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En Canarias el Carnaval es pasión, ritmo, lentejuelas… y, al parecer, matemáticas flexibles. El cantante Tony Tun Tun actúa en el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife por 20.000 euros más impuestos (21.400 euros en total)  . Un contrato tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad y con una sola oferta presentada.

Hasta aquí, todo dentro del guion habitual de la contratación artística. Exclusividad, representante único, oferta cerrada. Música y administración.

Pero la cosa se pone interesante cuando cruzamos el charco interinsular.

Porque en Las Palmas de Gran Canaria, el mismo artista, con la misma empresa, factura 77.575 euros por dos actuaciones.

Sí, han leído bien.

Si dividimos la cifra entre dos —operación matemática sencilla, sin necesidad de interventor— cada actuación supera ampliamente los 21.400 euros que paga Santa Cruz de Tenerife.

Y aquí empieza el verdadero espectáculo.

– ¿La salsa cambia de precio según el viento?

Surgen varias posibilidades:
        •       ¿En una ciudad canta en tono mayor y en la otra en tono menor?
        •       ¿En una cobra por canción y en la otra por aplauso?
        •       ¿Incluye en un sitio maracas premium y en el otro maracas estándar?
        •       ¿Hay tarifa carnavalera con suplemento por humedad atlántica?

O quizá —solo quizá— estamos ante el misterio mejor guardado del archipiélago: el precio variable del mismo producto cultural según el código postal.

La magia del “negociado”

En Santa Cruz, el precio ofertado coincide exactamente con el valor estimado del contrato  .

Exactamente.

Ni un euro menos.
Ni una negociación visible.
Ni una rebaja simbólica para la foto.

Cuando el procedimiento es negociado sin publicidad y solo hay una oferta, la palabra “negociado” adquiere un aire casi poético.

Se negocia… pero no se nota.

Dos capitales, dos precios

Lo verdaderamente fascinante no es que un artista cobre 20.000 o 38.000 euros. El Carnaval mueve cifras mayores sin despeinarse.

Lo fascinante es que el mismo artista, representado por la misma empresa, dentro del mismo circuito festivo, pueda tener cotizaciones tan distintas.

Y entonces aparece la pregunta incómoda:

¿Quién defendió mejor el dinero público?

¿La capital tinerfeña hizo el negocio del año?
¿O la capital grancanaria pagó tarifa VIP con barra libre administrativa?

No es ilegal. Es curioso.

Que quede claro: no estamos ante una ilegalidad evidente. Los contratos están formalizados, publicados y ajustados a procedimiento.

Pero el periodismo no vive solo de ilegalidades. Vive de comparaciones.

Y cuando las cifras bailan más que las murgas, la obligación es preguntar.

Porque en Carnaval todo puede ser disfraz… menos las cuentas.

La pregunta final

Si el mismo artista tiene precios distintos según la isla, quizá la verdadera batalla carnavalera no esté en el escenario, sino en la mesa de contratación.

Y mientras suena la salsa, los ciudadanos siguen preguntándose:

¿Estamos pagando música… o estamos pagando el silencio?

Juan Santana, periodista y locutor de radio

De nuevo Félix Tezano hace publica una encuesta demoscópica sacada de “su cocina” sobre intención de voto, separando al PSOE en 12 puntos por encima del PP.

La credibilidad de las encuestas electorales ocupa desde hace años un lugar central en la conversación pública española. En ese contexto, el papel del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia, ha sido objeto de especial atención tanto por su carácter oficial como por la influencia que sus estudios pueden tener en la opinión pública.

Desde la llegada a la presidencia del organismo de José Félix Tezanos, miembro del PSOE Sanchista en 2018, distintos partidos políticos, analistas demoscópicos y medios de comunicación han debatido si las estimaciones de voto publicadas por “su” CIS reflejan con fidelidad el comportamiento electoral posterior o si, por el contrario, muestran desviaciones sistemáticas respecto a los resultados finales y siempre a favor del PSOE

Con este articulo y con los datos a los que me ha sido posible acceder, intento revisar ese debate a partir de comparaciones cuantitativas y de las opiniones expresadas por diferentes expertos, con el objetivo de aportar contexto sin emitir juicios de intención.

