OPINION

Dentro de la batalla mediática y de opinión pública, que está envolviendo el trámite de la investidura y consecuentemente la formación de un gobierno, el diagnóstico más extendido se inclina por concluir que asistimos a diferentes representaciones, donde la inculpación de unos a otros va a ser determinante en las exposiciones , en lugar de explicar las ventajas de sus respectivas alternativas para servir mejor a los ciudadanos. En definitiva estamos ante el inicio de campaña electoral para unos comicios anticipados.

El primer candidato, Pedro Sánchez, que ya ha movilizado a los mejores cerebros para su discurso el 1 de Marzo, se despachará con un rechazo total al PP, culpable de todos los males del país, a pesar de que Bruselas acabe de distinguir a España como ejemplo de aplicación de reformas y crecimiento.

La inquina de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy y al PP, ha alcanzado niveles de pura esquizofrenia y el argumentarlo oficial del PSOE recoje perlas que sobrepasan ampliamente los modos usuales en democracias desarrolladas. La destemplanza e insulto personal durante el debate televisivo,no fue un calentón ocasional.

Pedro Sánchez extenderá ,en tono menor, su descalificación a Pablo Iglesias pero reiterando que la única línea roja es que Mariano Rajoy no siga en la Moncloa. Una llamada de urgencia para arañar algún voto de los partidos marginales e independentistas.

Hay expectación para ver hasta que punto llegará el desahogo de Mariano Rajoy, que parece aumentar su tensión conforme se acerca el momento de dar respuesta en un hemiciclo hostil y con pataleta radical anunciada.

El presidente en funciones ha dado muchas veces muestra de que es un gran parlamentario y su reacción puede ser muy ácida cuando escuche reiteradas acusaciones de corrupción del PP, de “sus amigos Rato, Barberá y Bárcenas” y del inmovilismo social. La intervención de Mariano Rajoy está prevista para el dia 2, pero se habla de que está montando una réplica inmediata a la intervención de Sánchez y que lo hará en una sala muy cercana al hemiciclo.

Pasado el último acto de la “investidura fallida”,salvo sorpresas poco probables, se entra de nuevo en una especie de limbo político.

Los más optimistas dicen que se abre un nuevo periodo de reflexión y revisión en la que todo es posible. Incluso que se besen Rajoy y Sánchez , o que la reconciliación sea de Pablo y Pedro, más fácil esta que aquella.

Son hojas de ruta muy voluntaristas y habrá que conformarse con unos comicios anticipados y que sean las urnas las que den resultados más propicios.

La experiencia del pacto PSOE-Cs  debe ser calificada como positiva y si no ha llegado a mayores, a enganchar al PP, además de por el odio africano de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, ha sido por que nuestros modos políticos tienen ramalazos de fulanismo trasnochado y egoísmos desmedidos.

Si ante los peligros que nos andan rondando de derivar hacia una democracia populista, bolivariana, no acabamos con el fulanismo y las fobias de otras épocas, difícilmente avanzaremos en estabilidad y paz social.

(*) José Luis Poyal Costa, periodista, historiador y profesor Universitario (Assopress)

El director de TeldeActualidad, Carmelo Ojeda, el portavoz de la plataforma social, Telde Responde Ciudadanos, Arístides Rodriguez, mi querido primo, Agustín Cabrera, director de Teldeenfiestas, entre otros muchos, me advirtieron hace tiempo, que el concejal Guillermo Reyes les había dicho y comentaba en todos los corrillos que “no descansaría hasta meterme en la cárcel” y todos los indicadores sugieren que se saldrá con la tuya y por tanto descansará. 

Lo intentó sin éxito con Ildelfonso Jimenez y con Paco Santiago, y sólo consiguió meter preso a su testaferro, aunque hay que reconocerle el mérito que al menos logró apartarlos de la vida política, aunque de poco le ha servido, porque al gobierno de Telde ha vuelto sus herederos, que resarcieron en parte a sus compañeros consiguiendo la reprobación institucional de Guillermo Reyes en sesión plenaria, por “usar la justicia de forma maliciosa y torticera de forma partidista para defender sus intereses“.

Unos meses después me he convertido en la diana del matón de barrio, porque todo parece indicar que lo conseguirá conmigo, a tener de las noticias que me traslada mi abogado penalista, que tiene recurrido mi ingreso en prisión, tras la condena por injurias en la cacería política judicial de la que me vengo defendiendo la última década, del concejal Guillermo Reyes y sus colaboradores necesarios, entre otros,  Carmelo Martín su tonto útil a quién utilizó de testigo contra mÍ, en su penúltimo juicio, celebrado hace unas semanas en la Ciudad de la Justicia, no consiguiendo que compareciera otra testigo de cargo contra mÍ, la querida compañera, Maribel Castro que en un gesto que le honra declinó sumarse a la cacería no dejándose utilizar ni doblegar a las presiones del concejal querellas.

El concejal Guillermo Reyes no sólo miente de forma compulsiva en sede judicial, como pueden comprobar en la historia del caso paladín en teldelibredigital con audios y videos, también lo hace en los medios de comunicación sin ruborizarse afirmando que ya no será el justiciero, o sea, el concejal querellas y que retiraría todas las acciones judiciales que había iniciado en su cacería política-judicial, cuyos honorarios de abogados y procuradores pagamos los contribuyentes de Telde, cuando la realidad es que cuando hizo esas declaraciones se mantenían múltiples querellas criminales, entre otras, unas cuantas contra mÍ y el director de Onda Guanche, Florentino López Castro.

De hecho, de los casi cinco millones de euros que nos han costado los abogados contratados por el ayuntamiento de Telde, el equipo jurídico que ha usado para su defensa, Guillermo Reyes ha cobrado cientos de miles de euros de las arcas municipales, o sea, del dinero de nuestros impuestos, para defender al concejal inmaculado y sin tacha. El Santo Job de la política de Telde.

