El caso Faycán sienta en el banquillo a dos exalcaldes de Telde y otros 26 acusados

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La Audiencia de Las Palmas iniciará el lunes el juicio del  caso Faycán contra los 28 acusados que figuran en una causa cuya instrucción se inició en 2006 cuando se destapó en el Ayuntamiento de Telde el supuesto cobro de comisiones ilegales en la etapa que estuvo gobernado por PP y Ciuca.

Entre los procesados figuran el entonces alcalde de Telde Francisco Valido (PP), y cinco ediles, incluida la responsable de Desarrollo Local y presidenta del PP en ese municipio, María del Carmen Castellano, quienes se enfrentan a seis y cinco años de prisión por cohecho y prevaricación, en el caso del primero, y malversación, fraude, falsedad y blanqueo, en el de la segunda.

En el banquillo se sentarán también el interventor municipal Enrique Orts, viudo de la edil de Contratación María Antonia Torres, a quien el fiscal sitúa en el centro de la trama, si bien se suicidó en 2010 cuando aún se instruía el caso, así como otros técnicos, funcionarios y empresarios que se enfrentan a condenas que llegan a los trece años de prisión.

Además, el fiscal exige que los acusados repongan al erario municipal, entre todos ellos, casi 1,3 millones de euros que presuntamente habrían cobrado en sobornos o habrían blanqueado ilegalmente.

La Fiscalía considera que los procesados urdieron «un sistema de obtención ilícita de fondos» prevaliéndose de sus cargos públicos, con la colaboración de varios empresarios que se pagaban sobornos.

Subraya que ese entramado tenía como finalidad aparente «financiar al PP de Telde», si bien eso «solo era un pretexto» -matiza-, porque el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de una serie de acusados que dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.

La acusación considera que, además de la fallecida María Antonia Torres, en el centro de la trama figuran su esposo, el interventor municipal Enrique Orts, Valido y su concejal de Hacienda, Carmelo Oliva Betancourth.

Presuntamente, su sistema de conseguir fondos consistía en exigir comisiones ilícitas, que en algunos casos llegaban al 20%, a las empresas que pretendían lograr algún contrato con el Consistorio o que simplemente pedían cobrar sus deudas atrasadas.

La Fiscalía relata que empresas de todo tipo, desde una ferretería local que se convirtió en proveedora casi en exclusiva del Ayuntamiento, hasta una constructora de implantación nacional, como Dragados, pagaron comisiones en diferentes operaciones por más de medio millón de euros, casi siempre a la persona que ejercía como intermediario de la trama: Francisco Gordillo Suárez.

En su operativa, contaron con la complicidad de varios técnicos del Consistorio, que se prestaron a amañar los concursos, a emitir informes falsos o dar licencias injustificadas, añade.

«El dinero obtenido de esas sociedades», dice el fiscal, «pasó al patrimonio propio de la fallecida María Antonia Torres y de los acusados Enrique Orts, Carmelo Oliva, Francisco Valido, María del Carmen Castellano, Francisco Gordillo y los técnicos también acusados Jorge Rodríguez y Esteban Cabrera».

Castellano se enfrenta a una doble acusación: la de haber blanqueado los capitales obtenidos ilícitamente y la de haber falsificado una serie de facturas para que unas obras de reforma realizadas en la sede del PP fueran pagadas por el Ayuntamiento, con cantidades «infladas», simulando que eran gastos de las escuelas taller y de un programa de empleo.

La Fiscalía explica en su escrito que estos hechos se destaparon porque que una empresaria que se prestó a pagar un soborno de 6.000 euros para conseguir cobrar una deuda municipal de casi 100.000, la acusada Luz Navarro Montesteoca, de la cooperativa Servicios Comunitarios de Telde, acudió a Comisaría a denunciarlo.

La acusación pública subraya que también han confesado los hechos ante el juez el intermediario de la trama, Francisco Gordillo, y varios empresarios que han admitido haber pagado comisiones para tener contratos o cobrar deudas: Alejandro Navarro (constructora Mazotti), Alejandro Nadal (de las constructoras Cobra y Moncobra), Abelardo Martínez (Dragados) y el ferretero Felipe Ojeda.

