La Audiencia de Las Palmas iniciará el lunes el juicio del caso Faycán contra los 28 acusados que figuran en una causa cuya instrucción se inició en 2006 cuando se destapó en el Ayuntamiento de Telde el supuesto cobro de comisiones ilegales en la etapa que estuvo gobernado por PP y Ciuca.
Entre los procesados figuran el entonces alcalde de Telde Francisco Valido (PP), y cinco ediles, incluida la responsable de Desarrollo Local y presidenta del PP en ese municipio, María del Carmen Castellano, quienes se enfrentan a seis y cinco años de prisión por cohecho y prevaricación, en el caso del primero, y malversación, fraude, falsedad y blanqueo, en el de la segunda.
En el banquillo se sentarán también el interventor municipal Enrique Orts, viudo de la edil de Contratación María Antonia Torres, a quien el fiscal sitúa en el centro de la trama, si bien se suicidó en 2010 cuando aún se instruía el caso, así como otros técnicos, funcionarios y empresarios que se enfrentan a condenas que llegan a los trece años de prisión.
Además, el fiscal exige que los acusados repongan al erario municipal, entre todos ellos, casi 1,3 millones de euros que presuntamente habrían cobrado en sobornos o habrían blanqueado ilegalmente.
La Fiscalía considera que los procesados urdieron «un sistema de obtención ilícita de fondos» prevaliéndose de sus cargos públicos, con la colaboración de varios empresarios que se pagaban sobornos.
Subraya que ese entramado tenía como finalidad aparente «financiar al PP de Telde», si bien eso «solo era un pretexto» -matiza-, porque el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de una serie de acusados que dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.
La acusación considera que, además de la fallecida María Antonia Torres, en el centro de la trama figuran su esposo, el interventor municipal Enrique Orts, Valido y su concejal de Hacienda, Carmelo Oliva Betancourth.
Presuntamente, su sistema de conseguir fondos consistía en exigir comisiones ilícitas, que en algunos casos llegaban al 20%, a las empresas que pretendían lograr algún contrato con el Consistorio o que simplemente pedían cobrar sus deudas atrasadas.
La Fiscalía relata que empresas de todo tipo, desde una ferretería local que se convirtió en proveedora casi en exclusiva del Ayuntamiento, hasta una constructora de implantación nacional, como Dragados, pagaron comisiones en diferentes operaciones por más de medio millón de euros, casi siempre a la persona que ejercía como intermediario de la trama: Francisco Gordillo Suárez.
En su operativa, contaron con la complicidad de varios técnicos del Consistorio, que se prestaron a amañar los concursos, a emitir informes falsos o dar licencias injustificadas, añade.
«El dinero obtenido de esas sociedades», dice el fiscal, «pasó al patrimonio propio de la fallecida María Antonia Torres y de los acusados Enrique Orts, Carmelo Oliva, Francisco Valido, María del Carmen Castellano, Francisco Gordillo y los técnicos también acusados Jorge Rodríguez y Esteban Cabrera».
Castellano se enfrenta a una doble acusación: la de haber blanqueado los capitales obtenidos ilícitamente y la de haber falsificado una serie de facturas para que unas obras de reforma realizadas en la sede del PP fueran pagadas por el Ayuntamiento, con cantidades «infladas», simulando que eran gastos de las escuelas taller y de un programa de empleo.
La Fiscalía explica en su escrito que estos hechos se destaparon porque que una empresaria que se prestó a pagar un soborno de 6.000 euros para conseguir cobrar una deuda municipal de casi 100.000, la acusada Luz Navarro Montesteoca, de la cooperativa Servicios Comunitarios de Telde, acudió a Comisaría a denunciarlo.
La acusación pública subraya que también han confesado los hechos ante el juez el intermediario de la trama, Francisco Gordillo, y varios empresarios que han admitido haber pagado comisiones para tener contratos o cobrar deudas: Alejandro Navarro (constructora Mazotti), Alejandro Nadal (de las constructoras Cobra y Moncobra), Abelardo Martínez (Dragados) y el ferretero Felipe Ojeda.
De este procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias juzgó una pieza separada en 2014, al estar implicado el parlamentario regional del PP Jorge Rodríguez, quien finalmente quedó absuelto del delito de tráfico de influencias que se le atribuía porque la Sala de lo Penal consideró que existían dudas sobre el tipo de gestiones que efectuó.
El funcionario José Luis Mena, que figura también en la causa principal que se juzga a partir de esta semana y hasta mayo, fue condenado ya a seis años y 10 meses, si bien el Tribunal Supremo rebajó su pena en un año y medio.
En esa causa derivada del caso Faycán se investigaba si una serie de políticos y funcionarios públicos habían influido y comprado voluntades para que el grupo empresarial Europa obtuviera permisos para construir viviendas públicas en varios ayuntamientos de la isla, en particular el de Telde.
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