El CIS “asegura” que realiza miles de entrevistas en cada barómetro e incluye en sus publicaciones tanto los datos directos de respuesta de los ciudadanos como una estimación elaborada mediante modelos estadísticos propios Como ocurre en cualquier instituto demoscópico, esa estimación, conocida popularmente como “cocina”, (aunque en el caso que nos ocupa, ésta parece siempre de la misma y el mismo menú), implica ponderaciones sobre participación, recuerdo de voto u otras variables.

El propio organismo oficial pro PSOE del que es su director Félix Tezano, ha defendido reiteradamente que “su” metodología es pública y transparente, y recuerda que toda encuesta está sujeta a márgenes de error y a la volatilidad del electorado. ¡Un Santo!

Pero ahondemos ahora en la comparación con resultados electorales, pues buena parte de las críticas se centran en la distancia entre algunas estimaciones preelectorales del CIS y el resultado finalmente registrado en las urnas.

Diversos estudios realizados por analistas independientes, tantos nacionales como de la CE, han señalado que en varias convocatorias la estimación del CIS situó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en posiciones relativamente más favorables que las que después reflejó el escrutinio, mientras que otras fuerzas obtuvieron finalmente rendimientos superiores a los anticipados. ¿Casualidades o intencionalidad?

Los defensores del organismo subrayan, sin embargo, que las desviaciones son habituales en la demoscopia y que también se han producido errores significativos en encuestas privadas.

Pero lo que si puedo demostrar y es verificable que…. Cuando se comparan los datos del CIS con los de firmas privadas como GAD3, Sigma Dos o 40dB, etc. pueden observarse en determinados momentos horquillas distintas en la asignación de voto estimado.

Estas divergencias suelen explicarse por factores técnicos: tamaño muestral, método de recogida de información (teléfono, online, mixto), criterios de ponderación o modelos de participación. La interpretación de si esas diferencias responden únicamente a decisiones metodológicas o apuntan a algún tipo de sesgo es, precisamente, el núcleo de la controversia.

Los diferentes partidos de la oposición han acusado al CIS de perder neutralidad, mientras que desde el organismo se rechaza tajantemente cualquier intencionalidad política y se reivindica la profesionalidad de los equipos técnicos, llegando al extremo que, algunos especialistas en opinión pública, piden auditorías metodológicas externas o sistemas de evaluación comparativa continuada para reforzar la confianza ciudadana, independientemente de que existan o no errores, pero el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre esta cuestión “no sabe, no contesta”

Llegado a este extremo a todas luces abusivo, cabe preguntarse sobre la posible prevaricación; aun reconociendo que, en el terreno jurídico, la discusión es más compleja; también se que el   delito de prevaricación exige, en términos generales, que una autoridad dicte una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia; de hecho, varios juristas señalan que trasladar esa figura penal al ámbito de una estimación estadística, resulta difícil, ya que las encuestas implican proyecciones técnicas sometidas a incertidumbre y a criterios interpretativos,  para que alegremente  pudiera hablarse de responsabilidad penal. Pues sería necesario demostrar una manipulación deliberada y consciente, algo que requeriría pruebas muy superiores a la mera existencia de desviaciones

Lo que sí es una realidad y motivo de debate todos los meses, es la cuestión que   la fiabilidad del CIS de Félix Tezano, continúa siendo objeto de confrontación política y mediática; para unos, determinadas diferencias repetidas justifican sospechas; para otros, forman parte de los riesgos inherentes a cualquier ejercicio demoscópico.

Entre ambas posiciones, la demanda más compartida parece ser la misma; máxima transparencia metodológica y evaluación constante para preservar la confianza en una institución pública cuya función es medir, con el mayor rigor posible, el estado de la opinión de la sociedad española, que mantienen al Instituto con sus impuestos.

Una forma objetiva de evaluar el desempeño de cualquier instituto demoscópico consiste en comparar su última estimación publicada antes de una elección con el porcentaje de voto finalmente obtenido por cada partido. La diferencia, positiva o negativa, permite medir la desviación. Vamos allá:

Elecciones generales de 2019 (noviembre)

(La desviación se calcula restando resultado menos estimación; el signo positivo indica sobreestimación.)

Elecciones generales de 2023 (julio)

¿Pero qué muestran estos los números sacados de documentos oficiales?

Qué partir de tablas como estas, los analistas suelen fijarse en si los errores aparecen distribuidos de manera más o menos aleatoria —algo esperable en cualquier sondeo— o si tienden a repetirse en una dirección similar a lo largo del tiempo.

