UGT denuncia la cesión arbitraria e ilegal de policías de Telde a otros municipios

Unión General de Trabajadores (UGT) denuncia irregularidades en la cesión de efectivos de la Policía Local de Telde para la prestación de servicios en otros municipios porque se incumple la legislación estatal y autonómica. Unas irregularidades que advierten a la alcaldesa en un escrito, donde anuncia que pondrá en conocimiento de Fiscalía estas actuaciones por el Ayuntamiento.

En su escrito, presentado el viernes, Juan Andrés Arroyo, delegado de este sindicato, señala la supuesta comisión de infracciones a las normas de seguridad y salud, a la Seguridad Social, en materia de incompatibilidades, discriminación por los responsables policiales y de infracción en materia tributaria, ya que los pagos de estos servicios no se ingresan en el Consistorio teldense, sino directamente en los agentes que prestan los servicios. Esto último apuntaría, opina Arroyo, a un presunto fraude fiscal.

El delegado sindical de UGT expone que en conversaciones con compañeros en otros ayuntamientos se ha podido entender el porqué de la falta de personal en las plantillas de las policías en muchos municipios, «pero también hemos constatado que los responsables políticos en muchos casos no están por la labor de incrementar las mismas e intentan utilizar esquiroles, especialmente cuando tienen conflictos con sus trabajadores» y pone a Gáldar como ejemplo de esas prácticas antisindicales, si bien admite que no hubo agentes de Telde.

Asimismo, Arroyo abunda en que el uso arbitrario que hacen algunos ayuntamientos de los miembros de la Policía Local es ilegal, «tanto por parte de quien solicita como por parte de aquellos que envían, toleran o amparan». Recuerda que el artículo 5.3 de la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del artículo 5 de la de Coordinación de Policías Locales de Canarias. En estos artículos, asegura el delegado de UGT, se evidencia que «la normativa es bastante clara. Se pueden suscribir convenios de colaboración, pero exclusivamente en situaciones de emergencia, por lo que no queda al arbitrio del alcalde o jefe de Policía de turno, establecer otros sistemas».

De ahí que denuncie que «en el caso de Telde venimos observando que desde otros municipios se solicitan agentes para prestar servicios, con un mercadeo de pagos». Adjunta documentación sobre trabajos de los policías teldenses en Valsequillo, «en una supuesta colaboración que no lo es, produce de forma asidua y especialmente con valsequillo, como si Valsequillo fuera un barrio de Telde».

Arroyo considera que «a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, se viene solicitando miembros del cuerpo de la Policía Local de Telde para ir a prestar servicios en otros municipios, en los que se les fija día, horarios e importes a percibir».

Se incumple, asegura, la norma, que «establece que son convenios de colaboración que deben suscribirse entre ayuntamientos, no entre jefes de policía o particulares y limitados a las situaciones de emergencia y en todo caso, las actuaciones deben limitarse a las que se prevean en el convenio de colaboración suscrito y que siempre se realizará bajo el mando de la señora alcaldesa».

Se obvian sentencias y leyes

Juan Andrés Arroyo hace referencia a sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, donde se reitera la redacción de acuerdos de colaboración entre cuerpos de policías sin necesidad de crear policías locales supramunicipales.

«Pero, sin embargo, los responsables de la Policía Local de Telde, con las señora alcaldesa al frente pasan de la ley y de las sentencias sobre este asunto, crean un nuevo sistema y obviando que deben existir acuerdos, que deben ser aprobados por el órgano competente y expuesto al público».

Asimismo, advierte que se incumple en Estatuto Básico del Trabajador Público porque se hurta a la Mesa de Negociación, lo que «vulnera el derecho de actividad sindical del sindicato al que represento y que desde aquí se denuncia y se requiere se repare».

Y señala infracciones a las normas de seguridad y salud porque no se respeta el tiempo de descanso mínimo pese a tener constancia de informes sobre este asunto, «que han sido escondidos a sabiendas para que los representantes de los trabajadores y los miembros del comité de seguridad y salud no tengan conocimiento de ellos». Además, apunta a un presunto fraude a la Seguridad Social en la cotización y en el riesgo laboral; también a las incompatibilidades porque no se ha llevado a pleno corporativo; se penaliza a los trabajadores que van por lo legal en solicitud de compatibilidad y al Ayuntamiento no le llega el dinero percibido, sino al agente, pero sin control tributario.

La Provincia-Dlp