Condenan a 35 años de cárcel al asesino de José Antonio Perdomo

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El Tribunal Superior de Justicia de Panamá ha condenado al asesino de los empresarios canarios José Antonio de los Santos Perdomo Cebrián y a Michael Heinrich Untietd Buchled a una pena de 35 años y seis meses de cárcel y cinco de inhabilitación para cargo público y a sus dos cómplices a una condena de 11 años y tres meses de prisión, además de una inhabilitación para cargo público de cinco años.

La sentencia pone así fin al trágico episodio que costó la vida al empresario teldense José Antonio de los Santos Perdomo Cebrián y a Michael Heinrich Untietd Buchled, un tinerfeño aficando en la provincia de Colón en Panamá en enero de 2012. Ambos recibieron tiros en la cabeza, aunque a Untietd también le dispararon con una escopeta en el tronco y otras partes y fallecieron al instante.

El fallo, informado por la emisora autonómica Canarias Radio, considera probados dos delitos en el suceso ocurrido en la madrugada del 13 de enero de 2012, cuando Perdomo y Untietd fueron atacados por los tres asaltantes ahora condenados. René Oliver Antioco Ovalle, alias Pirru, es considerado por el Tribunal Superior de Justicia de Panamá como el culpable del homicidio y robo de pertenencias a las víctimas. Por ello, la sala le impone 20 años de cárcel por las muertes y otros 15 años y seis meses por el robo.

Sus dos cómplicesEmenegildo Prestán Muguruza y Luis Alfredo Ramos Tenorio, cumplirán una pena de 11 años y tres meses de cárcel, además de cinco años de inhabilitación para cargo público. El tribunal estima que ambos encubrieron el doble homicidio y participaron en el robo de las pertenencias, pero no fueron los autores del tiroteo contra los fallecidos, que se encontraban en la finca propiedad del empresario tinerfeño, al que Perdomo había ido a visitar.

Por la muerte de dos perros

El doble crimen, perpetrado a primeras horas de la noche del 13 de enero de 2012 se realizó para vengar la muerte de un perro del autor material de los hechos. Él y Emenegildo Prestán solían ir a cazar gatos con perros, pero uno de ellos no regresó de la persecución de uno de los felinos.

Al informarse de lo sucedido se acercaron a las inmediaciones de la finca de Untietd y unas personas les informaron que él había matado a los dos canes. Ante este hecho, el homicida se dirigió hacia donde estaba el dueño de la explotación y le disparó en la cara y en el brazo y en la cabeza a José Antonio Perdomo, lo que les causó la muerte de manera instantánea.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Canarias Radio, se relata como Pirru, muy enfadado al conocer que le habían matado dos perros, se dirigió a los empleados de la finca y les dijo que no trabajarían más porque iba a matar al propietario, palabras que ratificaron testigos. Sus dos cómplices, según se expone en el fallo, no alentaron al homicida a cometer el doble crimen, pero sí le ayudaron a enterrar el arma utilizada para matarlos, además de sustraer la cartera y otras pertenencias a los dos fallecidos en el tiroteo.

Cinco años después de un suceso que conmocionó en Telde, dado que José Antonio Perdomo era un empresario conocido en el municipio, la sentencia esclarece las causas de una muerte trágica en una alejada provincia de Panamá, donde Perdomo perdió la vida en una situación inesperada. La venganza por la muerte de los dos canes pilló en medio a este teldense.

La Provincia-Dlp

Telde licita la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento

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La Junta de Gobierno Local (JGL) aprobó ayer la licitación del contrato de servicio para la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Telde, con un presupuesto de 195.046,73 euros y una duración de dos años. En los primeros seis meses, la concesionaria realizará la modernización del sistema y la formación del personal y se encargará del mantenimiento y gestión del sistema informático.

La alcaldesa, Carmen Hernández, destacó que con esta adjudicación no solo se cumple con la legislación, sino que tiene otros aspectos destacados como el seguimiento minucioso de los expedientes, la posibilidad por el administrado de acceder a ellos, además de impedir malas prácticas y agilizarlos.

La Junta de Gobierno también abordó el pago a una abogada de 27 de las 29 facturas presentadas, por un importe de unos 42.163,74 frente a los 66.5012 que reclamaba y otro a una empresa contratada para las obras en centros escolares, a la que se le adeuda 5.822,94 euros. Trató, además, dos expedientes de reclamación de responsabilidad patrimonial por la caída de dos vecinos, pero no fueron aceptadas.

La Provincia-Dlp

Servicios Sociales demanda personal, coches nuevos y vigilantes de seguridad

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Los trabajadores del área municipal de Servicios Sociales han presentado un extenso escrito en el que demandan más personal, coches nuevos y vigilantes de seguridad. Sostienen que la política social actual en Telde “cronifica” al usuario y que, según cita textual, “trabaja muy por encima de sus capacidades reales con el consecuente desgaste y deterioro físico y emocional del personal”.

El personal de todos los departamentos de Servicios Sociales ha entregado un documento de 38 páginas a la alcaldesa, Carmen Hernández, y al edil del área, Diego Ojeda, en el que le hacen ver que la política social actual en Telde «cronifica» al usuario y le informan de necesidades y demandas de una concejalía que, según cita textual, «trabaja muy por encima de sus capacidades reales con el consecuente desgaste y deterioro físico y emocional del personal».

Le recuerdan que en el Ayuntamiento hay 10 trabajadores sociales, es decir, uno por cada 10.200 habitantes, cuando la ratio recomendada es de uno por cada 3.000. La carencia de recursos hace que las acciones sociales se centren en la concesión de ayudas, «descuidando los otros abordajes de la intervención», como la promoción y la prevención.

Creen que esta perspectiva «prioriza el asistencialismo» y «relega a los profesionales a centrarse en la burocracia, convirtiéndolos en meros gestores, en perjuicio de la ciudadanía que, en lugar de crecer y acceder a oportunidades, se convierte en dependiente de los Servicios Sociales, cronificando su situación y limitando sus expectativas».

Advierten de que «con semejante carga de trabajo», la suplencia de vacaciones se limita a las urgencias y que tampoco se sustituyen las bajas médicas, ni siquiera las maternales. También se quejan de que la asunción de competencias distintas a las propias se ha convertido en una práctica habitual. Denuncian carencia de material. «Lo que sobra en otros departamentos acaba en Servicios Sociales».

Critican un mobiliario «en mal estado y obsoleto» (algunos empleados se han traído su propia silla de casa), y la falta de archivadores, de material fungible y de ordenadores. Las instalaciones, dicen, presentan barreras arquitectónicas, deficiencias estructurales y ausencia de conexión a internet, sufren plagas y humedades, y algunas no garantizan la privacidad del usuario. Afirman que ninguno de los vehículos reúne condiciones óptimas y reclaman más personal de seguridad.

Canarias7