La pasada semana hacía público el Cabildo de Gran Canaria, el listado de municipios que se sumaban a la quinta edición del Programa de Gestión de Colonias Felinas. Un programa financiado, en su totalidad, por el Área de Medio Ambiente de la corporación insular, que dirige Raúl García Brink, (hombre fuerte de Teodoro Sosa en en Las Palmas de Gran Canaria) quien ha dictado una resolución que en opinión de los voluntarios y de algunos ayuntamientos entre ellos Telde, han puesto en alerta a todos los colectivos animalistas por ser la misma contraria a la Ley de Protección Animal.
Esta era una nota que parecía que iba a pasar sin pena ni gloria, si no hubiera sido porque parecía un delito que Telde se quedara fuera de este programa, e inmediatamente se alzó la voz de Carlos Carreño (activista social), quien se encomendarse ni a Dios ni al diablo se lanzó al vacío criticando que nuestro municipio se quedara fuera del Plan del Cabildo, para dos días después desdecirse de lo que había dicho, aunque no con la misma vehemencia que había hecho la crítica.
Ante todo este maremagnun, el concejal de Bienestar Animal de Telde, Juan Francisco Artiles de Más por Telde, salió a dar las oportunas explicaciones del porque se quedaba Telde fuera del programa del Cabildo de Gran Canaria, entre otras cosas porque nuestro municipio cuenta con el suyo propio firmado el pasado mes de noviembre, entre la Concejalía de Bienestar Animal y la ONG ARYCAN con la colaboración de las gestoras de colonias de gatos, firmaron un convenio mediante el cual acordaron prestar asistencia técnica mutua para implementar campañas de esterilización de gatos y mejorar la gestión de perros en situación de abandono.
Todo esto ha servido para poner en guerra a los animalistas que ya estaban bastante calentitos desde que en octubre de 2024, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, emitía un informe clasificando a los gatos comunitarios como «especie exótica invasora», una categoría que les atribuye un supuesto impacto negativo en los espacios protegidos. La medida afecta a un 43% del territorio insular, donde se encuentran zonas de alto valor ecológico como la Red Natura 2000.
Este documento, del Cabildo de obligado cumplimiento, indicaba a los ayuntamientos que los gatos debían ser retirados de estos espacios y reubicados en zonas urbanas o confinados en recintos cerrados, contraviniendo lo establecido en la Ley 7/2023 y tergiversando el contenido del Decreto 630/2013 y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Apenas unas semanas después, el Gobierno de la Canarias fue un paso paso más allá, de manera ilegal, pudiendo incluso llegar a ser constitutivo de delito, ha instado a Cabildos Insulares y Ayuntamientos a retirar y confinar de manera inmediata a los gatos comunitarios de las islas para luego proceder a su sacrificio.
Estas ordenes suponen una manipulación de la normativa de protección animal, del patrimonio natural y de biodiversidad para llevar a cabo una exterminación masiva de los gatos comunitarios.
Afortunadamente los gatos de Telde no van a tener este problema gracias a la firma de este convenio que “es una apuesta firme por la gestión ética y responsable de todos los animales en Telde”. En este sentido, Artiles destaca que “el método CER (captura, esterilización y retorno) es la fórmula más idónea y eficaz para llevarla a cabo”.
Al concejal Juan Francisco Artiles, “querían hacerlo pasar por un villano y lo han convertido en un héroe” ya que es gracias a el que se ha extendido una ola de indignación en las redes sociales al conocerse que se están adoptando medidas ilegales que amenazan la vida de miles de gatos comunitarios, violando la Ley 7/2023 de Protección Animal y distorsionando la legislación estatal para justificar su confinamiento y sacrificio en espacios protegidos.
El Cabildo de Gran Canaria ha catalogado a los gatos comunitarios como “especie exótica invasora” y ordenado su retirada de los espacios protegidos que en nuestra isla abarcan el 43% .
Dos resoluciones del Gobierno de Canarias permiten capturar, confinar y sacrificar gatos comunitarios, tergiversando leyes como el Real Decreto 630/2013 y la Ley 42/2007 de Biodiversidad.
Las resoluciones del gobierno de Canarias, reinterpretan ilegalmente la categoría de “gato comunitario”, reconocida en la Ley 7/2023 como animal de compañía protegido, independientemente de su grado de socialización o ubicación. Además, no han sido publicadas en el Boletín Oficial, violando los principios de transparencia y seguridad jurídica.
La batalla legal ya ha comenzado, desde AnimaNaturalis, junto a FAADA, PACMA, FdCats y FAUDA, se han s interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra estas resoluciones y solicitado medidas cautelares para frenar su aplicación de manera urgente.
La nueva Ley de Bienestar Animal que entró en vigor en 2023 ha venido a complicar aún más la situación, pues establece un marco legal para la gestión de las poblaciones de gatos callejeros, también conocidos como “gatos comunitarios”, basada en el método CER (Captura, Esterilización y Retorno). El objetivo es controlar y reducir progresivamente estas poblaciones mediante métodos éticos y no letales, promoviendo su bienestar y la convivencia armoniosa con la comunidad.
La clasificación de los gatos comunitarios como especie invasora no solo es una tergiversación legal, sino también un ataque directo a la convivencia con los animales y a los avances legislativos que buscan protegerlos.
El bienestar animal y la protección de la biodiversidad no son objetivos incompatibles. Los programas CER, aplicados con éxito en otras regiones de España, permiten que los gatos comunitarios convivan de manera controlada sin dañar el entorno natural.
El sacrificio no puede ser la respuesta. Solo juntos podemos evitar que esta injusticia se convierta en norma.
Maribel Castro; directora de canariasinformativa.com
