Dos meses y medio después de que un pescador alertara sobre la presencia de una sustancia «extraña» en el litoral, las cinco playas de Telde cerradas por contaminación marina se terminaron de reabrir el pasado viernes sin que todavía se haya podido determinar el origen del desastre ecológico en la costa este de Gran Canaria y los posibles responsables de la muerte de 2.600 toneladas de lubinas. Un hipotético vertido industrial se suma a las causas que se investigan.
Tras recopilar más de medio centenar de estudios, e incluso un contrainforme que rebatía los argumentos de otro dictamen, el comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (Plateca) dio por concluido el episodio que obligó a cerrar las playas, pero sin llegar a ninguna conclusión sobre las causas, según admitió el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, quien aclaró que dirimir responsabilidades o buscar culpables no era el objetivo de ese órgano autonómico, sino prevenir a la población de los posibles daños a la salud.
Para desesperación de bañistas y de los propietarios de los establecimientos comerciales, pasaron 46 días desde que el 4 de noviembre se prohibiera el baño en Melenara y, en días posteriores, en Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza. También 78 días desde que se avisara de la mancha cerca de la costa y de las piscifactorías de la empresa Aquanarias, que en las semanas siguientes provocó la muerte de los peces y obligó a cerrar una veintena de playas desde Telde hasta Mogán.
El Ayuntamiento de Telde y la empresa Aquanarias libran la principal batalla sobre las responsabilidades
Las cuatro consejerías del Gobierno de Canarias con competencias en la materia -las de Política Territorial y Emergencias, Transición Ecológica, Pesca y Sanidad- recaban datos desde que se declaró la alerta, el 6 de noviembre, pero no se aventuran a establecer el foco contaminante y esperan por el informe pericial del Seprona, apuntó el viceconsejero tras la última reunión del Plateca.
Lorenzo defendió la actuación de esos cuatro departamentos del Ejecutivo autónomo tras las críticas recibidas en las últimas semanas, en especial por el Ayuntamiento de Telde y los usuarios de las playas, que lamentan tanto la escasez de información como la ausencia de los consejeros en el litoral del municipio para interesarse por sus problemas. También el Cabildo de Gran Canaria ha expresado su malestar por la «descoordinación» entre las distintas áreas del Gobierno regional.
Responsabilidades
Una vez abiertas las playas, se abre la fase de las responsabilidades y se prevé una dura batalla entre todos los implicados por eludir las culpas de la contaminación, tanto por la imagen de las instituciones competentes como por los daños económicos generados, que Aquanarias ya ha valorado en unos 30 millones.
En el caso de una negligencia en las piscifactorías, sería la empresa la responsable de indemnizar por el daño ecológico en el litoral y por el cierre de los negocios de las playas, desde Telde a Mogán.
Por contra, si se tratara de vertido tóxico desde tierra, en la propia costa o a través de emisarios submarinos, correspondería la indemnización al Ayuntamiento de Telde, o en su caso las empresas concesionarias del servicio de depuración de aguas residuales, y a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario, que es la responsable de autorizar los emisarios submarinos y de controlar lo que se vierte al mar.
Como ocurrió en el primer momento, con su denuncia en Fiscalía por la muerte de las lubinas, la empresa de acuicultura insiste en que el foco de contaminación fue un vertido desde tierra y el pasado miércoles presentó un nuevo informe en el que apunta hacia los residuos generados por las industrias situadas en los polígonos de El Goro y Salinetas.
En su defensa, Aquanarias ha aportado un acta de inspección de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, realizada el 15 de octubre, que entre otras cuestiones «relevantes», según la empresa, constata el incumplimiento de varias condiciones técnicas de la normativa en vigor de los vertidos de tierra a mar, así como que «siguen conectados a la conducción de desagüe de Silva los efluentes no autorizados procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (Edari) de Silva».
