En junio de 2006 se graduó en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia Comillas. Antes había participado en un programa intensivo en Georgetown (2003) y en Yale (2004). Más adelante pasaría por Harvard (2007) y en ese momento de su vida inició una prometedora carrera profesional en Pérez Llorca, uno de los despachos más prestigiosos de Madrid.
Pronto, en una carrera meteórica, comenzó a asesorar a clientes, esencialmente entidades financieras y compañías que operaban en el sector energético. Pero al tiempo mantuvo viva su vocación investigadora y académica. Así comenzó estudios en Económicas, completando módulos de geometría analítica y cálculo, de estadística y de econometría… o publicando artículos en los que reflexionaba sobre Karl Popper y “la sociedad abierta y sus enemigos”.
Es imposible saberlo, porque en pleno proceso de recuperación del shock de 26 meses en prisión preventiva ha decidido no hacer declaraciones a los medios, pero nunca imaginaría una imagen como la que encabeza esta información. Es el primer encuentro con su hija, la pequeña Ellie, que nació mientras estaba internado en la prisión canaria de Juan Grande su padre, al que sólo había visto en algunas fotografías. Y es el reencuentro con Taehee, su mujer, de origen coreano.
La medida cautelar levantada hace apenas unos días por la Audiencia Provincial de Las Palmas y de cuya legalidad duda el propio Parlamento Europeo fue la señal de prohibido para que el hijo de Vladimir Kokorev (aún en prisión por ser supuesto testaferro de Teodoro Obiang) se perdiese uno de los momentos más humanos, irrepetibles y hermosos en la vida de una persona.
Igor sale de prisión y se encuentra con su pequeña dando los primeros pasos. Pero sale sin conocer un avance sustancial en la investigación que pesa contra su padre y su madre (en libertad hace casi un mes). Se mantiene la teoría del lavado de dinero que ascendería a unos 20 millones de euros, y eso significa que con la condena máxima posible según el Código Penal español, los tres miembros de la familia hispano-rusa habrían cumplido un tercio de lo que impondría una hipotética sentencia que se retrasará años.
Primero, porque no hay a la vista un auto de procesamiento. Segundo, porque tanto la instructora Ana Isabel de Vega como el fiscal Luis del Río como la AP de Las Palmas se han pronunciado en el sentido de que no se ve un horizonte final a la investigación. Ésta, entre otras razones, es causa de que Vladimir Kokorev, en nombre de su familia y a través de sus abogados, se haya dirigido al Comité de Peticiones de la Eurocámara donde será escuchado en unos meses: la “dilación indebida del procedimiento” estaría vulnerando el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, entre otras disposiciones normativas.
Igor abandonó el centro penitenciario el pasado miércoles y corrió raudo en busca de su mujer y su hija. La propia prensa canaria ha dado cuenta de ese momento de felicidad desbordante que, con la distancia y la serenidad y el poso que dejan el paso de los días, no deja de alumbrar otra realidad en la que cuesta fijar la mirada: la de una carrera profesional brillante truncada, interrumpida por una medida extrema y especialmente (¿evitable?) que puso, antes de un juicio, una mancha sobre su reputación que ahora se ve obligado a limpiar, a recomponer, a proteger. Y ello, porque la propia AP admite ahora que prorrogando nuevamente la cárcel preventiva se estaría vulnerando el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución Española y el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La juez sigue sin cumplir la orden de facilitar copia de los volcados
Entretanto, la actuación de Ana Isabel de Vega, en el Instrucción nº5 de Las Palmas, y del fiscal Luis del Río Montesdeoca han sufrido además un nuevo revés. Camino ya de los dos meses, la magistrada sigue sin acatar la resolución de la Audiencia Provincial que el 13 de septiembre ordenó la entrega de la copia de los volcados de los soportes informáticos intervenidos a Vladimir. La AP se pronunció en la línea de los abogados de los Kokorev, en la convicción de que sin el acceso a esta información se estaría conculcando el derecho de defensa, una petición que previamente -en el mes de junio- había sido negada por la instructora, según se establece ahora “sin argumentos jurídicos”.
El hecho es que se le ha ordenado a la instructora que se le entreguen a los letrados las copias de los discos duros del conjunto de los dispositivos que se intervinieron hace ya más de dos años, sobre los que se había alegado hasta ahora que no podían facilitarse a las defensas ya que los volcados estaban “siendo objeto de análisis por la policía”. También la juez se había negado a que se tomara declaración a los agentes de la UDYCO que investigan el caso, alegando que carecía de “razón de ser”, mientras la AP entiende, por el contrario, que podrían “arrojar luz a la causa”.
En escrito dirigido al Juzgado de Instrucción nº5, los abogados de la familia hispano-rusa subrayan lo crucial de la garantía de los volcados al afectar directamente a la cadena de custodia: “tratándose de evidencias electrónicas, más fácilmente destruibles, alterables o manipulables -aun de forma involuntaria- resulta absolutamente necesario garantizar que los datos o contenidos que, como evidencias electrónicas, van a ser sometidos al órgano de enjuiciamiento se corresponden exactamente con los que se encontraban almacenados en los dispositivos incautados”.
Los días de este kafkiano proceso (sobre el que el CGPJ mantiene la lupa) corren ahora para la familia Kokorev en dos escenarios: Juan Grande y el Paseo de Las Canteras. Algún día la pequeña Ellie escuchará de la voz de su padre y por las decenas y decenas de artículos publicados en los dos últimos años el calvario que padeció en la prisión de la isla de Gran Canaria. Tal vez tenga interés en conocer los escritos que se dirigieron a una juez pidiéndole “sensibilidad” para evitar que una niña creciese y se criase “sin la figura paterna”. Y tal vez lo tenga también por acercarse a las respuestas ofrecidas por la magistrada Ana Isabel de Vega.
Alfonso Merlos, periodista y doctor en derecho
