agradecidos de la corrupción del PSOE, amparada y cubierta por los pesebreros saqueadores de NC, por fin se celebró el pasado día 02 de Febrero de este año en el Juzgado de lo Penal Nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, el JUICIO por DELITO contra la ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, en el denominado Barranco de AYAGAURE en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, contra JULIO NARVÁEZ ÁVILA, padre de Concepción, CONCHI, Narváez, quien fuera Alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana durante los años 2005, 2006 y 2007 tras una moción de censura al PP, Primera Teniente de Alcaldía los años 2007, 2008,2009, 2010 y 2011, asesora de José Miguel Pérez en la Consejería de Educación en el Gobierno de Canarias y actualmente Directora General de Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, es decir de profesión » política «.

El referido juicio oral se finaliza con una conformidad, asumiendo los DELITOS cometidos por Julio Narváez, personaje que llega desde Granada invadiendo nuestros espacios y sin respetar la ordenación territorial por creerse inmune al estar su hija protegiéndolo. A estos nuevos colonizadores, posicionados tras prebendas políticas, hay que impedirles que destrocen nuestra tierra que es nuestro patrimonio.

Este personaje tuvo la osadía de construir en terreno agrícola, un Centro Hípico en la Carretera de Ayagaure GC 504, Kilómetro 1, en el Barranco de Ayagaure del Término Municipal de San Bartolomé de Tirajana, edificando más de SETENTA Caballerizas, Almacenes, zonas de descanso, aseos, oficinas, office, baños públicos,taller, cerramiento, picaderos descubiertos, zonas de aparcamientos, y demás construcciones, además de ejercer la actividad sin declararla, ni darla de alta de ninguna manera, ya que se encuentra prejubilado y cobrando prestaciones, todo ello mientras su hija , sus compañeros de Gobierno y de partido miraban para otro lado, permitiendo estas ilegalidades temerarias.

Después de todas estas irregularidades, encontramos como el PSOE la premia con la Dirección General de Infraestructura del Cabildo, la más importante de la corporación, con la complacencia del Presidente Antonio Morales Méndez, su partido NC y los integrantes de la formación » socialdemócrata ecologista » SI SE PUEDE, es decir el pacto de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que son a quienes les corresponden vigilar el Medio Ambiente de Gran Canaria, además llevándola SEBASTIÁN FRANQUIS, actual Secretario Insular del PSOE, que la nombra Vicesecretaria en su ejecutiva. Es decir, que se PUEDE AFIRMAR que tanto el PSOE, como sus socios Cabildicios, PREMIAN la CORRUPCIÓN URBANÍSTICA y MEDIO AMBIENTAL con puestos ADMINISTRATIVOS y ORGÁNICOS, lo que nos indica en manos de quienes tenemos el planeamiento de nuestra Isla.

El manido argumento de los » BARONES » del PSOE insular, que haciendo un símil con la Infanta Elena, afirman que Conchi Narváez desconocía que las obras de su padre fuesen ilegales, pese a llevar la Delegación de Urbanismo varios años, quizás también afirmen que lo permitió por amor «filial», tanto un argumento, donde la retratan como incompetente en sus obligaciones políticas, o en la que la presentan como cómplice en el delito, la INCAPACITA para ostentar cargo publico alguno y solo se entiende que se le mantenga en sus funciones por temor a lo que pueda desvelar de los integrantes del TRIPARTITO del Cabildo que les pueda implicar en DELITOS de igual índole.

Tras esta SENTENCIA aclaratoria, conoceremos el comportamiento de ese pacto que han denominado de «progreso» con las personas que miran para otro lado o promueven DELITOS de sus familias en el desempeño de cargos públicos. TOLERANCIA CERO A LOS CORRUPTOS-AS para LIMPIAR nuestras instituciones.

Arístides Rodríguez / Telde Responde

Vea la demoledora y ejemplarizante sentencia pulsando sobre este enlace

La hipocresía del gobierno de Telde con la comparsa infantil ‘Los Diamantes’

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La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y el concejal de Festejos, Juan Martel, trasladaron este miércoles la felicitación del Ayuntamiento a ‘Los Diamantes’ que el pasado fin de semana se alzaban con el primer premio de Interpretación y el tercero de Vestuario del Concurso Infantil de Comparsas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Resulta paradójico, que cuando la comparsa infantil ‘Los Diamantes’, de Las Remudas, se estrenaban el pasado sábado 27 de enero en el podio del Carnaval de la Magia y las Criaturas Fantásticas alzándose con el primer premio de interpretación, tanto la Alcaldesa de Telde, como el Concejal e Festejos, se hayan apurado a felicitarles, cuando antes no les han brindado la más mínima colaboración.

