Ante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conviene hacer memoria y confrontar con la realidad los supuestos avances que se han conseguido para el bienestar de las mujeres en España en los últimos años, lejos de las consignas ideológicas que han tratado de colonizar y utilizar interesadamente este día.
Empezando por lo más básico, la seguridad y la propia vida, las políticas del gobierno liderado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han perjudicado gravemente a las mujeres en este ámbito. En 2023 fueron asesinadas 58 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, el dato más alto desde 2015.
Lejos de protegerlas, las inversiones multimillonarias –20.000 millones en inversiones del gobierno en políticas de igualdad hasta 2025-, en políticas de igualdad, adoctrinamiento feminista y subvenciones a organizaciones radicales no han tenido efecto positivo alguno en la seguridad y la protección de la salud de las mujeres. Especialmente su gran herramienta legislativa prevista para proteger a las mujeres, la conocida como Ley del Sí es Sí, que resultó en la excarcelación, hasta el día de hoy, de 126 violadores, pederastas y criminales sexuales, y la rebaja de penas a 1.233.
Por otra parte, ante situaciones concretas de abusos y violencia contra mujeres y niñas, los partidos del gobierno han preferido ocultar y abandonar a las víctimas antes que asumir las responsabilidades políticas sobre víctimas que estaban bajo tutela de la Administración. Así sucedió en casos como las menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y Baleares, abandonadas por gobiernos del Partido Socialista que prefirieron protegerse a sí mismos a protegerlas a ellas y denunciar y atajar situaciones de abusos sistemáticos y conocidos.
Entre todas las actuaciones de este gobierno que han afectado a la tranquilidad y seguridad de las mujeres, destacan tristemente los efectos de las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal que, junto con la falta de medios para nuestras FCSE y de una legislación dura con la delincuencia, han provocado el aumento brutal de delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años. Según el último informe específico de la Fiscalía, referido a 2022, los delitos sexuales crecieron un 12% respecto al año anterior, especialmente los abusos en grupo, y los delitos de esta índole cometidos por menores se han disparado un 116% en el último lustro.
Respecto al bienestar y la prosperidad de las mujeres, tampoco los 20.000 millones anunciados por el gobierno para políticas de igualdad, incluido el mantenimiento de un ministerio al efecto, han mejorado la vida de las mujeres. Las asociaciones feministas radicales se han lucrado a costa de fragmentar la sociedad y crear colectivos artificiales con supuestos intereses excluyentes, lo que ha desembocado en nuevas políticas, como las denominadas trans, que han acabado perjudicando directamente a grupos como las mujeres, a las que decían proteger.
Las políticas trans, bajo el principio de la autodeterminación de género, difuminan la identidad de las mujeres con consecuencias prácticas como la intromisión de hombres en competiciones deportivas, en concursos de oposición para el acceso a la función pública o en espacios íntimos que tienen que compartir, como vestuarios o baños.
Del mismo modo, se ha abandonado o incluso señalado a aquellas mujeres y hombres que no comulgaban con los preceptos feministas radicales y, posteriormente, con las nuevas teorías queer. Así, mujeres relevantes que han mostrado con libertad una visión crítica, así como todas esas madres, hermanas o amigas que se niegan a ver a sus familiares, parejas o amigos como sospechosos por el hecho de ser hombres o que incluso han sufrido las consecuencias de denuncias falsas sobre sus allegados, han sido silenciadas, apartadas o directamente atacadas.
Por todo ello, frente a la utilización, difuminado y abandono de las necesidades reales de las mujeres, esta cámara exige un cambio urgente y contundente en las políticas relacionadas con la protección de la vida y el bienestar de las mujeres.
Exigimos que se garantice toda la asistencia y apoyo posible a cualquier víctima de violencia y a sus hijos, sin importar la identidad sexual con que se autoperciba el agresor, trabajando especialmente en la prevención, identificando las causas reales y los perfiles repetidos de los agresores.
Exigimos que se identifique a los violadores que han salido en libertad gracias a la “Ley del Sí es Sí”, estableciendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres. Igualmente, se deben demandar responsabilidades a los partidos y las personas que han colaborado en la puesta en libertad de esos criminales sexuales.
Exigimos que se aumenten las penas para todos los delincuentes sexuales, contemplando la prisión permanente, así como tomar las medidas necesarias para la expulsión inmediata de cualquier extranjero que cometa un delito sexual.
Exigimos que se erradiquen los mensajes y discursos, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer.
Exigimos que se evite que, en el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se discrimine a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas.
Exigimos, por último, la eliminación del ministerio de Igualdad y de todos los entes, organismos, observatorios y programas de subvenciones a asociaciones radicales que viven del enfrentamiento social, el adoctrinamiento a menores, despilfarrando el dinero público que se necesita para mejorar la vida de todos los españoles, muy especialmente hombres y mujeres del mundo rural ante su actual situación de abandono y señalamiento.