O sea, que el valiente concejal querellas dispara con pólvora ajena, con las perras de los contribuyentes de Telde, que además le pagamos el sueldo, dietas, coche y chófer oficial, teléfono móvil e internet. Los pájaros contra la escopeta.

Es para pensar que el concejal Guillermo Reyes me haya interpuesto 6 querellas por comentarios en el facebook sobre su gestión política y sin embargo, manifieste una cobardía supina para hacer lo mismo con quiénes le imputa públicamente hechos delictivos, por ejemplo, su compañero concejal y diputado regional, Pablo Rodríguez o por citar otro ejemplo, el empresario, Julián Gómez del Castillo que le acusa a el, entre otros, de banda mafiosa de criminales calificando de “clan” al partido de Guillermo Reyes.

Conviene recordar que entre quienes le ha dado “pal” pelo a Guillermo Reyes es el empresario Gonzalo Cáceres, a quién amenazó con querellarse, pero tal como había adelantado Cáceres, no se atrevería hacerlo.

Si como todo parece al final ingreso en prisión será una experiencia, un honor, un inmenso honor. El balance de mi vida, con sus miserias y grandezas es altamente positivo. La historia me absolverá. Cuando Guillermo Reyes llegó a la política yo llevaba más de 20 años de comunicador en radio y prensa, (1977).

Con todo, el orgullo que llevo con mayor sentido intensidad en mi memoria es haber salvado la vida a más de 10 personas (3 niñas), en intervenciones de salvamento y socorrismo en las playas de Telde, al igual que otros compañeros, que son testigos, como por ejemplo Fao, actual trabajador del área de Festejos del Ayuntamiento de Telde. Me siento feliz de haber hecho un importante servicio para mi ciudad durante décadas, como socorrista en las playas de Telde y como monitor de natación en el polideportivo municipal y de Salvamento y Socorrismo (siempre de forma desinteresada), con Paco Artiles, que en paz descansa.

No es el primer político que intenta silenciarme. Ya lo intentó Paco Santiago y no lo consiguió. Guillermo Reyes tampoco me callará, porque de la cárcel se sale. Si quieren silenciarme mejor que me maten, porque a las bravas, no me van a silenciar. Al final restablecí relaciones con Paco Santiago, reconociendo algunos excesos en mi críticas y el su talante para no saber encajarlas. Mi mano también sigue tendida a Guillermo Reyes, para hablar, para dialogar, para entrevistarle donde quiera y cuando quiera, para enterrar el hacha de guerra, para darnos de hostias o para seguir en esta guerra hasta el final de los tiempos.

La última década de mi vida en la que he combinado trabajo con estudios universitarios en la península tuve la oportunidad de vivir con el miedo y la muerte en la era del plomo en el País Vasco, por lo que a estas alturas de la película ir a la cárcel una temporada por criticar a un político no me supone ninguna perturbación.

A veces me arrepiento de haber regresado a mi añorada ciudad, tras haber vivido y trabajado en la península  y Miami, donde conocí a nuestro embajador plenipotenciario, Juan Verde. En Telde se paró el reloj, la ciudad sigue anclada en el teleclub y la escala en hifi, tras 10 años de ausencia parece que he vuelto a regresar al pasado. Lo mejor que me puede suceder que es que integre a una nueva familia en mi experiencia en la vida, a los compañeros privados de libertad, seguramente que mas de la mitad inocentes como yo, como me dijo el cochino wilson, ex presidiario de Telde.

Mi situación procesal me retendrá por aquí un tiempo. Hace unos meses estoy cumpliendo una condena por una de las querellas (de otras tantas), que por lo pronto me ha ganado Guillermo Reyes, recurrida por Vulneración de Derechos Fundamentales, por la que podría ingresar en prisión, al no poder afrontar el pago de los 10.000 euros al concejal.

Por otro lado, estoy esperando (al día de redactar estas líneas, 25 de Febrero del 2016), otras dos sentencias, una de un juicio celebrado hace un mes y medio, tras una querella por injurias que me presentó el director de Radio Aventura, Carmelo Martín y la otra, por un juicio celebrado hace unas semanas, en este caso, Guillermo Reyes el denunciante, también por injurias, con Carmelo Martín como testigo.

Y por último, o mejor, la penúltima querella me llegó hace unos días, es también de Guillermo Reyes contra mí y el director de Onda Guanche, Florentino López, el hijo de la funcionaria a la que quería llevar de testigo contra mi. Y eso que “se acabaron las guerras” . . .

AGRADECIMIENTOS

Quiero por último hacer público mi agradecimiento por el apoyo y solidaridad, en primer lugar al líder político, Lorenzo Olarte que puso a mi disposición sin costo alguno, el mejor abogado penalista de Canarias, sin cuyo apoyo profesional hace tiempo que me hubieran ingresado en la cárcel.

Mi agradecimiento a los compañeros que se han mojado, hasta donde han podido, en mi apoyo y defensa en sus medios. A presidentes y presidentas de colectivos vecinales, a los compañeros, David Hatchuell, Agustín Cabrera y Florentino López. A José Carlos Martín Puig, Arístides Rodríguez, Elisa Santana, Maribel Castro, entre otros muchas y muchos.

Manuel Ramón Santana, profesor y comunicador

Fuente: Teldelibredigital.com

En 1603 Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos (1580-1645), más conocido como Francisco de Quevedo, escribió uno de sus poemas más conocidos: «Poderoso Caballero es Don Dinero». Más de cuatro siglos después este título refleja una realidad que llega a nuestros días, y que recorre a lo largo y ancho de nuestro país una lacra, enraizada en demasiadas administraciones públicas, en forma de corrupción, en connivencia con algunos miembros del mundo político y empresarial.