Recordar tanto a Carmen Hernández, como a Juan Martel, que ‘Los Diamantes’, es la comparsa infantil que tenía que ensayar a oscuras y también la misma que se vio sola en Las Palmasde GC, sin que ningún concejal del Gobierno les acompañara y apoyara, como ocurría con las comparsas de otros municipios.

Es de obligatorio cumplimiento sacar a la luz pública la hipocresía del grupo de Gobierno para con la comparsa ‘Los Diamantes’, y decimos alto y claro lo de “hipocresía”, porque no solo no ha tenido apoyo institucional, sino que han sido maltratados quitándoles el alumbrado en su local de ensayo en Las Remudas, al que acudían mayoritariamente por la noche, teniendo que ensayar a oscuras ante la pasividad de la alcaldesa Carmen Hernández y del concejal de Festejos Juan Martel, incapaces de buscarles alternativa.

Ahora para la alcaldesa, Carmen Hernández, son un referente, por “su esfuerzo y sacrificio”. Faltó decirles que ese esfuerzo se les reconoció en el carnaval de Las Palmas de Gran canaria, mientras que en Telde, todo eran obstáculos.

Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que hay una dimensión mucho más tosca, oscura y peliaguda que la propia mentira: la hipocresía.

A remolque de ONDA GUANCHE y las redes sociales

La Alcaldesa Carmen Hernández que tiene un amplio elenco de enchufados como asesores en el gabinete de prensa vuelve a ir a remolque del diario digital ONDA GUANCHE y las redes sociales para hacer pública la felicitación a nuestra emblemática comparsa.

Teldealdía / Manuel Ramón Santana

La delgada línea roja: de la libertad condicional al ‘arresto domiciliario’

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El Código Penal establece como una de las clases de penas privativas de libertad que el Juez puede imponer en su sentencia la de localización permanente o ‘arresto domiciliario’, como antiguamente se denominaba y vulgarmente aún hoy se sigue conociendo. Está incluida en las penas de privación de libertad, puesto que el condenado tiene restringidos sus movimientos, al verse obligado a cumplir la misma en un lugar determinado, normalmente en su domicilio.

El artículo 37 del CP establece que la localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses, obligando al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado en sentencia o posteriormente en auto motivado. Si el culpable ha cometido varias veces los mismos hechos, y por tanto es reincidente, el juez se reserva la facultad de acordar que el condenado cumpla el arresto durante los días laborales en su domicilio, y los fines de semana y festivos en el centro penitenciario más próximo al mismo.

Lo habitual es que el sujeto le diga al funcionario dónde va a cumplir la pena y el señalamiento de los días que mejor le conviene, por lo que se hace un calendario de cumplimiento. Acordado éste, el Juzgado remite la información a la Guardia Civil o Policía Local de la población donde el condenado ha designado domicilio para que vigilen si efectivamente está cumpliendo.

Pero no es el único caso que admite esta figura. No hace tanto, en la primavera de 2016 y en la operación desencadenada contra el ex banquero Mario Conde, a su hija Alejandra se le imponía el arresto domiciliario como alternativa a la prisión preventiva. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, la consideró “codirectora de la trama” cuyo fin era repatriar el dinero de su padre, unos trece millones de euros. Y aunque la fiscal pidió para ella cárcel provisional, el magistrado le impuso como cautelar el cautiverio en su chalet de la urbanización de ‘La Quintaleja’. La razón es que la investigada debía cuidar del estado de salud de su hijo mayor, de nueve años, y precisamente por esta causa Alejandra Conde agradeció a la justicia “su humanidad por haberle permitido seguir a su lado en esos momentos”. Sus otros dos vástagos no le preocupaban tanto porque eran pequeños y “no se enteraban todavía”.

Se le permitió, previa autorización judicial, tener permiso para acompañar a su hijo al tratamiento médico que recibía y, al mismo tiempo, se le prohibió realizar cualquier transacción económica, movimiento bancario, orden de pago, cobro o transferencia a través de cualquier medio (oral, escrito, telefónico o internet), teniendo permitido en su lujosa casa recibir llamada o visitas.

En medio de la rocambolesca instrucción del denominado ‘caso Kokorev’, que se sigue en Las Palmas contra el presunto testaferro de Teodoro Obiang en España, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, se acaba de imponer una medida insólita en la historia de la justicia insular: la prohibición de salir de la isla de Gran Canaria a él (también a su hijo y a su esposa, ambos investigados) supuestamente hasta que se celebre el juicio, si se celebra (aún no hay auto de procesamiento a la vista).

