La Plataforma Ciudadana por el Mar Limpio ha llevado a cabo este domingo en la playa de Salinetas la tercera protesta en la costa del municipio de Telde, con el objetivo de trasladar al mar el rechazo social a la instalación de jaulas marinas de acuicultura en el entorno costero.
La iniciativa se desarrolló bajo el lema Defiende tu derecho. Defiende tu playa. La protesta contó con la participación de unas cincuenta personas y también de kayaks, buggies, tablas de surf y distintos elementos flotantes, configurando una imagen simbólica para evidenciar que la preocupación ciudadana ha superado el límite de la orilla.
A pesar de las evidencias científicas que señalan al emisario de Silva 222 como origen del vertido y las sanciones anunciadas al Ayuntamiento por tal motivo, según la plataforma convocante, esta acción busca llamar la atención sobre el impacto que la acuicultura en jaulas marinas puede tener en el medio marino, el paisaje y el uso público de las playas, aspectos que consideran fundamentales para la protección del litoral y la calidad de vida de los vecinos.
CRONOLOGÍA REAL
Un análisis químico encargado por Aquanaria y avanzado en primicia por ONDAGUANCHE, la empresa propietaria de las instalaciones de acuicultura ubicadas en la costa de Telde, señala al emisario 222, de titularidad municipal, como origen de un vertido de origen fecal y otras sustancias químicas «que pueden ser perjudiciales para salud humana y el medioambiente», por lo que ha trasladado al Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente el resultado de las analíticas, según informó ayer la compañía.
Y eso al tiempo que la consejería regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha constatado, tras un último control el 5 de febrero, el «correcto funcionamiento de las explotaciones desde las inspecciones realizadas la primera semana de noviembre», después de que el Servicio de Inspección Pesquera acreditase la limpieza de las jaulas tras retirarse las más de 2.500 toneladas de lubinas que murieron tras el episodio de contaminación marina cuyo origen aún se investiga.
Aquanaria sale así al paso de todas las acusaciones que la señalan como responsable de los dos episodios de contaminación marina ocurridos desde octubre y que obligaron a cerrar hasta 18 playas, el último el pasado 28 de enero.
El análisis encargado por la empresa, que se basa en muestras tomadas por buzos el 16 de enero a las 13.15 horas en el punto de confluencia del vertido del emisario 222 con el mar, «muestran que el vertido detectado es altamente contaminante y puede afectar tanto a los ecosistemas como a la salud de las personas», explica la compañía.
Los resultados muestran, según detalla la empresa, «una elevada cargada bacteriana de origen fecal y diversas sustancias químicas […] como sulfuros, compuestos amoniacales, compuestos de fósforo, fenoles, detergentes, metales y trazas de herbicidas o disolventes industriales».
«La concentración de materia orgánica es elevadísima, a tenor de los valores de DBO5 y DQO encontrados, y la bacteria Escherichia coli se encuentra en niveles que multiplican por 500 a los establecidos en la normativa de aguas de baño», detalla. Ese vertido consistía en manchas «turbias y de un intenso olor a azufre». El Ayuntamiento descartó el 6 de noviembre que ese emisario fuera el foco contaminante tras realizar análisis químicos.
Desde el primer momento la empresa negó ser la causante del vertido y ayer insistió en esa idea al subrayar que sus instalaciones «cumplen con la normativa ambiental vigente» y al presentarse como «una víctima más».
Sin restos de contaminación
Apenas 43 minutos antes de que a las 17.43 horas Aquanaria remitiese su comunicado, la consejería regional de Agricultura aseguró en otra nota que «no existe en la actualidad contaminación marina en la costa de Telde» a pesar de que el alcalde Peña ha denunciado públicamente en varias ocasiones en la última semana la aparición de nuevas manchas y la llegada de restos orgánicos a la costa entre Salinetas y Taliarte.
El Ejecutivo sostiene que desde que en noviembre se limpiasen las jaulas después del episodio de mortandad de lubinas y se inspeccionasen las instalaciones, ha «corroborado el correcto funcionamiento de las instalaciones de acuicultura de la zona». E incluso destaca que en un control realizado el 30 de septiembre, antes de la primera alerta del incidente por parte de la empresa a principios de octubre, «se verificó el cumplimiento de los requisitos en materia de bioseguridad, vigilancia zoosanitaria, gestión de subproductos y residuos, así como del seguimiento de la mortalidad y de la presencia de signos clínicos».
La consejería relata que tras comunicar la empresa la situación el 9 de octubre y declarar la situación de emergencia sanitaria el 3 de noviembre, en inspecciones realizadas los días 5 y 6 de ese mes y el 12 de diciembre y 5 y 29 de enero se corroboró «un comportamiento de los peces acorde a los parámetros normales, si bien se detecta la presencia de una mancha fuera del perímetro de la explotación, de la que se extraen muestras para su análisis por parte del Laboratorio de Salud Pública».
En cuanto a la actuación de la consejería de Transición Ecológica, el Gobierno explica que su competencia es solo el seguimiento de los emisarios tierra-mar y no la vigilancia de la calidad de las aguas costeras. «En el caso de Telde, la consejería ha actuado […] realizando las inspección periódicas y alguna adicional del sistema de vertido al mar, que refuerce la información aportada en el marco del programa de vigilancia y control por su titular».
En este punto, la consejería detalla que «todas las desviaciones respecto a la autorización vigente» detectadas han sido comunicadas a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y al propio Ayuntamiento, «iniciando la primera un procedimiento sancionador por posibles incumplimientos municipales».
Con todo, el Ejecutivo explica que se han realizado muestreos ordinarios y extraordinarios preventivos en las zonas afectadas y los resultados «se sitúan dentro de los valores establecidos en la normativa vigente».
Esta semana, los consejeros de Aguas, Manuel Miranda; Agricultura y Pesca, Narvay Quintero; Transición Ecológica, Mariano Hernández; y Sanidad, Esther Monzón, se reunieron para hacer un seguimiento y en ella Quintero aclaró que las jaulas marinas tienen una concesión del Gobierno de España desde 1999 por 30 años, pero con la entrada en vigor en 2018 del Plan de Ordenación de Acuicultura de Canarias el Ejecutivo determinó que la ubicación no es apta para futuras concesiones y acordó con la empresa desmantelar las jaulas a lo largo de 2026, tres años antes de finalizar la concesión.
Imagen / La Provincia-Dlp
