Coalición Canaria es experta en enchufismo al más puro estilo bananero. Es un partido montado desde el poder y se ha podido mantener en él durante estas tres décadas gracias a que ha podido conservar la capacidad para mantener amamantada a una amplia tropa asalariada con fondos públicos. Estos treinta años dan para un amplio relato de casos de auténticos ineptos y abrazafarolas cuyos méritos han sido únicamente la militancia y el sostenimiento del pesebre.
No hace muchas semanas publicábamos aquí cómo la inmensa mayoría de la ejecutiva de Coalición Canaria de Gran Canaria está colocada en puestos de libre designación del Gobierno de la mano de su vicepresidente y secretario general del partido en la isla, Pablo Rodríguez, quizás el ejemplo más palmario de que cualquier indocumentado puede llegar a los más altos puestos de esta autonomía.
Junto a él ocupan cargos decisivos personas que no durarían ni quince segundos en una empresa privada, como la viceconsejera de Medio Ambiente, colocada por el presidente Clavijo en un puesto clave por el único mérito de haber sido concejala con él en La Laguna y de mantenerse en política pese a haber sido detenida por la Policía Local al pretender darse a la fuga cuando la mandaron parar por conducir ebria en dirección prohibida. Blanca Pérez no ha dado un palo al agua en estos más de dos años de gestión del medio ambiente de Canarias, uno de los más sensibles del país, y las consecuencias las terminaremos pagando más pronto que tarde.
De director de gabinete del presidente del Gobierno permaneció durante cuatro meses el que ahora es alcalde de La Victoria, Haraldo Martín, que compaginó ilegalmente esas tareas de fontanería del presidente Clavijo con la de concejal en la oposición sin que el expediente abierto por Función Pública desembocara en lo normal: la exigencia de devolución de los salarios ilegalmente percibidos.
La lista de enchufados en esta legislatura de Fernando Clavijo es interminable y en ella se incluye de todo un poco, como el caso de Diego Acosta, concejal de Frontera que perdió las áreas de gobierno por una moción de censura y que pasó a disfrutar del sueldo como asistente de limpieza de la vivienda presidencial sin haberla pisado en su puñetera vida. O la que fuera alcaldesa de ese municipio herreño, Melissa Armas, a la que el presidente puso sueldo de 47.000 euros como asesora compatibilizándolo (de nuevo ilegalmente) con su cargo como concejala de la oposición y sin que se sepa muy bien de qué asesora.
De lo que se trata, como cabe colegir fácilmente, es de mantener en el pesebre a todos los llamados a mantener viva la llama de Coalición Canaria, tantas veces amenazada por los vendavales de todo tipo que se ciernen sobre la organización en todas las islas.
En Gran Canaria, donde más debilidades presenta la organización, la captación de adeptos y el mantenimiento de los pocos que quedan en pie se hace a la desesperada, y en esa tarea anda afanado principalmente el vicepresidente Pablo Rodríguez, siempre con el apoyo de Fernando Clavijo y del resto de la organización, cuando se puede.
Clavijo y Rodríguez se deshacen en atenciones a alcaldes como el de la Vega de San Mateo, Antonio Ortega, de Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan); o la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, portadora allí de la marca inventada por el nada recomendable Guillermo Reyes, el factótum de todos los males que desembocaron en corrupción y malas prácticas en la ciudad de Telde.
La protección del presidente y del vicepresidente se extendía también hasta los últimos días de 2017 al que fuera alcalde de Firgas, Manuel Báez, el único bajo la disciplina de Coalición Canaria en Gran Canaria, que se vio obligado a dimitircuando este periódico descubrió que había suplantado a su hijo en las oposiciones a la plaza de más alta categoría de la comunidad autónoma.
Manuel Báez sabía lo que hacía cuando aquel 16 de diciembre se presentó portando el carné de su hijo en el aula que le correspondió por orden alfabético. No tuvo que dar la más mínima explicación a las dos funcionarias que, escamadas, comprobaron que aquella fotografía de un joven de menos de 30 años nada tenía que ver con el aspecto del sexagenario que pretendía entrar a hacer el ejercicio.
Báez no tuvo que discutir nada porque sencillamente hizo lo que le dijeron que tenía que hacer: presentarse con el carné de su hijo, contar cualquier historia en los folios que le colocaron en el pupitre, esperar al final y marcharse por donde había venido. Sin oposición de nadie, sin protagonizar la menor incidencia en las actas del tribunal calificador. Bastaba con hacer el examen para meter a su hijo en la bolsa de trabajo de interinos para sustituciones, de la que dispone a discreción la comunidad autónoma, es decir, los altos cargos del gobierno de Coalición Canaria. Y eso fue lo que hizo Manolín.
La mala fortuna quiso que varios testigos contaran lo que vieron y que la noticia de este periódico diera la vuelta a España. De no haber sido así, en los próximos meses Himar Báez, el hijo del exalcalde, probablemente estaría trabajando como interino en la administración autonómica, como otros muchos enchufados de Coalición Canaria, algunos de los cuales se presentaron seguramente con la misma pretensión al examen. Entre otras personas con apellidos muy relacionados incluso con la Fiscalía, aparece en la lista de opositores la directora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), Ana Batista García, secretaria de Organización de CC en Fuerteventura y esposa de un empleado del comité local de Coalición Canaria en Puerto del Rosario, Juan Antonio Nieves.
La investigación penal la pondrá en marcha este mismo lunes la Fiscalía de Las Palmas casi una semana después de que se interpusiera la denuncia. La responsabilidad política hay que buscarla sin límites en el Gobierno de Canarias, cuyos responsables han de aclarar quién o quiénes eligieron al tribunal calificador y con qué criterios; y quién o quiénes aseguraron a Manuel Báez que no tendría problemas.
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