La figura aplicada contra quien dirigió durante años proyectos navieros en la antigua colonia española produce un efecto kafkiano y diabólico en su implementación. De un lado se trata de una “libertad condicionada” a la presentación cada equis días en sede judicial para estampar la correspondiente firma haciendo acto de presencia. De otro, se ‘condena’ al investigado a vivir en una modalidad ‘sui géneris’ y ‘ad hoc’ en uno de sus pisos de Las Canteras sin posibilidad de desplazamiento fuera del territorio grancanario, cuando el domicilio habitual de la familia se encontraba y se encuentra en Madrid. Y esto durante dos años, tres, cuatro… en un periodo a priori largo e incierto, en la medida en que la propia Audiencia Provincial de Las Palmas ha admitido que no hay un horizonte penal para que, en sala, se asista a la presentación de pruebas sometidas éstas al elemental principio de contradicción.

Este ‘traje a medida’ hasta esta fecha inaudito en el conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas de Canarias explica con mayor fuerza y fundamentación por qué: 1) el Consejo General del Poder Judicial está examinando la particular aplicación de la ley en esta dilatadísima instrucción (más de diez años de causa por dos veces archivada); y 2) la Unión Europea a través de su Comité de Peticiones está tramitando una sonora denuncia en la que se cuestiona el respeto por las autoridades judiciales isleñas al “debido proceso”, ese principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo tras el curso de una investigación, y que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger. Incondicionalmente, porque en él se juega la democracia su auténtica esencia.

(*) Alfonso Merlos, Periodista y Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y Profesor de la Universidad Antonio de Nebrija y UCJC

La delgada línea roja: de la libertad condicional al ‘arresto domiciliario’

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El Código Penal establece como una de las clases de penas privativas de libertad que el Juez puede imponer en su sentencia la de localización permanente o ‘arresto domiciliario’, como antiguamente se denominaba y vulgarmente aún hoy se sigue conociendo. Está incluida en las penas de privación de libertad, puesto que el condenado tiene restringidos sus movimientos, al verse obligado a cumplir la misma en un lugar determinado, normalmente en su domicilio.

El artículo 37 del CP establece que la localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses, obligando al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado en sentencia o posteriormente en auto motivado. Si el culpable ha cometido varias veces los mismos hechos, y por tanto es reincidente, el juez se reserva la facultad de acordar que el condenado cumpla el arresto durante los días laborales en su domicilio, y los fines de semana y festivos en el centro penitenciario más próximo al mismo.

Lo habitual es que el sujeto le diga al funcionario dónde va a cumplir la pena y el señalamiento de los días que mejor le conviene, por lo que se hace un calendario de cumplimiento. Acordado éste, el Juzgado remite la información a la Guardia Civil o Policía Local de la población donde el condenado ha designado domicilio para que vigilen si efectivamente está cumpliendo.

Pero no es el único caso que admite esta figura. No hace tanto, en la primavera de 2016 y en la operación desencadenada contra el ex banquero Mario Conde, a su hija Alejandra se le imponía el arresto domiciliario como alternativa a la prisión preventiva. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, la consideró “codirectora de la trama” cuyo fin era repatriar el dinero de su padre, unos trece millones de euros. Y aunque la fiscal pidió para ella cárcel provisional, el magistrado le impuso como cautelar el cautiverio en su chalet de la urbanización de ‘La Quintaleja’. La razón es que la investigada debía cuidar del estado de salud de su hijo mayor, de nueve años, y precisamente por esta causa Alejandra Conde agradeció a la justicia “su humanidad por haberle permitido seguir a su lado en esos momentos”. Sus otros dos vástagos no le preocupaban tanto porque eran pequeños y “no se enteraban todavía”.

Se le permitió, previa autorización judicial, tener permiso para acompañar a su hijo al tratamiento médico que recibía y, al mismo tiempo, se le prohibió realizar cualquier transacción económica, movimiento bancario, orden de pago, cobro o transferencia a través de cualquier medio (oral, escrito, telefónico o internet), teniendo permitido en su lujosa casa recibir llamada o visitas.

En medio de la rocambolesca instrucción del denominado ‘caso Kokorev’, que se sigue en Las Palmas contra el presunto testaferro de Teodoro Obiang en España, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, se acaba de imponer una medida insólita en la historia de la justicia insular: la prohibición de salir de la isla de Gran Canaria a él (también a su hijo y a su esposa, ambos investigados) supuestamente hasta que se celebre el juicio, si se celebra (aún no hay auto de procesamiento a la vista).

La figura aplicada contra quien dirigió durante años proyectos navieros en la antigua colonia española produce un efecto kafkiano y diabólico en su implementación. De un lado se trata de una “libertad condicionada” a la presentación cada equis días en sede judicial para estampar la correspondiente firma haciendo acto de presencia. De otro, se ‘condena’ al investigado a vivir en una modalidad ‘sui géneris’ y ‘ad hoc’ en uno de sus pisos de Las Canteras sin posibilidad de desplazamiento fuera del territorio grancanario, cuando el domicilio habitual de la familia se encontraba y se encuentra en Madrid. Y esto durante dos años, tres, cuatro… en un periodo a priori largo e incierto, en la medida en que la propia Audiencia Provincial de Las Palmas ha admitido que no hay un horizonte penal para que, en sala, se asista a la presentación de pruebas sometidas éstas al elemental principio de contradicción.

Este ‘traje a medida’ hasta esta fecha inaudito en el conjunto de las sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o las autoridades gubernativas de Canarias explica con mayor fuerza y fundamentación por qué: 1) el Consejo General del Poder Judicial está examinando la particular aplicación de la ley en esta dilatadísima instrucción (más de diez años de causa por dos veces archivada); y 2) la Unión Europea a través de su Comité de Peticiones está tramitando una sonora denuncia en la que se cuestiona el respeto por las autoridades judiciales isleñas al “debido proceso”, ese principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo tras el curso de una investigación, y que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger. Incondicionalmente, porque en él se juega la democracia su auténtica esencia.

(*) Alfonso Merlos, Periodista y Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y Profesor de la Universidad Antonio de Nebrija y UCJC

Pepe Suárez y Sonsoles Martín testificarán este jueves a favor del alcalde Paco Valido

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El juicio oral del Caso Faycán continuará este jueves con la declaración de nuevos testigos, entre ellos, los exconcejales del PP José Suárez y Sonsoles Martín, propuestos por la defensa del exalcalde Francisco Valido, el abogado Cum Laude Juan Sánchez Limiñana. Los exconcejales populares Pepe Suarez y Sonsoles Martin Jimenez estuvieron imputados en el Caso Faycán, junto al también concejal popular Domingo Ramírez, quedando absueltos de todos los cargos.

http://www.teldeactualidad.com/…/polit…/2009/02/10/2805.html

Limiñana: «No hay pruebas para condenar al señor Valido»

El ex alcalde Francisco A. Valido Sanchez sigue manteniendo su inocencia, pese a que avenirse a un trato con el Fiscal pudiera ver reducida notablemente la petición de los 6 años de cárcel que interesa el Ministerio público, quedando reducida a una condena simbólica, inferior a dos años, impidiendo con toda garantía el ingreso en prisión.

Valido por el momento sigue defendiendo su inocencia a capa y espada, pese a los consejos que está recibiendo de personas afines de que haga un trato con la Fiscalía, ante el riesgo de que quieran cogerlo de cabeza de turco en el macroproceso judicial y hacerle comer el marrón que otros han esquivado pactado un acuerdo de reducción de condena con la Fiscalía (uno de ellos de 13 años de prisión verá la condena reducida a 2 años por lo que no entrará en la cárcel).

Si al final Paco Valido cediera a las presiones de avenirse a un acuerdo, que por lo pronto está descartado según dijo a ONDA GUANCHE el prestigioso abogado Juan Sanchez Limiñana no seria el primer acusado que a sabiendas de ser inocente, sometido a una fuerte presión y con propuestas de condena desorbitadas, llega a un trato con la Fiscalía para evitar riesgos y acabar con el vía crucis.

http://ondaguanche.com/liminana-no-hay-ninguna-prueba-par…/…

Manuel Ramón Santana

Los empresarios de San Gregorio desmienten al concejal de Parques y Jardines

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La tala de árboles en la calle Poeta Fernando González avanzada en primicia por ONDA GUANCHE para sustituirlos por ejemplares de escobillón rojo ( callistemon citrinus) fue recibida ayer con sorpresa, malestar y aceptación entre vecinos y empresarios de esta vía de la zona comercial abierta de San Gregorio.

Desde la patronal se indicaba que no les constaba ninguna comunicación por el Ayuntamiento de Telde, pese a que su concejal de Parques y Jardines, Abraham Santana, aseguraba que «vecinos y empresarios están muy contentos con la colocación de estos arbustos de porte medio y con flores rojas, muy vistosas».

Esta es la realidad

Continúa el ‘arboricidio’ en Telde realizado sin explicaciones a los vecinos y sin informes técnicos que lo avalen. Los vecinos y comerciantes de San Gregorio se han puesto en contacto con la redacción de ONDA GUANCHE para denunciar, la tala salvaje de arboles en varias calles de la zona comercial sin explicación alguna. Los residentes nos manifiestan estar indignados por la falta de comunicación y por la radicalidad en la acción, si bien ellos reclamaban podas y mayor cuidado a los arboles, la corporación optó por cortarlos, sin previo aviso.

El portavoz de Ciuca-Unidos por Gran Canaria, Juan Antonio Peña, también ha mostrado su preocupación al respecto. ¿Dónde está el resto de la oposición? ¿El colectivo empresarial que dice representar a los comercios de San Gregorio? ¿Los ecologistas como Álvaro Monzón que es concejal de Más por Telde en el Ayuntamiento? ¿Turcón?

Triste, muy triste…

La Provincia-Dlp / ONDA GUANCHE