En contratación pública, parece que algunas administraciones (más allá del perfil del contratante) es, cuando menos, complejo conseguir en ocasiones en qué condiciones se lleva una empresa una obra y/o un servicio para una administración pública (contrato y pliego de condiciones), para que la ciudadanía pueda fiscalizar en qué condiciones se emplea el dinero de sus impuestos, y se evite susceptibilidades.

Hay ejemplos que reflejan el coste que la deficiente gestión, asociados a veces a casos de corrupción, deja tras de sí: la ONG Transparencia Internacional (TI) estimaba (en un manual publicado en febrero de 2006, con recomendaciones para frenar la corrupción en la contratación pública) que el perjuicio apreciado de la corrupción en la contratación pública oscilaba entre el 10 y el 25%, y en algunos casos alcanzaba entre el 40 y el 50% del valor del contrato; en febrero de 2015, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en su «Informe sobre el Análisis de la Contratación Pública en España», consideraba que nos podíamos ahorrar al año 47.500 millones (un 25 %) de los 194.000 que mueve la contratación pública en nuestro país (estos 47.500 millones suponen un 4,6 % del PIB anual), debido a una “desviación al alza” en dicha contratación pública; el libro «El Diccionario de la corrupción», de la editorial Nostrum, relata que desde 1978 el país ha sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estatales. Se cifra que el agujero en las arcas españolas por casos de corrupción es de más de 7.500 millones de euros; «etcétera, etcétera, etcétera …».

Numerosas sentencias judiciales establecen la relación entre corruptores y corruptos, y la vinculación existente entre algunos políticos y parte del mundo empresarial. Los medios de comunicación nombran más a los responsables políticos que a los empresarios, y en algunos casos, miembros de la administraciones públicas que se sientan con ellos, en demasiados casos, en juicios y sus condenas. Pero la ardua y larga tarea de la justicia, con insuficientes medios técnicos y humanos, de llevar a aquellos que infligen las leyes en materia de corrupción, se ve en ocasiones dilapidada cuando existen casos de indultos (ley de 18 de junio de 1870), cuando menos, de difícil comprensión de cara a la ciudadanía habiéndose condenado a políticos, empresarios o miembros de la administración, o terceros que se aprovechan de esa figura legal para atenuar o librarse de penas de prisión. Flaco favor a la credibilidad de las instituciones, en este caso, políticas y fomentando la desafección de la ciudadanía de las instituciones que les representan.

Tenemos un estado de derecho garantista, lo que no es en sí negativo, pero no deja de ser obvio e hiriente observar como empresarios se llevan contratos con las administraciones públicas (o empresas públicas u otras entidades de diferente naturaleza jurídica, que reciben dinero público para sus contrataciones) cuyos pliegos de condiciones pueden parecer realizados a medida de determinadas empresas, sin que ello constituya delito, pero que hacen que determinados empresarios pasen de luchar en el mercado a obtener suculentos contratos con la administración pública que hacen a los mismos tengan a corto y medio plazo, importantes fortunas. ¿Quién fiscaliza y audita posibles irregularidades?, auditorías internas en las administraciones, cuyos cargos están sujetos a la voluntad política en demasiados casos.

Vaya por delante, que considero que el grueso de las actividades políticas y empresariales se guían desde la legalidad, pero no es menos cierto que existe una connivencia político-empresarial, entre corruptos y corruptores, ya que la principal motivación es el ánimo de lucro, está demostrada por los tribunales de justicia en sus sentencias.

Si bien la corrupción se puede dar en cualquier país democrático, lo que no es de recibo es que los legisladores en nuestro país no legislen para evitar, en la medida de lo posible, que esta sea esporádica y no «generalizada».

Muchas son las medidas que se pueden tomar en la lucha contra la corrupción, y solo destaco algunas: auditorías externas ante el más mínimo indicio de delito en la contratación de obras y/o servicios a las administraciones públicas u otras donde se maneje dinero público; aumento de medios y de los inspectores de la Agencia Tributaria; endurecimiento de penas y multas a aquellos relacionados con delitos de corrupción; formular una mayor independencia de la justicia del poder político, dotándola de más medios técnicos y humanos y de carácter totalmente independiente; independencia absoluta de la fiscalía anticorrupción y de los investigadores policiales, dotándola de más medios técnicos y humanos, en delitos de corrupción y adscritos a un poder judicial independiente; nueva formulación de la figura de los indultos (de manera especial en los casos de corrupción con dinero público) los cuales deben estar debidamente motivados por el poder ejecutivo; fin de todos los aforamientos; una ley de transparencia más ambiciosa, así como leyes complementarias que impliquen la publicación de las cuentas generales y liquidaciones de la administración pública y/o entes de diferente naturaleza jurídica (empresas públicas, fundaciones, etc.) que se nutren total o parcialmente de fondos públicos, garantizando la consulta accesible a cualquier ciudadano, al menos, mediante un enlace habilitado en la página web de la institución y de los entes que reciban dichos fondos, y que no vaya más allá de un año de haber finalizado el ejercicio del presupuesto; «etcétera, etcétera, etcétera …».

Solo falta que en la legislatura entrante, los políticos (y las nuevas políticas) tomen medidas contundentes para minimizar esta lacra y que se siga aquella máxima de que la justicia es: «ciega e igual para todos». El tiempo nos dirá si esa percepción de la impunidad es algo del pasado.

