Rosendo Medina, dueño de la finca y construcciones de Cruz de Jerez que fueron expedientadas por el Seprona y sobre las que pesa una orden de derribo, ha empezado a demoler las edificaciones, pero también ha llevado a los agentes de la Guardia Civil ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas para que investigue la posible comisión por parte del Seprona de un delito de dejación de funciones.
Medina expone que dado que el grupo de la Guardia Civil usó Grafcan y hasta un vuelo oficial el 20 de marzo de 2013 por Lomo de Jerez para inspeccionar y expedientar su parcela, tiene claro que los agentes que realizaron aquel estudio «necesariamente y sin ningún género de dudas debieron observar el resto de las parcelas colindantes y todas las construcciones existentes» en ellas.
Sin embargo, apunta que de las conversaciones mantenidas con los vecinos, y pese a que sus parcelas están sobre el mismo tipo de suelo que la suya, es decir, rústico de protección agraria especial, no le consta que se les haya abierto diligencias, lo que le induce a pensar «que supuestamente los agentes del Seprona obviaron aquellas construcciones colindantes y, con ello, los supuestos delitos contra la Ordenación del Territorio», por el que Medina ha sido condenado.
Tampoco se explica cómo no vieron una «escombrera ilegal cuyo vertidos afectan al Bien de Interés Cultural del barranco de Silva», que se usa además como campo de entrenamiento para perros de caza y que ha de ser visitado de forma rutinaria por el Seprona.
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