Su sueño de «ganarme el pan, no de hacerme millonario ni tener cochazos», explica Manuel Ramírez en el exterior de su local, La Cañita Tropical, en la calle Cervantes, en San Gregorio, le está generando monstruos, desazón y sensación de discriminación respecto a otros profesionales de la restauración en la zona comercial.
La decisión del Ayuntamiento de Telde de precintarle el negocio la pasada semana alegando que incumple una serie de requisitos para realizar su actividad, según le ha informado un inspector de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, le ha dejado en la calle, sin empleo, con una inversión en la reforma del local y la instalación de un horno para las pizzas, que sospecha cree que puede ser el detonante de las denuncias de ruidos presentadas en Urbanismo cree que por un vecino.
«Lo que hacen conmigo es una animadversión con ánimo de dolo y he consultado a un abogado para que me asesore porque tengo la intención de denunciar en el juzgado al Ayuntamiento o a las personas encargadas de este asunto», añade Ramírez. No entiende que «desde que abrí el local el 4 de octubre de 2019, donde solo pude trabajar cinco meses al decretarse el confinamiento por el estado de alarma por la pandemia, una vez que reabrí he tenido ni más ni menos que 21 visitas de la Policía Local pidiéndome la documentación, que tengo en regla».
Unas visitas que asegura solventó sin problema ni ninguna sanción por los agentes, pero el informe elaborado por un funcionario de Urbanismo, lo ha cambiado todo, a peor según relata. «Dicen que mis clientes hacen ruido porque beben en las mesas que tengo colocadas en la acera y por las personas que vienen a recoger las pizzas, pero yo recojo la terraza y cierro a la hora que está indicada, no fuera de horario». Considera que son falsas esas denuncias porque «que la gente beba o fume no es un delito, no hay escándalos».
En el informe elaborado por el departamento de Disciplina Urbanística, se indica entre las irregularidades detectadas la realización de obras sin licencia en el interior del local, falta de ventilación o una instalación eléctrica que tampoco cuenta con el proyecto correspondiente, además de la ocupación de la vía pública con sillas y mesas en la acera que impiden el paso de los transeúntes y el ruido generado por la actividad.
Sin embargo, Manuel Ramírez se defiende mostrando informes de Sanidad, de la licencia de la actividad por el traspaso realizado con el anterior arrendatario y la solicitud -aún sin contestar- del permiso para colocar la terraza o del proyecto para las reformas exigidas. Pero pide flexibilidad para realizarlas, ya que su cuantía «puede ascender entre los 25.000 a 30.000 euros y con el poco tiempo que llevo abierto no me es posible si no se me da un plazo en el que pueda completar lo pedido».
Además, si no hay más remedio, «me resigno a quedarme con el espacio que ocupaba el local anterior, tendré menos ingresos y no podré contratar a nadie, pero no tengo más opciones», añade.
La Provincia-Dlp / Pedro Hernández