En la actualidad el campo municipal de fútbol «Manuel Jiménez Rosales» ubicado en el núcleo urbano del Toril (Carrizal) lo están compartiendo en la presente temporada 2015 /2016 dos clubes de fútbol con sus respectivos equipos filiales. Por derechos propios y antigüedad está el C.F. Unión Carrizal (1ª categoría regional) y el nuevo y recién creado club C.D. Futboltec (2ª categoría regional), entre los dos equipos y sus filiales desde el titular hasta las escuelas/bases lo integran cerca de 300 deportistas.

El C.D. Fútboltec tuvo su presentación oficial en Abril de 2015 y en su apertura el entonces concejal de deportes Chano Suárez, pertenecientes al bipartito Partido Popular / Agrupa Sureste (legislatura 2011 / 2015) prometió nuevas infraestructuras deportiva que nunca llegó en su mandato, lo decimos porque existieron el consiguiente malestar de «estrechez» de dos clubes de fútbol y sus cadenas con escasas instalaciones deportivas y donde el campo se comparte al 50% para los entrenamientos de ambos clubes, lamentablemente se observan la falta de locales donde los sábados hemos vistos equipos que se tienen que vestir en «habitáculos» ó venir vestidos por no decir que se visten al aire libre.

En la actual legislatura (2015 / 2019), el nuevo concejal de deportes José López Fabelo, perteneciente al bipartito (Partido Socialista / Forum Drago)en su ronda de visitas a las instalaciones deportivas municipales de todo el municipio de Ingenio se vio «con la espada en la pared» ante la problemática que ofrecía el campo municipal de fútbol del Toril y su insuficiencia de instalaciones deportivas para la demanda de los dos clubes regionales allí existente.

El C.D. Fútboltec era el más afectado con sólo una habitación y un pequeño «habitáculo» pasando dicho club diversas vicisitudes en cuanto a espacios para sus actividades, hecho que también le sucede al titular C.F. Unión Carrizal, José López nos manifestó que se está trabajando para aumentar las instalaciones deportivas y así solucionar (de momento) parte de las necesidades de ambos clubes, asimismo prometió remediar la problemática vial con «un paso de peatones elevado en el firme» para frenar a los locos conductores que se excedan de velocidades dentro del recinto deportivo ya que desde hace varios años los conductores que suben por la calle Barcelona y prosiguen dentro de las instalaciones deportivas no respetan las velocidades y ya hemos tenido varios accidentes.

Esperemos a la mayor brevedad la solución a estos problemas por el bien de los deportistas de estos dos clubes regionales que lo está demandando.

Lo que se está viviendo en el sector de Hostelería en Canarias es muy grave, encontrar un contexto en el que se le pueda dar algún tipo de explicación para buscar una palabra, para intentar definir la situación agónica que viven los trabajadores/as del sector, solo se puede definir con una frase que es la que se ha puesto de moda en la inmensa mayoría de los hoteles y establecimientos hoteleros: ¨TRABAJAS 10 HORAS, COBRAS POR 8, TE COTIZO POR 4 Y HACES EL TRABAJO DE 2 PERSONAS¨. Esto que puede parecer una forma matemática de expresarlo es ‘el pan de cada día’ de miles de trabajadores/as en Canarias que ven que los hoteles están llenos hasta ‘la azotea’ y son explotados sistemáticamente. Hoteles donde, no solo se les aplica lo dicho anteriormente sino que además se les obliga a congelar sus salarios, a renunciar a parte de sus vacaciones, y en algunos casos, incluso, hasta bajarse el sueldo. 

Esto, que podría ser una descripción de un trabajador de un país subdesarrollado, está pasado en nuestras Islas, en gran parte de los establecimientos hoteleros, ante la total impunidad de unos empresarios desarmados que están haciendo el ‘Agosto’, ganando cantidades ingentes de dinero y permitiendo que masacren a los trabajadores/as. Además, por si esto fuera poco, el Gobierno de Canarias les da subvenciones de dinero público, dinero de los contribuyentes, para que reformen sus establecimientos. Más indignante aún es que quieren excepciones fiscales, en algunas de estas empresas de Hostelería; están cometiendo un fraude a la Hacienda pública y a la Seguridad Social (trabajadores/as sin dar de alta, no cotizando parte del salario que se les abona, no declarando parte de la remuneración salarial, etc…) y aquí no pasa nada.

No puedo entender, por más que me empeñe en encontrar una explicación, cómo la clase política de Canarias mira para otro lado; no sé si es por el miedo a este sector tan potente, económicamente hablando, o bien porque no se quiere tocar a ‘la gallina de los huevos de oro’, ya que el sector Servicios, y en particular la Hostelería es la columna vertebral de la economía canaria. Evidentemente, esto no justifica que tengamos una clase política que no solo no condena estos comportamientos y actitudes delictivas, sino que, encima con dinero público, el Gobierno de Canarias les costea grandes ferias turísticas, les dan dinero público para la renovación de la Planta hotelera y embellecimiento de las zonas turísticas. Todo ello, lo hacen nuestros gobernantes, sin nada a cambio, ni siquiera son capaces de exigirle a este sector que cree empleo, ya que las grandes cifras de ocupación turística, históricas, que se están viviendo en Canarias, chocan con el número de trabajadores/as que tendría que haber para atender a esa gran cantidad de turismo que esta llegado a las islas y que comparadas con épocas anteriores necesitaría más creación de empleo. Hoy día, en esta situación económica boyante en el sector del turismo, hay casi un 21% de trabajadores/as menos.

En definitiva, quiero terminar diciendo que ¿para cuándo se les va a exigir a los empresarios del sector hotelero de Canarias que creen más empleo, para cuándo se les va a exigir que respeten los derechos de los trabajadores/as, para cuándo se les va a exigir que no sigan defraudando a todos los ciudadanos?

¿Para cuándo?… ¿Para cuándo?… ¿Para cuándo… señores gobernantes de Canarias?

