¿Se imaginan ustedes que el Servicio Canario de la Salud lo derive a un centro privado concertado y éste, además de cobrarle al SCS, le cobra el tratamiento a usted y, por si fuera poco, dijera lo contrario en la documentación que remite a Sanidad? Es evidente que esa clínica estaría engañando tanto al paciente como al SCS.
Algo parecido es lo que hizo Antonio Morales con los dependientes severos derivados a la Residencia Municipal de Agüimes.
Hace varios años el Cabildo de Gran Canaria firmó un convenio con el Ayuntamiento de Agüimes en virtud del cual la Corporación insular le concertaba y pagaba 14 plazas de la residencia. Aunque últimamente, y de manera unilateral, el Ayuntamiento ha bloqueado dos plazas. A las plazas de la residencia hay que unir otras 23 del Centro de Día.
Por cada uno de los 14 residentes, entre Cabildo y Comunidad Autónoma abonaban aproximadamente 2.000 euros mensuales. Esta cantidad es neta una vez descontado lo que legalmente debía pagar el residente en concepto de copago, 231,6 euros en un mes de 30 días, un poco más si fuera de 31.
Esto es lo que teóricamente se hacía y era lo que se certificaban en los documentos públicos. La realidad era muy distinta, y lo que dicen los documentos no es la verdad.
La realidad es que a los residentes beneficiario de estas 14 plazas se les cobraba 1.200 euros al mes.
Por lo tanto, se engañaba a los dependientes severos porque se le cobraba casi 1.000 euros de más, y se engañaba al Cabildo porque esas cantidades no se certificaban. Sólo se certificaban 231,6 euros, por lo que sólo se descontaban estos 231,6 euros de lo que pagaba el Cabildo al Ayuntamiento, cuando lo correcto era descontar 1.200 euros, una vez que había sido pagado por el dependiente pese a tratarse de cobros ilegales.
Por lo que al final terminaba cobrando el ayuntamiento alrededor de 3.200 euros por plaza de residente concertado. El colmo es que luego solo se pagaba 950 euros a la entidad gestora del centro (Mensajeros de La Paz) por residente. El destino del resto del dinero lo desconozco, pero es evidente que no iba al beneficiario de la ayuda.
Yo lo que me pregunto es lo siguiente: Si pensaba que se le estaba cobrando correctamente a los dependientes, ¿por qué se certificaba el cobro de 231,7 euros y no la realidad, 1.200 euros? Una pregunta que el señor Morales aún no ha respondido y que yo me sigo haciendo porque me pica mucho la curiosidad. Seguiremos demandando una respuesta lógica para saber la verdad.
En definitiva, un negocio redondo y vergonzoso a costa de los dependientes severos, y un atraco a sus bolsillos. Algo absolutamente ilegal e inmoral. Si este escándanlo hubiese afectado a un alcalde del PP ya lo hubiesen quemado en la hogueras.
Los actuales responsables del Ayuntamiento de Agüimes han buscado toda clase de excusas en su defensa. Lo primero fue que quien no estuviera contento se fuera a una residencia privada. Así, tal cual, lo que da muestra de la mentalidad caciquil de aquellos que se creen que el Ayuntamiento es su cortijo privado.
Después afirmaron que la ordenanza en vigor le obligaba a cobrar los 1.200 euros. La realidad es que el Cabildo le pagaba más por esas plazas concertadas de lo que decían las ordenanzas, alrededor de 800 euros más, hasta cerca de 2.000 euros/mes.
Antonio Morales ha llegado a decir que una sentencia le da la razón tomando a los demás por tontos, ya que esa sentencia no tiene nada que ver con el caso de estas 14 plazas.
Ahora empieza a decir con un tono bajo, después de varios meses de arrogancias y salidas de tono, que puede que fuera un “simple error administrativo”. Si cobrar durante varios años casi 1.000 euros de más al mes a estos dependientes -¡cerca de 12.000 euros de más al año!- y permitir que se certificara mes a mes una cantidad inferior para que el Cabildo no se lo descontará luego de los pagos es ”un simple error administrativo”, de la misma manera se puede admitir pulpo como animal de compañía. Algo que estamos dispuestos a creer aunque no estemos obligados a ello.
Nosotros no queremos que nadie termine en ninguna hoguera, en contra de lo que hubiese pasado si habláramos de un alcalde del PP. Nosotros lo que queremos es que las familias reciban todo lo que se le había cobrado irregularmente. Hasta el último céntimo y sus intereses legales.
El hecho de que el alcalde responsable de este tinglado sea ahora el presidente del Cabildo no debe llevar a esta institución a pasar de puntillas por este pantano, y mucho menos a tener que asumir la obligación del pago de las devoluciones cuando ha sido el Ayuntamiento de Agüimes el que sea ha quedado indebidamente con el dinero. Un apaño que, por lo que hemos escuchado estos días, ya se está cocinando
Por lo tanto, hay que tener las ideas claras, y el Ayuntamiento de Agüimes es quien debe devolver hasta el último céntimo del dinero cobrado irregularmente a los dependientes y sus familias. Muchos de ellos -con pensiones bajas y sin otro tipo de ingresos- lo han pasado muy mal para poder pagar esta alcaldada. Algunos inclusos han tenido que vender bienes de la familia para poder hacer frente a estos cobros irregulares.
Por otro lado, se debe investigar si las cantidades cobradas a los usuarios del Centro de Día, que también está en el convenio de ambas administraciones, han sido objeto igualmente de prácticas irregulares, de eso que algunos llaman de forma eufemística «simples fallos administrativos».
No deseo otras consecuencias distintas a las administrativas, porque no es mi vocación, pero lo que no puede ser es que entremos en «modo pasteleo político» y quien tiene que cobrar no cobre y quien tiene que devolver no devuelva.
Los dependientes y sus familias siguen esperando, y yo también espero una rápida solución.
Felipe Afonso El Jaber, Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria
