En la política municipal hay “renuncias por motivos personales” que tienen poco de personales y mucho de… procesales. El último ejemplo llega desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde la hasta ahora superconcejal socialista Inmaculada Medina decidió presentar su dimisión justo después de que un fiscal solicitara al juez su imputación por un presunto delito de corrupción en el marco del llamado caso Valka.
Pero no, no se equivoque el lector: según su propio escrito oficial, la renuncia no tiene absolutamente nada que ver con investigaciones judiciales, contratos sospechosos, expedientes bajo lupa o peticiones formales de imputación. Qué va. Todo responde —palabra de concejala— a simples y etéreas “razones de carácter personal”.
Una explicación tan minimalista como el documento que presentó: un folio escueto, frío y aséptico, dirigido a la Secretaría General del Pleno el pasado 17 de noviembre, que pone fin a la carrera pública de una de las figuras más potentes del socialismo palmense, solo por detrás de la propia alcaldesa, Carolina Darias. Un texto más propio de una baja administrativa que del derrumbe político provocado por una causa judicial.
La renuncia escrita contrasta con la Medina real: contundente en los despachos, omnipresente en las áreas de gestión y decisiva en los equilibrios internos del PSOE local. Para tanto peso político, la despedida resulta casi cómica:
«Que por razones de carácter personal me veo obligada a tomar la decisión de renunciar al acta de concejala de este Ayuntamiento por el Partido Socialista Obrero Español.»
Ni una mención a la Fiscalía.
Ni una sola palabra sobre el caso Valka.
Ni referencia alguna a la investigación por presuntos contratos sospechosos en la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria.
Nada. Silencio administrativo absoluto.
Según el relato oficial, la sombra judicial no existe. La imputación solicitada por un fiscal aparece como una casualidad mística que nada tiene que ver con la dimisión. Simplemente, Medina decidió marcharse… porque sí.
En los pasillos municipales nadie duda:
no es una renuncia voluntaria por cansancio personal, es una salida forzada por la presión de una investigación penal.
Pero el manual clásico de supervivencia política aconseja no decirlo en voz alta: mejor envolver la caída con una redacción pulcra, casi clínicamente neutra.
Y aquí surge la pregunta incómoda que nadie se atreve a formular en público:
¿Qué habría pasado si este mismo caso fuera contra un concejal del PP?
Imaginemos por un momento que un edil popular, bajo petición de imputación por corrupción, se despide del cargo con un folio idéntico, alegando “razones personales”.
¿Habríamos visto comprensión infinita?
¿Titulares suaves?
¿Editoriales de guante blanco justificando la “decisión valiente”?
¿Silencios tan respetuosos como estos?
Más bien lo contrario:
tormenta mediática, portadas acusatorias, comunicados incendiarios, manifestaciones de repulsa, peticiones de responsabilidades políticas inmediatas y la clásica hoguera pública diaria.
Pero cuando la protagonista es una figura de peso del PSOE, la historia cambia:
las “razones personales” ascienden mágicamente a categoría de explicación suficiente. El contexto judicial se convierte en nota a pie de página. La imputación pedida por la Fiscalía pasa a ser un simple decorado irrelevante.
Así, la mujer señalada durante años como la gran figura política del socialismo capitalino se despide con un epitafio administrativo tan impoluto como irónico:
no se va por razones judiciales, se va —según el comunicado— por razones personales.
Eso sí, el fiscal continúa haciendo su trabajo y el caso Valka sigue su curso.
Pero para el relato oficial, todo queda resuelto con un folio frío, dos líneas educadas y una explicación que suena a chiste administrativo:
Aquí no hubo imputaciones.
Solo coincidencias.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