Hace unos días el presidente de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Mesa, mostró su preocupación por los “alarmantes” niveles de pobreza y exclusión social en Canarias, donde persisten «problemas económicos graves, pese a la idea, mensajes y noticias de que la crisis se ha superado o de que ya se está en proceso de hacerlo».

El responsable de la ONG denunció que los datos que maneja la entidad sobre sus usuarios indican que Canarias es la comunidad autónoma donde más ha aumentado en los dos últimos años el riesgo de caer en exclusión y vulnerabilidad social.

Por esas mismas fechas el director de Cáritas, Gonzalo Marrero, se lamentaba de que los presupuestos del Gobierno de Canarias no considerasen como una prioridad “incorporar a las personas en situación de exclusión social” y recordaba que en este archipiélago en solo uno de cada mil hogares se percibe la PCI, apenas un 17% de la población que reúne las condiciones de acceder a ella; que 600.000 personas están en riesgo de exclusión social en esta comunidad donde la pobreza severa ha aumentado en un 8%.

En una rueda de prensa convocada para analizar los presupuestos del Gobierno Autónomo y coincidiendo con las manifestaciones anteriores, el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y la Red Regional de Defensa de los Servicios Sociales denunciaban que la situación para los más desfavorecidos ha empeorado considerablemente en las islas a causa del “desmantelamiento del sistema público de  servicios sociales” debido a los pocos recursos que le dedican los presupuestos de la Comunidad Autónoma y a la entrada en vigor de la Ley de Reforma de la Administración Local que resta competencias a los municipios en esta materia. También la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a las islas como una de las regiones con peores coberturas para atender a las familias empobrecidas.

El periódico El Día, al hilo de todas estas informaciones, titulaba en un editorial que el tiempo corre en contra de los ciudadanos y que los niveles de pobreza y exclusión son “alarmantes”, atendiendo a la palabra empleada por Cruz Roja. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el  “Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias”, publicado por la Fundación FOESSA, el trabajo sobre “Desigualdades entre las comunidades autónomas españolas”, también de FOESSA, el Informe sobre la pobreza infantil «Iluminando el futuro», de la organización Save the Children de marzo de 2015, el último Informe Anual de Caritas Diocesana en Canarias, los informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, los de Oxfam Intermon, los de las universidades canarias y tantos otros estudios, vienen a confirmar el incremento de la desigualdad en Canarias y, su expresión más lacerante, el aumento de la pobreza y la exclusión social.

Que Canarias registre una tasa de pobreza y exclusión (tasa AROPE) del 35,5%,  (en España es del 27,3%), que la tasa de riesgo de pobreza sea del 27,6% en el Archipiélago (en España del 22,2%), que los hogares con carencia material severa afecten al 8,5% de los hogares isleños (en España al 6,2%), que el ingreso medio neto por persona sea en Canarias del 79,9% de la media española, que el porcentaje de pobreza infantil sea aquí del 39,4% (en España del 32,6%), que la evolución del coeficiente de Gini haya empeorado en Canarias en un 11,1% (en España lo ha hecho en un 8,6%), lo que nos coloca como la segunda comunidad autónoma con mayor desigualdad en la distribución de la renta, son datos que muestran que la salida de la crisis se está saldando con una mayor desigualdad y una preocupante fractura social.

Como se observa, aunque no es nuevo, en Canarias el aumento de la desigualdad de los ingresos y de la pobreza es mucho más notable que la media de España, y ésta se encuentra entre los países más desiguales de la Unión Europea e incluso de la OCDE. En nuestra Comunidad esta situación se debe al enorme número de parados, a la extensión del tiempo en que las personas están desempleadas, a la disminución de las prestaciones por desempleo, al deterioro de las condiciones contractuales en el mercado de trabajo y a la debilidad de los mecanismos públicos de integración de los sectores más golpeados por la crisis.

A ello se une el que se cobren los salarios privados y las pensiones más bajas del Estado. Las últimas reformas laborales del Gobierno estatal han tenido como consecuencia que mucha gente que logra un contrato permanezca en situación de exclusión social debido a los bajos salarios. Para el Gobierno del PP la desigualdad social y la exclusión social no son un problema. Tampoco lo son para la gran patronal que defiende la bajada salarial porque dice que así nuestras empresas son más competitivas. Aunque hemos visto que no se aplica la receta cuando les afecta a ellos: el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha visto incrementado su salario como consejero de Gas Natural en un 64% en 2015. Según publicó eldiario.es en mayo de 2015  la compañía eléctrica le subió su sueldo por lo que ese año cobró 208.000 euros frente a los 175.000 que había cobrado en 2014.

En la línea de la patronal esta semana hemos conocido que el Gobierno canario promociona como algo positivo de nuestras islas que aquí se cobran los salarios más bajos de Europa. En el Parlamento de Canarias el presidente Fernando Clavijo defendió esa política de promoción como “un ejercicio de transparencia” y dijo que la oposición hace “demagogia” por criticar que el Gobierno en lugar de combatir los salarios bajos lo que hace es promocionarlo como algo positivo.

La situación en Canarias es especialmente grave, pero la desigualdad se extiende por todas partes.  Y va sembrando una infelicidad colectiva…Lo hace en España, en Europa (especialmente en el sur), en el mundo… En España el 10% de la población acapara el 55,6% de la riqueza patrimonial (solo veinte ciudadanos acumulan un patrimonio equivalente al del 30% de la población más pobre); más de diez millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza; 2,5 millones de trabajadores perciben un salario y son pobres y casi un millón de familias no perciben ninguna renta… mientras el gasto social se recortaba en un 13% en la anterior legislatura. Y sucede lo mismo en el sur de Europa. 122 millones de europeos viven hoy en riesgo de pobreza. Y sucede en el resto del planeta donde las 62 personas más ricas acumulan la misma riqueza que los 3.600 millones más pobres; donde el 1% más rico se aleja del 99% restante.

