La investigación penal del caso ICO-Mareta sigue su curso. Por lo pronto, y atendiendo a la solicitud de una de las partes, la magistrada que lo instruye, Virginia Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, pedirá apoyo a la Unidad de Ayuda contra la Corrupción que fue creada en 2015.
Este equipo técnico, la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción, lo puso en marcha el Consejo General del Poder Judicial y su cometido es el de asistir a los órganos judiciales que «lleven causas por corrupción de especial complejidad». Dado que una de las partes personadas en el caso ICO-Mareta entiende que esta investigación reúne los requisitos para recabar ese apoyo, se lo solicitó a la jueza y esta ha accedido en una providencia del 9 de junio. En esencia, anuncia que el juzgado procederá a la aplicación del correspondiente protocolo de actuación que se pone en marcha en estos casos.
La magistrada trata así de agilizar la instrucción de un proceso que suma en una sola dos causas judiciales en origen distintas, pero con conexiones entre ambas. Una de ellas, la de La Mareta, se abrió por supuestas irregularidades cometidas por el gobierno anterior de PP, Ciuca y CC para recuperar la propiedad de parte de una parcela de esa zona comercial mediante un convenio con el empresario Ambrosio Jiménez, al que se le había vendido en 2005. Y la otra tiene que ver con la vía a la que también el gobierno anterior recurrió para, a través del ICO, abonar a Jiménez 13,2 millones de euros por ese suelo, además de 8,6 millones a Aguas de Telde, más de 3 a dos familias de expropiados, y otros 2,6 a Elecnor, FCC y otros.
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