Estaba cantado y ya es oficial. Los casos de La Mareta y el de los pagos del ICO han sido vinculados y ya forman un solo proceso judicial. Lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, Virgina Peña, que ha admitido a trámite la personación de Más por Telde (MxT) como acusación popular.
Eran dos expedientes distintos, porque surgieron a partir de dos denuncias distintas, pero el objetivo que buscaban era el mismo, que se determinasen las posibles irregularidades en las que pudo haber incurrido el gobierno anterior de Telde, formado por PP, Ciuca y CC, a la hora de recuperar para el patrimonio municipal una parcela de La Mareta que tuvieron que comprar al empresario Ambrosio Jiménez y por la que se le abonaron 13,2 millones de euros.
Una de las denuncias la interpuso el destinatario de ese solar, el primer adjudicatario de las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta, Julián Gómez del Castillo. Fue él quien ganó al Ayuntamiento un largo proceso judicial para recuperar sus derechos sobre esos solares y quien dio lugar a la sentencia que obligó al Ayuntamiento a devolvérselas. Como parte de una de ella se segregó y se le vendió al empresario Jiménez, hubo que comprársela. Pero del Castillo vio irregularidades en ese proceso y las denunció.
La otra la presentó ante la Fiscalía en diciembre de 2013 el edil Juan Francisco Artiles, en representación de Más por Telde (MxT), entonces en la oposición. Su denuncia, que amplió en tres ocasiones más, centraba más su objetivo en la fórmula mediante la que el anterior gobierno pagó la parcela a Jiménez, recurriendo a un crédito avalado por el ICO que no podía usarse para ese fin.
MxT, ya en el gobierno, pidió personarse en la causa como acusación popular y la jueza lo ha admitido. Gómez del Castillo y Artiles figuran como perjudicados.
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