No puede parecer extraño entonces que la OCDE afirme que el 40% de los estudiantes de familias desfavorecidas en España registra un bajo rendimiento en matemáticas, frente al 8% de los alumnos favorecidos que no alcanzó la considerada «competencia básica». Es decir, las características personales, familiares y socioeconómicas del alumno determinan su desempeño en el sistema educativo. No es de extrañar tampoco que la pobreza y la mala salud vayan de la mano; que los países pobres tiendan a presentar peores resultados sanitarios que los más pudientes, y dentro de cada país las personas pobres tengan más problemas de salud que las acomodadas: la pobreza genera mala salud y la mala salud los hace aún más pobres. El profesor Joan Benach afirma que “son las clases sociales más desfavorecidas las que mueren antes, enferman más, y tienen con mayor frecuencia hábitos perjudiciales para la salud y peor calidad de vida”.

La extrema desigualdad, según Anton Costas, asesina la democracia. Para Angus Deaton, galardonado con el Nobel de Economía especialmente por sus estudios sobre la desigualdad, “la pobreza erosiona la democracia. Si los impuestos se gastan con sensatez, la libertad podrá difundirse ampliamente”. La redistribución de los impuestos y la lucha contra la evasión hacen a las sociedades más igualitarias. Paul Krugman sostiene que se puede hacer sin entorpecer el progreso económico. Kofi Annan también: “actuar severamente contra la evasión fiscal contribuiría a reducir la desigualdad”. Eso y un compromiso claro y rotundo con los más desfavorecidos por parte de unos gobiernos autonómico y estatal que, desgraciadamente, miran para otro lado a la hora de afrontar el reto de poner en marcha una propuesta real y efectiva de lucha contra la pobreza. Eso y una voluntad clara de confirmar un Gobierno de progreso para España sin dilaciones, al margen de tacticismos, ministerios plurinacionales o referéndums, que lo primero es lo primero.  Al fin y al cabo, como afirmó John Stuart Mill, “los malos solo necesitan para alcanzar sus fines que los buenos miren para otro lado y no hagan nada”.

Antonio Morales Méndez es presidente del Cabildo de Gran Canaria

Si Telde aspira a garantizar la calidad de vida de sus habitantes, debe hacer un esfuerzo mucho mayor que el realizado hasta ahora. El reparto de infraestructuras sociales, culturales y de servicios básicos, y la accesibilidad a los mismos, contribuye a equilibrar la ciudad, y por ende, la calidad de vida de sus habitantes.

Sin embargo, un grupo político que ha gobernado Telde durante más de 30 años (en diferentes etapas), ha evitado a toda costa poner en marcha los consejos ciudadanos por la sencilla razón de que resulta más fácil manejar asociaciones de vecinos afectas que lidiar a campo abierto con todas las opiniones, haciendo cuentas de lo que ha costado y cuesta la Concejalía de Participación Ciudadana.

Es fundamental fomentar campañas que favorezcan la cooperación al desarrollo en todos los segmentos de nuestra sociedad (colegios, centros de salud, administración, movimientos sociales, etc), para así fortalecer el tejido asociativo. Una ciudadanía activa, solidaria y responsable, se traduce en objetivos comunes y medios para participar en ella con pluralidad e independencia.

En definitiva, se trata de vertebrar la participación de los ciudadanos a través de los consejos ciudadanos para potenciar el tejido social, favoreciendo la participación cultural y política de la ciudad. En Telde hay sectores de población que tiene más dificultad para solucionar sus problemas, por eso hay que establecer mecanismos de elaboración de nuevas propuestas de comunicación al servicio de la ciudadanía.

Una ciudad con más de 100.000 habitantes (gran ciudad), está obligada a garantizar un grado de prestaciones mínimas. El bienestar social se plasma en el día a día, y el gobierno de Telde es incapaz de integrar a los ciudadanos en la vida municipal. Hay que poner en marcha campañas activas y dinamizadoras, proyectos que sean capaces de generar el interés de la población y de un órgano de seguimiento por parte de los partidos (gobierno y oposición), y de las asociaciones de vecinos.

Una herramienta como son los Distritos y la creación de los Consejos son fundamentales para la salud democrática y la participación colectiva e individual de la ciudadanía. Este Gobierno de Telde debe garantizar la participación de los ciudadanos en cada barrio mediante la democratización de los diferentes colectivos. Sobremanera a los que estén disfrutando del patrimonio de todos, véase edificios municipales y que han costado cientos de millones a los contribuyentes, no es de recibo que en estos lugares no haya espacios para todas las generaciones.

Si recorremos esos edificios (que salvo honrosas excepciones que hay que aplaudir y homenajear), el resto permanecen cerrados habitualmente y mucho más a la posibilidad de que todas las generaciones puedan entrar, utilizar y disfrutar de esa propiedad de todos ¿Qué cómo se resuelve? Pues mediante la acción del gobierno haciendo que esos colectivos se democraticen y así mismo, trasladar todos los Distritos a concejales y unidad funcionarial con el fin de atender “in situ” a los ciudadanos, así tendrían un diagnóstico de cada lugar y por ende, de la ciudad.

A partir de ahí, que todos participen en tareas de la distribución de los presupuestos económicos en los asuntos sociales y en el Plan General General Urbano. Hay asuntos de mucha enjundia como para que la ciudadanía no participe y se le den las cosas cocinadas, por eso es importante crear los Foros, como por ejemplo el Anti Crisis, que a día de hoy, ningún miembro del pacto ha dicho nada sobre su creación.