Quienes critican al CIS, como yo, sostienen que en varias convocatorias puede apreciarse una pauta en la que el PSOE obtiene estimaciones relativamente más altas que su resultado posterior, mientras que otras fuerzas aparecen por debajo. Desde el organismo, en cambio, se recuerda que también existen ejemplos donde la aproximación fue muy cercana e incluso más acertada que la de competidores privados, y que la volatilidad del voto en campaña puede alterar las previsiones en pocos días y no se ríen para decirlo.

¿Por qué mantengo que esta comparación es relevante?

Este tipo de medición tiene la ventaja de desplazar la discusión desde las intenciones a los resultados observables. No demuestra por sí misma la existencia de sesgo, pero sí permite evaluar de manera transparente el grado de precisión del modelo utilizado y compararlo con el de otras empresas demoscópicas.

“¿Alguien que me haya leído puede pensar distinto y hasta podría aceptar que los datos están bien presentados?”.  Si la respuesta fuera sí, es que vas por el camino de la credibilidad amigo.

Y como para terminar mis articulo me gusta echar mano a las expresiones puramente canaria; en esta ocasión me dirijo al propio Félix Tezano director del CIS para decirle… “El próximo mes amigo, y si no es mucho pedirte, me la picas bien finita, que la quiero para fumármela en la cachimba nueva”

¡Qué cosas!

Julio César González Padrón.Marino Mercante y Escritor

Reconozco que llevo tiempo con una profunda preocupación -la violencia vicaria- y el asesinato del menor de 10 años en Arona (Tenerife), me ha roto todos los esquemas.

Ahora vienen las muestras de solidaridad, los minutos de silencio y los días de luto, pero nada le devolverá la vida a esa criatura que ha pasado a engrosas la lista de los menores fallecidos por la violencia vicaria.

A veces no nos damos cuenta de que se está produciendo la crónica de una muerte anunciada, pero es así, porque la violencia vicaria no siempre se manifiesta de forma explosiva o letal; a menudo es una tortura silenciosa, progresiva y de «baja intensidad» que busca destruir el vínculo materno.

El abandono, la negligencia y el desentendimiento no son solo falta de responsabilidad; cuando se usan como herramienta de manipulación, son una forma de maltrato psicológico tanto para la madre como para los hijos.

Cuando un progenitor decide desentenderse de sus hijos con el fin de dañar a la pareja o expareja, estamos ante una táctica de control ya que el agresor busca asfixiar a la madre con la totalidad de los cuidados, limitando su capacidad de desarrollo personal, profesional y económico.

El «aparecer y desaparecer» genera un trauma de apego en los niños. Utiliza su ausencia como un castigo, haciendo que los hijos se sientan culpables o no deseados, lo cual golpea directamente a la madre al ver el sufrimiento de sus hijos.

Los niños no son «daños colaterales», son las víctimas directas que el agresor instrumentaliza. El desentendimiento les envía un mensaje devastador sobre su propio valor, afectando su autoestima y su capacidad de formar vínculos sanos en el futuro.

Es vital que el sistema judicial comprenda que desentenderse de los hijos debe ser reconocido como una forma de violencia que causa daño psicológico al menor y a la madre que debe gestionar el dolor de sus hijos mientras sobrelleva la carga total de la crianza.

Es un tema complejo y doloroso que requiere mucha visibilidad para que las instituciones dejen de normalizar el abandono como un simple «conflicto familiar» y entienda la raíces profundas que tiene que vemos cada día como afloran cuando asesinan a un menor.

Hay en todo esto una premisa perversa, el agresor sabe que no puede destruir a la mujer físicamente (ya no tiene acceso a ella), así que decide destruirla en vida a través de lo que ella más ama: sus hijos.

A diferencia de otros tipos de violencia, la vicaria busca la permanencia. El agresor no quiere que el dolor pase; quiere que la madre despierte cada día viendo el vacío o el sufrimiento en los ojos de sus hijos. Es una tortura que no requiere contacto físico para ser letal.

Este drama no es un conflicto familiar; es un asesinato simbólico que a veces se vuelve literal y no vale que el sistema judicial, use términos neutrales como «falta de entendimiento» o «mala relación entre progenitores», le pone una venda en los ojos a la sociedad y le da un escudo al agresor. No se puede mediar con quien usa a sus hijos como proyectiles. Por favor…salvemos a los niños.