El acta de Transición Ecológica, añade la empresa, relata que el 10 de octubre, por parte de personal de la instalación acuícola, «se tuvo constancia de la detección de un vertido visible, de color blanquecino y olor químico intenso, en las inmediaciones de la boca de la conducción del desagüe». Este vertido, según Aquanarias, «coincide temporalmente» con la mortalidad de peces en las jaulas marinas, «sin que existan causas internas que lo justifiquen».
En esa acta se incluye un escrito de Aguas de Telde en el que señala «que se ha venido advirtiendo el progresivo aumento de la concentración de carga contaminante de entrada en la Edari de Silva, el cual es inasumible por la citada instalación en muchas ocasiones, cuya capacidad, además, se ha visto superada dado el crecimiento urbanístico experimentado en su área de influencia».
Vertidos industriales
Ante esa situación, «se ha desarrollado un Plan de Control de Vertidos Industriales enfocado al análisis de la cuenca que vierte a la Edari», con dos informes de episodios de vertidos con indicios de fuerte carga contaminante, procedentes de dos industrias de pinturas «ubicadas en el polígono de El Goro, y de Salinetas, que fueron comunicados al departamento de Saneamiento del Ayuntamiento de Telde».
Finalmente, el acta detalla que los análisis quincenales de los efluentes de salida de la depuradora municipal de Ojos de Garza y de la Edari de Silva «se corrobora» que el efluente de esta última «sigue presentando una carga contaminante muy elevada, que supera significativamente los valores límite de emisión establecidos en la normativa vigente de aplicación en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas para los parámetros DBO5, DQO y sólidos en suspensión».
La empresa de las jaulas marinas asegura que el gobierno municipal de Telde no ha respondido aún a sus 21 escritos
Además del contenido de esa acta, Aquanaria ha trasladado un informe donde se detallan cronológicamente los «21 escritos» presentados por la empresa ante el Ayuntamiento de Telde, todos ellos formalmente registrados por sede electrónica.
El informe, de casi un centenar de páginas, pone de manifiesto «la persistencia del vertido, el incremento de la mortalidad en las granjas marinas, la falta de respuesta administrativa, y la posterior constatación de incumplimientos mediante actas oficiales de inspección».
Aquanarias asegura que ha reiterado esos escritos «sin que hasta el momento se haya recibido respuesta ni actuación formal por parte de la corporación ni de su empresa pública Aguas de Telde». También «se han mantenido contactos directos con el técnico de playas y con la concejal responsable del área, sin obtener tampoco resultado efectivo ni auxilio técnico alguno», por lo que «durante todo este periodo, la emergencia ambiental ha sido gestionada en exclusiva por esta empresa, con medios humanos, materiales y económicos propios».
La empresa comunicó el pasado lunes que se había constatado «un nuevo episodio de vertido» para dejar constancia de «la insuficiencia de la respuesta municipal, la necesidad de activar el control político, y la decisión de remitir directamente la documentación a los grupos de la oposición, pues ese otro vertido «evidencia que el problema no está resuelto».
Denuncia ecologista
En la misma línea, la Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria y Barranco de Arguineguín ha interpuesto una denuncia ante el Seprona en la que solicita que ese cuerpo de Guardia Civil se persone en el cauce del Barranco de Silva, «tome muestras de los líquidos que bajan libremente e investigue desde dónde se producen y de ser industriales se identifique a la empresa responsables».
También pide que de ser los hechos presuntamente constitutivos de delito, se pongan en conocimiento de la Agencia de Protección del Medio Natural y del Consejo Insular de Aguas, y de deducirse presunto delito ambiental se inicie expediente ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
El colectivo ecologista Salvar Chira-Soria denuncia un vertido blanco y maloliente en el Barranco de Silva
Según se especifica en su escrito al Seprona, el pasado 8 de diciembre varios miembros de ese colectivo ecologista visitaron el Barranco de Silva y pudieron documentar con fotos y vídeos, que se adjuntan en la denuncia, «presuntos vertidos de aguas, de aspecto blanquecino, espesas, densas y mal olientes que corrían por el cauce de dicho barranco y llegaban hasta la playa de Silva».
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