(*) Sebastián Henríquez Valido, presidente de Roque de Gando

Todas y todos, en un sentido amplio, vivimos en sociedad. Aunque, dadas las múltiples acepciones del término, y aun centrándose en la dimensión política, ello puede significar fenómenos tan diferentes como la sociedad canaria, la sociedad europea o la sociedad del siglo XXI. Con todo, ser en sociedad es pertenecer un conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización y compartiendo una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. Así que, más allá de los ámbitos íntimos y comunitarios, como ciudadanía conformamos una sociedad. 

Se ha reflexionado acertadamente sobre la mínima relevancia de la generalidad de la gente para incidir en el sentido y la orientación de los marcos más amplios de convivencia; sobre como los individuos se vuelven anónimos y se tornan “masa” cuando lo social excede el nivel de sus relaciones personales y de proximidad. Y en la actualidad, ese riesgo de pérdida de la capacidad de decisión y de protagonismo de las ciudadanías no ha hecho más que aumentar. Con la Globalización neoliberal, nuestras existencias están cada vez más determinadas por instituciones de control distantes de nuestra cotidianeidad. Aun manteniendo, en el espacio estatal, formas democráticas de elección de los responsables de las administraciones públicas, la soberanía interior no deja de supeditarse a instancias fuera de su alcance y a intereses ajenos a los propios.

Hoy vivimos según se decide en ámbitos tan escasamente responsables ante las personas de a pié como son la Unión Europea y las organizaciones internacionales. Hoy parece que quienes más mandan son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa… entidades, todas ellas, no controladas democráticamente y más proclives a defender los intereses de “los Mercados” que a asegurar la prevalencia de los fines de concordia y progreso generalizado.

Si, vivir en sociedad se está volviendo cada vez más problemático y frustrante. Y eso que la concepción política de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad se consolidó a lo largo del siglo pasado con la Declaración universal de los derechos humanos, la extensión –en Occidente- del derecho a sufragio democrático a toda la ciudadanía y con la creación de la Organización de Naciones Unidas.

Aunque conviene no olvidar que esos innegables hitos de progreso civilizatorio llegaron tras la espantosa catástrofe de la guerra mundial que, como colofón, trajo las armas de destrucción masiva atómicas. Que, al poco, se entró en una dinámica de “Guerra Fría” de enfrentamiento entre los dos imperios emergentes. Y que, tras “la caída del muro de Berlín”, se han acelerado los procesos autoritarios, acaparadores e inhumanos de tan amenazantes consecuencias en el pasado. Por ello es necesario, extrayendo lecciones del proceso histórico que nos ha traído hasta aquí, gestionar, conjuntamente, la mayor complejidad actual de las estructuras de convivencia con las nuevas herramientas de conocimiento y comunicación, con los mejores procedimientos de integración social y prevención ecológica y con los valores más fraternos y solidarios. Para que vivir en sociedad sea la expresión de nuestras capacidades y afectos conjuntos y no una agonía cotidiana.

Hoy vivimos según se decide en ámbitos tan escasamente responsables ante las personas de a pié como son la Unión Europea y las organizaciones internacionales. Hoy parece que quienes más mandan son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa… entidades, todas ellas, no controladas democráticamente y más proclives a defender los intereses de “los Mercados” que a asegurar la prevalencia de los fines de concordia y progreso generalizado.

Si, vivir en sociedad se está volviendo cada vez más problemático y frustrante. Y eso que la concepción política de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad se consolidó a lo largo del siglo pasado con la Declaración universal de los derechos humanos, la extensión –en Occidente- del derecho a sufragio democrático a toda la ciudadanía y con la creación de la Organización de Naciones Unidas.

Aunque conviene no olvidar que esos innegables hitos de progreso civilizatorio llegaron tras la espantosa catástrofe de la guerra mundial que, como colofón, trajo las armas de destrucción masiva atómicas. Que, al poco, se entró en una dinámica de “Guerra Fría” de enfrentamiento entre los dos imperios emergentes. Y que, tras “la caída del muro de Berlín”, se han acelerado los procesos autoritarios, acaparadores e inhumanos de tan amenazantes consecuencias en el pasado. Por ello es necesario, extrayendo lecciones del proceso histórico que nos ha traído hasta aquí, gestionar, conjuntamente, la mayor complejidad actual de las estructuras de convivencia con las nuevas herramientas de conocimiento y comunicación, con los mejores procedimientos de integración social y prevención ecológica y con los valores más fraternos y solidarios. Para que vivir en sociedad sea la expresión de nuestras capacidades y afectos conjuntos y no una agonía cotidiana.

En unas declaraciones realizadas hace unos días en el programa El drago de la cadena Ser, el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona se lamentaba diciendo, ante los últimos casos de corrupción detectados en la órbita del PP, que había sido la corrupción la que había impedido su reelección como primer edil de la capital grancanaria. Fue muy gráfico al finalizar su intervención mostrando su indignación con un “que les den” que fue muy comentado después en los corrillos mediáticos. Unos días más tarde una consejera del Cabildo me espetó indignada, al echarle en cara las prácticas corruptas de su partido en una sesión plenaria, que a ella le daba asco la corrupción. A Javier Maroto, vicesecretario del PP, también le produce náuseas ahora, dice, mientras su partido borraba los ordenadores, destruía los libros de cuentas, se deshacía de las agendas… Y a Rajoy que ahora se lamenta de que a su organización le faltara diligencia contra la corrupción mientras lanzaba aquellos mensajes de animo a Luis Bárcenas (“Sé fuerte, Luis) o al valenciano Alfonso Rus (Te quiero, Alfonso, coño”); mientras blinda a Rita Barberá para que no se someta a la justicia ante su previsible imputación. En fin, son muchos los cargos públicos del Partido Popular los que ahora se muestran críticos con la corrupción a toro pasado. Son muchos los que ahora alzan su voz quejándose de que se ha robado a manos llenas una vez apeados de la poltrona o una vez perdidas las posibilidades de alcanzarla. La inmensa mayoría se ha callado ante el desfile de los casos Faycán, Góndola, Púnica, Gürtel, Bárcenas, Palma Arena, Valencia en sus distintas modalidades, Acuamed o la propia imputación del partido de Mariano Rajoy por deshacerse de las pruebas de su financiación ilegal. La inmensa mayoría se calló mientras estaba en el poder y la podredumbre se extendía por las entrañas del Estado. Se callaba o intentaba disfrazar la realidad minimizando la situación, reduciéndola a la traición de algunos elementos aislados o afirmando que nadie combatía la perversa utilización de los fondos públicos como ellos.

