La consejera de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Gloria Cabrera, y la secretaria de Derechos Sociales de Coalición Canaria y diputada, Cristina Valido, han realizado este viernes un balance sobre la gestión del Cabildo de Gran Canaria en materia de dependencia, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad.
Cabrera ha ofrecido datos sobre la gestión del Segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2017-2021 que firmaron los siete Cabildos con el Gobierno de Canarias, y que cuenta con una ficha financiera de 90 millones de euros para la isla de Gran Canaria, 50 millones aportados por el Ejecutivo regional y 45 millones aportados por la Institución insular.
La consejera recordó que el plan acordaba que serían los Cabildos los responsables de la puesta en marcha de las residencias, su tipología, elegir la ubicación, la compra de suelos o de infraestructuras, entre otros aspectos. “Con los 90 millones de euros, el Cabildo de Gran Canaria presidido por Antonio Morales debería haber ejecutado 1.000 plazas para mayores en centros sociosanitarios de nuestra isla; sin embargo a día de hoy tan solo se han ejecutado cinco plazas de residentes en Taliarte y 24 plazas en el Sabinal”, apuntó.
En este sentido, Gloria Cabrera tachó de “fraude” la gestión en materia de dependencia por parte del presidente del Cabildo insular, y dijo: “Antonio Morales ni ha apostado ni apuesta por la calidad de vida de los mayores de nuestra isla, y desde Coalición Canaria estamos obligados a denunciar esta situación. No podemos permitir que en cuatro años tan solo haya ejecutado 29 de las 1.000 plazas comprometidas y, además, con el dinero en las cuentas del Cabildo. Es una vergüenza”.
La consejera nacionalista explicó también la situación “rocambolesca” en la que se encuentran el resto de centros sociosanitarios, como Hoya del Parrado, San Francisco de Paula, Taliarte, Tamaraceite o Casablanca, donde “no se ha hecho nada”. “Es más -apuntó Cabrera-, en Casablanca el Cabildo eligió un suelo donde no se puede construir un centro sociosanitario porque no es apto para tal fin, teniendo que devolverlo finalmente al Ayuntamiento de la capital”.
Con todo, Gloria Cabrera añadió que otros municipios como Teror, Ingenio, Gáldar, La Aldea o Telde tampoco han sido agraciados con centros para mayores. “La mayor demanda está en las áreas metropolitanas, como Las Palmas de Gran Canaria y Telde, sin embargo han sido las que han sufrido un mayor abandono y se encuentran en la peor situación en estos momentos”, subrayó.
Pese a todo, la consejera aseveró que Coalición Canaria seguirá peleando para que el Cabildo de la isla ceje en su empeño de abandonar a los mayores de la isla, e indicó que perseverarán para que se desarrolle el plan sociosanitario con todas las garantías.
Por su parte, la secretaria de Derechos Sociales de Coalición Canaria y diputada, Cristina Valido, criticó que la Institución Insular haya incumplido con del Segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2017-2021 que se puso rubricó cuando ella misma estaba al frente de la Consejería y se fraguó con la esperanza de que fuese un logro y un éxito para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de toda Canarias. “No pueden salir ahora ante los medios y decir que el plan es insuficiente cuando han sido incapaces de poner en marcha las 1.000 plazas previstas para Gran Canaria”, lamentó, y añadió: “El plan recogía la ejecución de 5.000 plazas para toda Canarias en un periodo de cuatro años, con la ampliación necesaria a finales de 2021, pero a estas alturas no han sido capaces de desarrollar ni el 10 por ciento de lo programado para toda Canarias pese a tener el presupuesto ya ingresado en sus cuentas”.
La diputada, además, apeló a la urgencia de cumplir con lo recogido en el plan porque “la población mayor cada vez es más numerosa y las personas con dependencia se habrán multiplicado de aquí a 2030”. Así, afirmó que en estos momentos, Canarias cuenta con más de 320.000 personas mayores de 65 años, cifra que incrementará en 200.000 personas en 2030, alcanzando el medio millón de mayores de 65 años.
Cristina Valido apuntó también que si se hubiera ejecutado el plan en tiempo y forma, hubiese contribuido a la creación de empleo ante un panorama como el vivido con la crisis acuciante de la pandemia, que supuso el cero turístico para Canarias. “El plan suponía una inversión de 100 millones de euros en Gran Canaria, otros 100 millones en Tenerife, y unos 300 millones de euros en todo el Archipiélago. Eso se traducía en mano de obra que hubiera tirado de la economía en plena pandemia”, afirmó.
