En paradero desconocido. Ese es el estado oficial de las facturas de 2,1 millones de euros que el Ayuntamiento le pagó a Aguas de Telde en 2012 y que ahora está reclamando el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde para comprobar si estaban prescritas. Entre ellas, hay 234.000 euros en la finca de San Rafael, hoy abandonada.
La magistrada que instruye el caso ICO-La Mareta, Virginia Peña, lleva siete meses solicitándole al Ayuntamiento que le remita un informe donde se establezca si las facturas con fecha anterior al 15 de mayo de 2007 que le pagó a Aguas de Telde habían prescrito o no por ser su antigüedad superior a cinco años. Y la interventora accidental del Consistorio ya le ha contestado en dos escritos que no sabe dónde están. No aparecen las facturas ni los expedientes administrativos de las obras o servicios abonados.
El gobierno de PP, Ciuca y CC en el periodo 2011-2015 las incluyó entre la relación de pagos que pudo abonar en 2012 con cargo al préstamo bancario de 72 millones de euros para el que le sirvió como avalista el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y entre las facturas de Aguas de Telde que saldó gracias a esta ayuda del Gobierno central figuran 234.000 euros en obras y servicios en la finca de San Rafael o 681.990 euros de la construcción de la depuradora de Silva.
El juzgado investiga estos pagos después de que Más por Telde, partido en la oposición, denunciara que al menos 24,5 millones que se abonaron con cargo a aquel plan de pagos no estaban dentro del ámbito de aplicación que fijó el Gobierno de Mariano Rajoy en el real decreto que reguló aquella línea de ayudas.
Canarias7