El Ayuntamiento de Telde defiende que un decreto ley firmado el 23 de diciembre del 2020 por el área de Presidencia del Gobierno de Canarias transfirió durante un año las competencias para llevar a cabo la gestión y el mantenimiento de las escuelas infantiles. La alcaldesa, Carmen Hernández, explica que por esta razón ya no es lícito el informe de la anterior interventora en el que esta detalla que estas infraestructuras educativas debían cerrarse en julio de 2021 por no tener la administración los poderes necesarios para dirigirlas por cuenta propia.
Asimismo, asegura que esta información es completamente pública y les fue trasladada a los grupos políticos y a la ciudadanía en el pleno ordinario de diciembre de 2020. «Otra cosa es que haya quien no se enteró porque no estaba atento», resalta y alega por tanto que las informaciones publicadas en los últimos días por este periódico son «falsas» y se encuentran bajo la influencia de algunas formaciones políticas de la oposición con fines electoralistas. Un grupo político de la oposición ha decidido llevar a fiscalía una situación que considera que es irregular.
La regidora sostiene con contundencia que el informe de fiscalización de las escuelas -redactado en febrero de 2020- «no fue ocultado a ninguna formación», en referencia a declaraciones que hicieron algunos portavoces hace unos días. «El pueblo teldense no merece que el prestigio que la ciudad ha recuperado se intente mancillar por intereses partidistas», expresa en una carta redactada para aclarar la situación y reitera que todos los informes necesarios han sido siempre favorables.
DUDAS
La alcaldesa no aclaró, sin embargo, el motivo por el que a pesar de que la institución local contaba durante el año pasado con la potestad para poder mantener las guarderías municipales eligió continuar en julio con el servicio sin renovar el contrato que mantenía con Fomentas, la empresa pública a la que se le encargó la apertura de las escuelas desde el comienzo.
En diciembre del ejercicio pasado el grupo de gobierno tuvo que llevar a pleno, por este motivo, expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de casi un millón de euros correspondientes a los trabajos efectuados por Fomentas en los últimos cinco meses del año. Además, en el concepto de estas facturas se las vincula directamente con la subvención estatal recibida a finales del 2019, con importe de 1,5 millones de euros, con el objeto de llevar a cabo la rehabilitación y apertura de las escuelas.
Por otro lado, la vigencia del decreto regional al que se acoge el grupo de gobierno para mantener las escuelas abiertas caducó el pasado 31 de diciembre. Hernández recuerda que ahora el Gobierno de Canarias ha validado un convenio marco para traspasar las competencias a las administraciones locales por un periodo de cuatro años (desde el 2022 hasta el 2025), pero el Ayuntamiento aún no se ha acogido a él. En una reunión que convocó la mandataria para explicar a algunos medios lo sucedido con el encargo de las escuelas infantiles, aseveró que el Consistorio debía elevar a una sesión plenaria la adhesión a este acuerdo. En la correspondiente al mes de enero no se llevaron asuntos del día.
La Provincia-Dlp
