La jueza que instruye el caso ICO-La Mareta le ha dado un nuevo impulso. Entre sus últimas decisiones, ha separado la investigación del supuesto abono irregular que hizo el Ayuntamiento al empresario Ambrosio Jiménez, con cargo al crédito ICO y para comprarle un solar en La Mareta, del resto de pagos que están bajo sospecha.
Esos otros abonos que están siendo investigados en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde fueron los realizados a Aguas de Telde, que es la empresa mixta que gestiona el servicio de abasto y saneamiento en el municipio, a la constructora Reyal Urbis y a los herederos de Sebastián Nuez Quintana. A los tres el Ayuntamiento les abonó deudas pendientes con cargo a la línea de préstamo que, en 2012 y a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), habilitó el Gobierno central para ayudar a los municipios a pagar facturas a sus proveedores. Pero Más por Telde, partido en la oposición, denunció el caso ante la Fiscalía al entender que aquella línea de créditos solo daba cobertura para pagar servicios, obras y suministros, y que ninguno de los tres se adscribía a esos tres tipos. Su denuncia incluía otro abono, de 13,2 millones de euros, hecho gracias al mismo crédito al empresario Ambrosio Jiménez para comprarle una parcela de 6.500 metros en La Mareta, pero como quiera que esta operación ya estaba siendo investigada, por otra demanda, en el Juzgado número 2 de Telde, las dos causas fueron acumuladas. Así ha sido hasta la providencia dictada por la magistrada Virginia Peña el pasado 17 de octubre, en la que, «con el fin de agilizar las actuaciones», ha decidido tramitar como piezas separadas, de ese abono de La Mareta, los pagos denunciados por la Fiscalía y por Más por Telde que beneficiaron en 2012 a Aguas de Telde (8,6 millones de euros), a Reyal Urbis (1,2) y a los herederos de Sebastián Nuez (2,6).
No obstante, el montante de esos abonos que la jueza investigará en otra pieza será mayor, pues en la denuncia que le llegó de Fiscalía y del partido que lidera el edil Juan Francisco Artiles se incluían otros casi 3 millones de euros saldados por el Ayuntamiento con cargo a otra línea de créditos ICO, la de 2013, y que beneficiaba, entre otras, también a Aguas de Telde y a FCC.
En esa misma providencia la jueza desestima la solicitud del denunciante del caso La Mareta, el empresario Julián Gómez del Castillo, de que citara como investigado al abogado y exdiputado del PP, Miguel Cabrera Pérez Camacho, al que acusa de haberse beneficiado de 1,2 millones procedentes de uno de esos pagos ilegales. Supuestamente fue la cantidad que recibió por sus servicios como letrado de la empresa de Ambrosio Jiménez, Proyectos Inmobiliarios Las Arenas SL. Peña accede a que declare como testigo. Será el 3 de noviembre. Ese día deberá acudir también como testigo el representante legal de CaixaBank, pues fue Banca Cívica, absorbida por la anterior, la entidad a la que, según el denunciante, Jiménez le pidió que le endosara esos 1,2 millones al despacho de abogados de Pérez Camacho.
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