De este procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias juzgó una pieza separada en 2014, al estar implicado el parlamentario regional del PP Jorge Rodríguez, quien finalmente quedó absuelto del delito de tráfico de influencias que se le atribuía porque la Sala de lo Penal consideró que existían dudas sobre el tipo de gestiones que efectuó.

El funcionario José Luis Mena, que figura también en la causa principal que se juzga a partir de esta semana y hasta mayo, fue condenado ya a seis años y 10 meses, si bien el Tribunal Supremo rebajó su pena en un año y medio.

En esa causa derivada del caso Faycán se investigaba si una serie de políticos y funcionarios públicos habían influido y comprado voluntades para que el grupo empresarial Europa obtuviera permisos para construir viviendas públicas en varios ayuntamientos de la isla, en particular el de Telde.

Eldiario.es

Florentino López Castro

Florentino López Castro

4 comentarios en «El caso Faycán sienta en el banquillo a dos exalcaldes de Telde y otros 26 acusados»

  1. ¿Es cierto el rumor sobre unos documentos aportados al sumario que demuestran que el alcalde Valido y el presidente Soria fueron informados de lo que ocurria antes de la denuncia?
    ¿Sera cierto que la oposicion fué informada y se limitaron a conspirar aplicando el a lo peor mejor?

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  2. La empresaría no se prestó a pagar un soborno, fué amenazada,coaccionada,bloqueados los pagos de los trabajos para forzar el pago de cantidades solicitadas por J.D.Q. empleado jubilado del cabildo y M.R. exempleada del ayuntamiento de Telde.
    La empresaria lo comunicó al alcalde Valido y al presidente Soria por escrito y recibió la callada por respuesta, ante ello con el miedo insuperable de perder las obras y no poder afrontar las nóminas y los seguros sociales túvo que plegarse a las amenazas.

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  3. Hay cosas que nunca llegaré a comprender.

    ¿Como se puede hablar de llegar a acuerdos con la justicia? ¡¡Ah!!, que la ley la hacen los politicos y quien hizo la ley, hizo la trampa. Un fiscal esta para acusar con la ley en la mano, no esta para llegar a acuerdos con ningun delincuente.

    El fiscal, que cumpla con su obligación, que es acusar y pedir la pena que esta escrita en la ley, que para eso le pagamos y muy bien, por cierto.

    Ya esta bien de interpretar la ley y dejen de trabajar de actores de teatro con interpretaciones personales, que nadie llega a entender y dedíquense a cumplir con su deber, que no es otro, que hacer justicia y justamente EN NOMBRE DEL REY, que creo que se merece un minimo de respeto por parte de ustedes. Creo que después de ocho años y dos meses, mareando la perdiz, ya es hora de hacer justicia.

    Aunque poniéndome en plan Nostredamus, les adelanto que todo esto va a quedar en nada, como mucho alguna condena de dos años, que no cumplirán por no tener antecedentes y a otra cosa mariposa. Aceptaría apuestas

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  4. Si es que al final voy a tener que abrir un despacho de «ADIVINADOR DEL FUTURO», he acertado el 90% de las condenas en el CASO FAYCAN.

    El Fiscal anticorrupcion, ha llegado a un acuerdo con los acusados en que solo les pedirá dos años de cárcel (que no cumplirán, los que no tengan antecedentes penales…todos) siempre que reconozcan los delitos por los que se les acusa y «ELLOS» han aceptado, por lo tanto tenemos politicos en Telde que serán condenados por : COHECHO, PREVARICACIÓN, BLANQUEO ETC…

    Nueve años para instruir una acusación, un juicio que debía durar cuatro meses, se solventará en un mes y algo, para que todos salgan por la cara.

    Esta es la justicia que se imparte en ESPAÑA y como pondrá en la sentencia: «EN NOMBRE DEL REY»

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