En 1603 Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos (1580-1645), más conocido como Francisco de Quevedo, escribió uno de sus poemas más conocidos: «Poderoso Caballero es Don Dinero». Más de cuatro siglos después este título refleja una realidad que llega a nuestros días, y que recorre a lo largo y ancho de nuestro país una lacra, enraizada en demasiadas administraciones públicas, en forma de corrupción, en connivencia con algunos miembros del mundo político y empresarial.
En contratación pública, parece que algunas administraciones (más allá del perfil del contratante) es, cuando menos, complejo conseguir en ocasiones en qué condiciones se lleva una empresa una obra y/o un servicio para una administración pública (contrato y pliego de condiciones), para que la ciudadanía pueda fiscalizar en qué condiciones se emplea el dinero de sus impuestos, y se evite susceptibilidades.
Hay ejemplos que reflejan el coste que la deficiente gestión, asociados a veces a casos de corrupción, deja tras de sí: la ONG Transparencia Internacional (TI) estimaba (en un manual publicado en febrero de 2006, con recomendaciones para frenar la corrupción en la contratación pública) que el perjuicio apreciado de la corrupción en la contratación pública oscilaba entre el 10 y el 25%, y en algunos casos alcanzaba entre el 40 y el 50% del valor del contrato; en febrero de 2015, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en su «Informe sobre el Análisis de la Contratación Pública en España», consideraba que nos podíamos ahorrar al año 47.500 millones (un 25 %) de los 194.000 que mueve la contratación pública en nuestro país (estos 47.500 millones suponen un 4,6 % del PIB anual), debido a una “desviación al alza” en dicha contratación pública; el libro «El Diccionario de la corrupción», de la editorial Nostrum, relata que desde 1978 el país ha sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estatales. Se cifra que el agujero en las arcas españolas por casos de corrupción es de más de 7.500 millones de euros; «etcétera, etcétera, etcétera …».
Numerosas sentencias judiciales establecen la relación entre corruptores y corruptos, y la vinculación existente entre algunos políticos y parte del mundo empresarial. Los medios de comunicación nombran más a los responsables políticos que a los empresarios, y en algunos casos, miembros de la administraciones públicas que se sientan con ellos, en demasiados casos, en juicios y sus condenas. Pero la ardua y larga tarea de la justicia, con insuficientes medios técnicos y humanos, de llevar a aquellos que infligen las leyes en materia de corrupción, se ve en ocasiones dilapidada cuando existen casos de indultos (ley de 18 de junio de 1870), cuando menos, de difícil comprensión de cara a la ciudadanía habiéndose condenado a políticos, empresarios o miembros de la administración, o terceros que se aprovechan de esa figura legal para atenuar o librarse de penas de prisión. Flaco favor a la credibilidad de las instituciones, en este caso, políticas y fomentando la desafección de la ciudadanía de las instituciones que les representan.
Tenemos un estado de derecho garantista, lo que no es en sí negativo, pero no deja de ser obvio e hiriente observar como empresarios se llevan contratos con las administraciones públicas (o empresas públicas u otras entidades de diferente naturaleza jurídica, que reciben dinero público para sus contrataciones) cuyos pliegos de condiciones pueden parecer realizados a medida de determinadas empresas, sin que ello constituya delito, pero que hacen que determinados empresarios pasen de luchar en el mercado a obtener suculentos contratos con la administración pública que hacen a los mismos tengan a corto y medio plazo, importantes fortunas. ¿Quién fiscaliza y audita posibles irregularidades?, auditorías internas en las administraciones, cuyos cargos están sujetos a la voluntad política en demasiados casos.
Vaya por delante, que considero que el grueso de las actividades políticas y empresariales se guían desde la legalidad, pero no es menos cierto que existe una connivencia político-empresarial, entre corruptos y corruptores, ya que la principal motivación es el ánimo de lucro, está demostrada por los tribunales de justicia en sus sentencias.
Si bien la corrupción se puede dar en cualquier país democrático, lo que no es de recibo es que los legisladores en nuestro país no legislen para evitar, en la medida de lo posible, que esta sea esporádica y no «generalizada».
Muchas son las medidas que se pueden tomar en la lucha contra la corrupción, y solo destaco algunas: auditorías externas ante el más mínimo indicio de delito en la contratación de obras y/o servicios a las administraciones públicas u otras donde se maneje dinero público; aumento de medios y de los inspectores de la Agencia Tributaria; endurecimiento de penas y multas a aquellos relacionados con delitos de corrupción; formular una mayor independencia de la justicia del poder político, dotándola de más medios técnicos y humanos y de carácter totalmente independiente; independencia absoluta de la fiscalía anticorrupción y de los investigadores policiales, dotándola de más medios técnicos y humanos, en delitos de corrupción y adscritos a un poder judicial independiente; nueva formulación de la figura de los indultos (de manera especial en los casos de corrupción con dinero público) los cuales deben estar debidamente motivados por el poder ejecutivo; fin de todos los aforamientos; una ley de transparencia más ambiciosa, así como leyes complementarias que impliquen la publicación de las cuentas generales y liquidaciones de la administración pública y/o entes de diferente naturaleza jurídica (empresas públicas, fundaciones, etc.) que se nutren total o parcialmente de fondos públicos, garantizando la consulta accesible a cualquier ciudadano, al menos, mediante un enlace habilitado en la página web de la institución y de los entes que reciban dichos fondos, y que no vaya más allá de un año de haber finalizado el ejercicio del presupuesto; «etcétera, etcétera, etcétera …».
Solo falta que en la legislatura entrante, los políticos (y las nuevas políticas) tomen medidas contundentes para minimizar esta lacra y que se siga aquella máxima de que la justicia es: «ciega e igual para todos». El tiempo nos dirá si esa percepción de la impunidad es algo del pasado.
