Un nuevo caso de acoso escolar nos ha vuelto a sorprender esta semana en Canarias, esta tremenda lacra que nos avisa de la necesidad de engrasar la maquinaria de la coordinación entre todas las administraciones y agentes que tienen algo que decir y hacer en materia educativa. Es momento, pues, en el que administración autonómica, administración local y administración estatal deben ir de la mano en un asunto de vital trascendencia.
Sabemos que se están desarrollando e impulsando medidas dirigidas a prevenir, vigilar, investigar, difundir, formar y apoyar a las víctimas de acoso escolar para conseguir entre todos un entorno mejor para nuestros hijos, volcándonos en la erradicación de este tipo de conductas en colegios e institutos.
Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se presentó el pasado 30 de marzo el Plan Estratégico de Convivencia Escolar en la Conferencia Sectorial, trabajado de manera conjunta con las comunidades autónomas; contando, entre otros, desde el 1 de noviembre, con el Servicio de Atención telefónica 900018018 para casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes. Este teléfono es gratuito, funciona los 365 días del año y está atendido por expertos en la materia, tales como psicólogos, abogados o trabajadores sociales.
Así mismo, el Portal de Convivencia del Ministerio se ha convertido en una herramienta eficaz, a través del cual se ofrece a las comunidades educativas -profesorado, alumnado, familias-, material de apoyo; publicaciones, manuales de buenas prácticas, normativas, etc.
Es importante tener en cuenta también la activación del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, conjuntamente con las comunidades autónomas, con el objetivo de contribuir a la mejora de la convivencia desde la observación y el seguimiento de las problemáticas e iniciativas en los centros de enseñanza no universitaria.
De especial consideración, por otra parte, es el Marco Común de Competencia Digital, firmado por el Ministerio de Educación y la Agencia Española de Protección de Datos, en el que se está trabajando a fin de identificar las competencias básicas de los docentes para usar y enseñar a usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula, en el que se incluyen contenidos para reforzar la seguridad del menor, la protección de la información y los datos personales, la gestión de la identidad digital y las medidas de seguridad. El Plan Estratégico de Convivencia Escolar trabajará también el sentido de conseguir una red más segura.
Por último, cabe destacar el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, elaborado junto con el Ministerio del Interior, que tiene por objeto impulsar y promover acciones en el ámbito escolar, en materia de educación y promoción para la mejora de la seguridad personal y ciudadana de los niños y jóvenes, mejorar su conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y colaborar en la prevención y erradicación de las conductas violentas que puedan producirse en el entorno escolar, especialmente la violencia entre iguales, acoso escolar o bullying.
Ahora nos toca seguir trabajando, nos toca bregar a todas las administraciones, una sinergia que no solo corresponde a la administración estatal y autonómica, sino que también tienen mucho que decir las administraciones locales, las más próximas a los ciudadanos, las que en definitiva viven el día a día de los posibles conflictos en sus entornos.
Ya son muchos los ayuntamientos que, de una forma directa, se implican en un asunto que se extiende más allá de los muros de un colegio o de un instituto. La violencia entre los niños y adolescentes está entre nosotros y su erradicación es posible. Se requiere, por tanto, de una estrategia integral y transversal, que no solo quede circunscrita al ámbito de la escuela.
Antonio Hernández Lobo, Director del Área de Educación de la Delegación del Gobierno en Canarias
