«MEDIO SIGLO DESPUÉS DEMASIADAS COSAS SIGUEN ATADAS»

El pasado 20 de noviembre se cumplieron cincuenta años del fallecimiento del Caudillo Francisco Franco Bahamonde, el cual, en julio de 1936, junto a tres de sus colegas generales de división al servicio de la Segunda, protagonizó el golpe de Estado que dio lugar a una catastrófica y feroz guerra civil. Las estimaciones generales de muertos y represaliados totales durante los tres años que duró el enfrentamiento armado oscilan entre 500.000 y 735.000 personas, incluyendo muertes en combate, por bombardeos, enfermedades y hambre. Y en retaguardia se estima que alrededor de 50.000 personas fueron víctimas de la represión en la zona republicana y unas 100.000 en la zona sublevada.

Tras la victoria a sangre y fuego del ejército “nacional” al menos 50.000 personas más fueron ejecutadas por la dictadura franquista en los siete años posteriores a la guerra. Y durante los treinta y seis años de dictadura algunas estimaciones elevan el número de asesinados por el régimen a más de 140.000 en conjunto, incluyendo los miles de desaparecidos en fosas comunes, los que murieron de hambre, de enfermedades relacionadas con la posguerra y por la represión carcelaria.

Franco instauró un régimen profundamente autoritario, reaccionario, represivo y centralista que fusionaba el nacionalismo español con el catolicismo más conservador. Eliminó la Constitución de 1931, los partidos políticos excepto el Movimiento Nacional, y los sindicatos libres. Abolió la autonomía de Cataluña y el País Vasco e impuso la represión regional. Depuró a funcionarios públicos, maestros y a cualquier persona vinculada a la República o a la izquierda. También ejerció un control estricto sobre la sociedad a través de la censura de medios, la educación ideologizada y la represión de conductas contrarias a los valores tradicionales.

El régimen franquista, por su objetiva complicidad con las dictaduras de Hitler y Mussolini, fue aislado internacionalmente: de la asamblea fundacional de la ONU, del Plan Marshall y de la OTAN. Por lo que se vio impelido a adoptar políticas económicas de autarquía, lo que provocó hambrunas y un estancamiento económico severo en la posguerra. Pero, con la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a mediados los años cincuenta la potencia norteamericana acordó la instalación de cuatro bases militares en España y apoyó el Plan Nacional de Estabilización de la Economía.

A partir de entonces, la masiva y traumática emigración rural a las principales ciudades del país y al extranjero, la progresiva reindustrialización y el turismo de masas fueron aumentando el nivel de vida. Con todo, el día en que murió Franco la inflación en el país se acercaba al 14% y el paro estaba subiendo. Y aunque en su testamento el dictador afirmó dejarlo todo “atado y bien atado”, los últimos gobiernos franquistas, ante un claro ambiente de contestación democrática, terminaron abriendo un proceso constituyente.

No obstante, la llamada “Transición Democrática” reinstauró un régimen democrático pero arrastrando múltiples contradicciones y deficiencias. La primera, no haber depurado a los funcionarios públicos de alto rango vinculados a la Dictadura. Durante su mandato, Franco contó con la inestimable ayuda de la banca y de empresas que han continuado siendo poderosas hasta la actualidad, lo cual, le enriqueció sobremanera a él y a su familia. El Palacio del Pardo era para grandes empresarios y banqueros un centro corporativo y de tráfico de influencias donde la corrupción era sistémica. Y aún hoy, las “puertas giratorias” y las connivencias políticas y empresariales continúan estando a la orden del día.

Y, asimismo, como es público y notorio, la judicatura también interviene para que demasiadas cosas sigan “atadas”. Como en el escándalo de las constructoras más grandes del país. En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción de más de 200 millones a Dragados, FCC, Ferrovial, Acciona, OHLA y Sacyr por haber operado, durante más de 25 años, como un cártel que eliminaba a la competencia y alteraba miles de licitaciones públicas para la construcción de infraestructuras. Las empresas recurrieron las sanciones ante la Audiencia Nacional y esta suspendió cautelarmente el pago de las multas.

Por lo que, aunque actualmente empiezan a llegar resoluciones condenatorias para las empresas, nadie ha activado aun la prohibición de contratar con el Estado, que es una consecuencia legal derivada de la infracción. Y, así, las constructoras siguen, impunemente, llevándose el grueso de las licitaciones públicas de ámbito nacional y las mucho más sustanciosas del europeo. Como en los buenos tiempos.

Xavier Aparici, filósofo y experto en gobernanza y participación