Maribel Castro; directora de canariasinformativa.com

En los últimos años hemos asistido a una peligrosa tendencia: convertir cualquier caso mediático en un campo de batalla ideológico. La imagen que circula estos días —comparando la reacción social ante un beso no consentido con el supuesto silencio ante una agresión sexual— no es solo una crítica política. Es, sobre todo, un síntoma de cómo hemos degradado el debate público.

La acusación es clara: doble rasero. Indignación selectiva. Feminismo a conveniencia. Y, como remate, la descalificación gruesa. Pero cuando rascamos un poco más allá del titular incendiario, la realidad es bastante más compleja.

No todos los casos son iguales. No lo son jurídicamente, no lo son mediáticamente, no lo son en contexto ni en consecuencias. Reducir un episodio a “un piquito” o utilizar una agresión sexual como arma arrojadiza contra un adversario político no contribuye a esclarecer nada. Contribuye, eso sí, a polarizarlo todo.

En ese contexto, el Partido Popular ha decidido utilizar el último caso que afecta al entorno policial como ariete político. Ha salido con contundencia a marcar perfil, a exigir explicaciones y a señalar incoherencias del adversario. Está en su derecho como oposición. Fiscalizar forma parte del juego democrático.

Pero aquí conviene recordar una verdad incómoda: en la política española nadie tiene un historial inmaculado. Ningún partido puede presumir de estar libre de errores, escándalos o responsabilidades pendientes. Por eso la frase bíblica resuena con fuerza: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

El problema no es exigir responsabilidades. El problema es hacerlo con una vara de medir que cambia según quién ocupe el poder. Hoy se reclama dimisión inmediata; mañana se invoca la presunción de inocencia. Hoy se habla de ejemplaridad; mañana se pide prudencia judicial. Esa elasticidad moral es la que alimenta la desconfianza ciudadana.

La pregunta de fondo no debería ser si “la izquierda” o “la derecha” reaccionan más o menos según quién sea el acusado. La pregunta correcta es otra: ¿exigimos responsabilidades cuando corresponde? ¿Respetamos los procesos judiciales sin trivializar los hechos? ¿Defendemos principios o defendemos siglas?

La violencia sexual no es de izquierdas ni de derechas. La ética pública tampoco debería serlo. Si hay delito, que actúe la justicia. Si hay responsabilidades políticas, que se asuman. Pero convertir cada caso en una guerra de trincheras no fortalece la democracia; la erosiona.

La ciudadanía observa. Y sabe distinguir cuándo la indignación es auténtica y cuándo es estratégica. Sabe que muchos lanzan piedras desde tejados de cristal.

La verdadera vara de medir no debería ser ideológica. Debería ser coherente, constante y ética. Y esa —precisamente— es la que más escasea cuando el ruido político sustituye al debate serio.

Juan Santana, periodista y locutor de radio

Turcón-Ecologistas en Acción ha llevado al Gobierno de Canarias a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid por no cobrar 17 millones de euros en multas medioambientales, según el último informe oficial de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Turcón denuncia un »fracaso estructural» en la gestión recaudatoria y económica de varias consejerías. »Muchas de esas multas han prescrito o están en riesgo de prescripción por falta de seguimiento y ejecución. Esto supone una pérdida directa de dinero público, que por ley debía destinarse a la protección, restauración y mejora del medio natural en Canarias», subrayan desde el colectivo ecologista.  

La Audiencia de Cuentas advierte de »deficiencias graves y reiteradas en la gestión de las sanciones: anulaciones improcedentes y cancelaciones injustificadas, pagos indebidos y ausencia sistemática de controldel proceso recaudatorio, con indicios claros de perjuicio al erario público».

Turcón denuncia y subraya la falta sistemática de cobro de las sanciones y nula efectividad del sistema sancionador, lo que »propicia una impunidad de los infractores y permite que las multas se acumulen sin ejecutarse, ni se adopten medidas de restitución de la legalidad vulnerada, con graves consecuencias para el territorio y el medio ambiente canario».

»No estamos ante errores puntuales, sino ante un problema estructural sostenido durante años. Se pierden millones de euros, no se restaura el daño ambiental y se transmite un mensaje de impunidad», añade el colectivo.

Turcón subraya que se trata de un fracaso político, directivo, ejecutivo y administrativo a la vez, »en la servidumbre de la dejación de funciones, y otras consideraciones delictivas» como »administración desleal del patrimonio público, prevaricación administrativa por omisión y malversación en su modalidad de gestión desleal».