La alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, cerró ayer uno de los expedientes que más le preocupaban a final de mandato, el pago a la empresa Reyal Urbis de 752.767 euros para hacer frente a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que fijaba un plazo de dos meses para hacer efectiva esta cantidad. De no cumplirlo, Castellano se exponía a una multa de 600 euros mensuales y una acusación por desobediencia a la Justicia.
Esta cantidad, que fue llevada para su conocimiento al pleno del pasado 28 de abril por el secretario de la corporación local, Ángel Sutil, quien fue requerido por la Sala para su toma de conocimiento por los concejales de la corporación.
La regidora teldense, que ayer mantuvo varias reuniones en su despacho, en un edificio municipal donde apenas se veía ya movimiento ni presencia de concejales, citó a varios funcionarios del área de Hacienda del Ayuntamiento para tratar este expediente. A la salida, María del Carmen Castellano aseguró que «he firmado la orden de pago de estos 752.767 euros para zanjar este asunto y que no se me requiera después de dejar ser alcaldesa para que dé explicaciones sobre este asunto. A partir del 13 de junio dejó el cargo y empiezo una nueva etapa en el Ayuntamiento y la quiero iniciar con total tranquilidad».
Esta cantidad adeuda a la empresa Reyal Urbis es la suma de la indemnización e intereses por la diferencia entre la que se fijó en la expropiación de una parcela a esta sociedad y su posterior retasación. El suelo requisado se encuentra en Jinámar y la corporación local ya había abonado previamente la cantidad de 1,5 millones de euros a Reyal Urbis. Dicha cantidad, según el auto del TSJC, debía abonarse a principios del próximo mes, de ahí la firma por parte de la regidora.
La Provincia-Dlp