Hasta hace nada, justificaban todo con tal de continuar en el machito y ahora se rasgan las vestiduras. Se olvidaron en todo momento de asumir la culpa de la pasividad que plantea Jasper, la culpa moral por cada fracaso que reside en la negligencia por no haber emprendido todas las acciones posibles para oponerse a una práctica extendida e institucionalizada. Y es que hay omisiones culposas que hacen el mismo daño o más que las acciones. Y no pueden quedar diluidas en un mero grito de cólera por el cargo perdido. Ya lo dijo Gramsci: “la indiferencia es el peso muerto de la historia…pero nadie o muy pocos se preguntan: si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad ¿habría pasado lo que ha pasado?” Si Cardona y tantos como él hubieran gritado como lo están haciendo ahora cuando aún estaban en las alcaldías, en otras instituciones o en el partido como cargos orgánicos o militantes de base ¿habría pasado lo que ha pasado? Si la ciudadanía no prestara su voto incondicional a una organización política implicada hasta el tuétano en la corrupción ¿habría pasado lo que ha pasado?

Los militantes del Partido Popular de manera genérica, sus cargos públicos y orgánicos, los ciudadanos que han permitido con su voto, su apoyo o su pertenencia, la reiteración de prácticas anómalas, no pueden eludir su responsabilidad ética y política después de haber asumido el acatamiento de lo que ha pasado. Ya lo decía Cicerón cuando manifestaba que se puede quebrar la justicia activamente, cometiendo el delito, o pasivamente que es cuando se mira para otro lado a causa de la desidia, el temor, la indolencia o la complicidad. La indignación con la boca chica, como ha expresado Mcluhan, “es una técnica moral utilizada para dotar de dignidad al idiota, lo único cierto es que no afrontar el problema de la corrupción o hablar de él solamente con hipócritas declaraciones de buenas intenciones son, ambas, soluciones pésimas ante un fenómeno del que es difícil negar la importancia en el curso de nuestra historia”.

Es la ceguera moral de la que hablan Zygmunt Bauman y Leonidas Donski (Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida. E. Paidós); es la adiáfora, un neologismo que crea Bauman para señalar al hecho de “situar ciertos actos o categorías de los seres humanos fuera del universo de evaluaciones y obligaciones morales”, para hacer notar la indiferencia con la que una parte de la sociedad afronta lo que sucede a su alrededor, para remarcar su abotargamiento moral. Y es que, apunta, “a medida que la negligencia moral crece en alcance e intensidad, la exigencia de analgésicos asciende imparable, y el consumo de tranquilizantes morales pasa a ser una adicción”. Aparece entonces, remarcan los autores, una insensibilidad moral inducida y artificial que tiende a convertirse en una compulsión o “segunda naturaleza”, mientras el dolor moral es despojado de su saludable papel de advertencia, alerta y agente activador. Con el dolor moral asfixiado antes de que adquiera una presencia realmente inquietante y enojosa, la red de los vínculos humanos, tejida en el hilo moral, es cada vez más débil y frágil, y sus costuras se descosen. Sucede con la violencia y el asesinato durante las guerras y con los incesantes escándalos políticos que disminuyen o inhiben completamente la sensibilidad social y política de la gente que termina aceptando los horrores de la guerra o la corrupción.

“Vivimos en una era no solo de inflación monetaria, sino también de inflación –y por lo tanto devaluación- de conceptos y valores”. Los juramentos se incumplen ante nuestros propios ojos sin que pase nada cuando antes era la causa de exclusión social de un individuo. Se violan las palabras dadas y las promesas, se utiliza la mentira, se devalúan los conceptos… Asumimos dulces mentiras sobre nosotros mismos y lo que sucede alrededor o desenvainamos la espada del olvido deliberado para hacerla caer sobre los que recuerdan nuestra debilidad y nuestros vicios.

Es la ceguera moral, remarcada por Donski, elegida, autoimpuesta o aceptada con fatalidad. Que abona el individualismo, el consumismo, la privatización de la vida pública, la pérdida de la sensibilidad ética…Y, como plantea Lutz Niethammer, la descomposición de la esperanza atribuida a los políticos conocidos por generaciones anteriores y considerados como el estímulo y el motor de la historia.

El filósofo Aurelio Arteta (Mal consentido. La complicidad del espectador indiferente. Alianza Editorial) afirma que la pasividad tiene como producto el crecimiento del mal social y el poderoso comete actos injustos ante el –y gracias al- silencio o el apocamiento de muchos: “Hay omisiones que producen tanto daño como las acciones”.

Como dice Adela Cortina (¿Para qué sirve la ética? Paidós) ”ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con total impunidad”. Ni tampoco dándose ahora golpes de pecho mientras se miraba para otro lado al tiempo que se esquilmaba al Estado. Al tiempo que se nos esquilmaba a todos.

Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria