La Audiencia de Las Palmas niega que el PP se financie en Telde con sobornos

Doce años después de las detenciones del caso Faycán, la Audiencia de Las Palmas ha cerrado en primera instancia la trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde. La red corrupta, como es obvio, existió, pero la Sección Sexta la define como una «suerte de empresa familiar de recaudación» ajena al Partido Popular (PP), toda vez que la formación conservadora sólo es condenada a pagar 740 euros como responsable civil de la reforma de su sede.

La sentencia, que absuelve a siete de los veintiocho acusados que no aceptaron la acusación del fiscal, concluye que tres cargos municipales «organizaron un sistema de obtención ilícita de fondos» y «utilizaron para tal fin» sus puestos en la Corporación, todo «con la falsa excusa de financiar al PP de Telde», según los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo (Salvador Alba, de baja y suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, emitió un voto particular).

A la cabeza de esa organización sitúan al concejal de Hacienda, Carmelo Oliva; al interventor municipal, Enrique Orts Herrera, y a la mujer de éste, la concejal de Obras María Antonia Torres, que se quitó la vida durante la larga instrucción de los hechos (el marido y dos de los hijos están condenados al conformarse con la acusación del fiscal Anticorrupción, Luis del Río).

La sentencia, por tanto, excluye de la ecuación corrupta al exalcalde PP en 2003, Francisco Valido, y a su concejala de Desarrollo Local, María del Carmen Castellano, posteriormente alcaldesa del municipio, así como a otros cinco absueltos: Agustín León, Juan Felipe Martín, Domingo Juan Campos, Emilio Hernández y José Luis Mena.

El tribunal no sólo rechaza todas las pruebas de cargo presentadas por el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción, desde la libreta de Torres con las anotaciones de las comisiones hasta los informes patrimoniales de Hacienda, sino que lanza un reproche a los investigadores: «sobre conjeturas no puede constituirse una condena penal», recoge el fallo judicial, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

El indicio al que se agarra el fiscal es una anotación de 46.700 euros abonada por la empresa Cobra a Francisco Gordillo, asesor de Torres y «recaudador» de la trama. La anotación está acompañada de una serie de operaciones hechas supuestamente para dividir las cantidades entre los partidos PP y Ciuca, cuyos representantes gobernaban entonces el municipio. Según el fiscal, la abreviatura «Alc» alude al alcalde Valido, pero los magistrados replican que esa afirmación puede no ser cierta . «Desgraciadamente», añaden, la muerte de Torres «impide conocer el significado de las notas».

El tribunal tampoco se muestra partidario de «presumir» que las cifras de la libreta se correspondan con sumas de dinero, ni que las siglas situadas a la izquierda de la página 39 se refieran a las iniciales de los concejales. Para los jueces, lo único claro es que Gordillo era el recaudador en efectivo de las comisiones, que se las entregaba a Torres y que el asesor desconoce si Valido entraba en el reparto. El exalcalde guardó silencio en el juicio.

Hacienda también ha detectado en las cuentas del exregidor 34.539 euros que no se corresponde con sus ingresos, pero la Audiencia tampoco aprecia un indicio sólido en ese dato. «Una cantidad superior a los ingresos declarados a efectos fiscales no implica necesariamente el cobro de comisiones», señala la sentencia. Es más. Los jueces creen que esos fondos son lícitos porque el exalcalde tiene un «importante patrimonio inmobiliario» y, por tanto, el dinero podría venir del alquiler de los pisos. Así lo justifica un informe pericial de la defensa que el tribunal ha dado por bueno, rebajando la cantidad no justificada, además, a poco más de 6.000 euros. De ahí la inexistencia del delito de cohecho.

Tampoco aprecian prevaricación en que Valido no elaborase un Plan de Disposición de Fondos de Tesorería, con la finalidad de exigir «mordidas» a las empresas a cambio de contratos y adjudicaciones municipales o, en su caso, abonar las facturas pendientes con mayor celeridad que a otros proveedores. El tribunal recuerda que la obligación de elaborar ese plan es del tesorero; que al alcalde sólo le corresponde la aprobación, y que las órdenes de pago venían firmadas por el interventor y el edil Oliva, sin que hubiera reparos.

La sentencia enfatiza que Valido presidía una corporación «en números rojos» o «precariedad económica extrema», con la responsabilidad de pagar «las deudas más perentorias». No observan los jueces una «voluntad deliberada o torticera» en la omisión de ese plan de pagos.

«No podemos olvidar que esta trama de mordidas la creo el matrimonio Orts-Torres y el asesor Gordillo», insiste la sentencia, que emplea el mismo argumento para exculpar a Castellano. Reconocen los jueces que la ex edil de Desarrollo Local adjudicó la rehabilitación de la iglesia de Lomo Magullocuando la obra estaba terminada, pero aclaran que lo hizo en ausencia de Torres y no hay pruebas de que supiera que la obra estaba acabada. La Audiencia, «a lo sumo», considera que su conducta es «imprudente y descuidada», pero nunca merecedora de prevaricación.

Tampoco existe constancia de que Castellano ordenara que la reforma de la sede del PP se pagara con dinero público, sino conversaciones de terceros en las que se dice que ella eligió el suelo. Por una factura de 740 euros vinculadas a esas obras, sin embargo, es condenado el PP como responsable civil, pues el secretario de su comité local, José Luis Sánchez, era asesor municipal y participó en el amaño, exculpando éste a Castellano.

De los 57.332 euros sin justificar hallados por Hacienda, el fallo reproduce los argumentos de Valido, con el añadido de que Castellano comparte cuenta con su marido y a éste no se le hizo informe patrimonial. De ahí la duda sobre la ilicitud del dinero.

La Provincia-Dlp