Una de las mayores críticas de la ciudadanía hacia la (mal) llamada «clase política» es la responsabilidad derivadade su gestión pública, es decir: cuando en el sector privado un empleado, un «encargado» o un alto cargo lo hace mal, tiene sus efectos más pronto que tarde y él es considerado «responsable» y paga las consecuencias de su mala gestión…
…En el sector público, en líneas generales suele ocurrir lo mismo: aunque haya quien crea que un funcionario está «blindado» en su puesto, realmente no es así, sigue siendo responsable directo de sus malas acciones y de los resultados adversos que se deriven de ello…
…Entonces, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando esas acciones dañinas proceden de un «responsable político«, es decir, de alguien «puesto allí» por las urnas?…el pueblo de a pie está cada vez más harto de ver cómo, con absoluta impunidad, se hacen gestiones contrarias al servicio a la ciudadanía para el que han sido nombrados, de cómo se ven dirigentes (desde concejales hasta Presidentes) que actúan con total impunidad dejando las «consecuencias» de su mala gestión para que la resuelva «el que venga detrás«, y santas pascuas.
Ejemplos hemos tenido en todas las administraciones y lo que nos queda por ver, pero voy a centrarme en una cuya pésima gestión ha provocado la ruina económica con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Me refiero a la situación actual del Ayuntamiento de Telde…
El nivel de perjuicio para la Ciudad desde el año 2003 en que el Consistorio empezó a ser regido por el Partido Populary Ciuca y que desembocó en el «Caso Faycán» más el desaguisado de gestión de los años 2011/2015 otra vez con el PP más Ciuca (en parte del mandato) y el añadido de Coalición Canaria no puede haber resultado más dañino para la ciudadanía…
El actual Grupo de Gobierno (NC, PSOE y CCD) que sí hace ejercicio de responsabilidad, se enfrenta a una situación casi caótica por mor de una deuda asombrosa: alrededor de 30 millones de euros sólo en sentencias judiciales (la mayoría de ellas provocadas por la desidia del anterior Gobierno Municipal que ni siquiera se presentaba a los juicios para defenderse de las demandas).
Añadamos una deuda a la banca de 101 millones; más una deuda a proveedores de 19 millones de euros, a pesar de que la anterior alcaldesa había hecho declaraciones públicas afirmando que se había puesto al día con ellos usando los créditos ICO; Existe además una deuda extra-presupuestaria de 9 millones más…
¿Qué significa esto último? Sencillamente que son gastos realizados fuera de contrato, fuera de lo que podría considerarse gastos «normales» del Ayuntamiento. En el mejor de los casos, que se gastaba el dinero de todos los ciudadanos (bien fuera en fiestas, carnavales o vaya usted a saber) sin reparar en el grave perjuicio que supondría para la Ciudad de Telde (ejemplo de lo que citábamos más arriba: «para el que venga detrás«).
Pero la situación se torna aún más grave al haber aparecido una cuenta, la llamada 413, que en palabras de la actual regidora, Carmen Hernández, viene a constituir una especie de «cajón de sastre» (bien podríamos unir las palabras, digo yo) con facturas pendientes en principio que vendrían a tener un montante de unos 43 millones de euros. Según la alcaldesa estas facturas contabilizadas en el programa informático pueden encontrarse en tres supuestos: que no había dinero para pagarlas y «se echaron» al cajón, que se encuentren doblemente contabilizadas o que estén sencillamente mal contabilizadas. En cualquiera de los casos demuestra una gestión más que pésima…
Si hemos ido sumando ya nos sale una posible deuda de alrededor de 200 millones de euros. Encima suenan voces desde la oposición (anteriores «gestores») reclamando el presupuesto para este año como si no supieran que primero hay que ordenar los anteriores, y ya van apareciendo «errores» como el hecho de que la anterior corporación «cerrara» las cuentas del año 2014 con un superhábit anunciado a bombo y platillo de 4 millones. Tras una nueva revisión la realidad es que ese ejercicio culminó con un déficit de 39 millones de euros.
Todos estos datos se reflejan en un informe cuya elaboración está culminando (según declaró la alcaldesa, Carmen Hernández, en Canal 4 hace unos días) y que presumiblemente terminará en los juzgados. Informe que constará con las firmas de la tesorera y de la actual interventora municipal, quien, de entrada, merece mucha más fiabilidad que el anterior interventor, Enrique Orts, quien además de efectuar su labor durante estos desaguisados, figura también en el «Caso Faycán», no lo olvidemos.
Todos estos desmanes probablemente no ocurrirían si, como hablamos al principio, los «responsables políticos» lo fueran de verdad, si sus malas acciones (hablamos de las realizadas con conocimiento de causa) recayeran sobre ellos a título personal y no en algo tan abstracto como el Ayuntamiento, el Cabildo, el Gobierno o el organismo público de que se tratase. Lo público es de TODOS Y CADA UNO de nosotros, y no algo que «flota en la nube» como internet. Pidamos responsabilidad a nuestros gobernantes. Es nuestro DERECHO…
Ángel Rivero García
