La Cumbre de París durará hasta el 11 de diciembre con la participación de 150 jefes de Estado y de Gobierno e importantes repercusiones para el conjunto de la Humanidad. Los medios de comunicación se van a fijar en los compromisos que adquieren los grandes “contaminadores” que son China y Estados Unidos, y, en menor medida, India.
Nuestro objetivo es lograr que el calentamiento global a final de siglo no supere los dos grados de temperatura con relación al 1990.
Sin embargo, este objetivo tiene una responsabilidad concreta en España.
Las empresas españolas han preferido comprar a otros países derechos de emisión (autorizados en los acuerdos de Kioto) antes que introducir medidas concretas para evitar sus emisiones.
Se han gastado unos 1.500 millones de euros desde 2008 en la compra de esos derechos. De haberlos invertido en mejorar los métodos de producción para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, se hubiera desarrollado el I+D+I y se hubieran creado numerosos puestos de trabajo. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA) en su Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 prevé que el cumplimiento de España de los objetivos medio ambientales europeos podrían crear 500.000 nuevos empleos hasta el 2020.
Las empresas españolas tienen un déficit entre las emisiones que producen y las que deberían producir del 13,9% que prefieren pagar económicamente, comprando sus derechos a países que producen poca contaminación porque no tienen industria. Para hacerse una idea, la media europea de este déficit es del 1,9%.
Compartimos los objetivos de la UE para 2030 para rebajar en un 40% las emisiones de efecto invernadero, alcanzando un 27% en el componente de energías renovables en el mix energético, pero exigimos que desaparezca el comercio de derechos de emisión y que los objetivos tengan concreción nacional.
Estamos radicalmente en contra de la energía atómica.
La Comisión Europea y los gobiernos de los Estados, y en ello el Gobierno Español ha sido alumno aventajado, han colocado un sector básico, estratégico bajo las leyes del mercado y del beneficio privado. Esta política ha sido perjudicial para los usuarios, los trabajadores del sector, para las pymes, para el medio ambiente y la seguridad. Consideramos que la UE debe apostar por una política energética basada en la consideración de la energía como un bien público y no como una mercancía. Para ello es necesaria una política energética común, bajo control público que asegure el aprovisionamiento energético, las inversiones para garantizar la continuidad del servicio público, las medidas de ahorro energético y la producción sin emisiones contaminantes. La crisis no puede obviar las amenazas del cambio climático ni renunciar a la reorientación de nuestras formas de producción y consumo. Hay que dar respuesta a estas cuestiones: − La lucha efectiva contra el cambio climático habida cuenta de los fracasos de las cumbres. –
Exigimos al Ayuntamiento la reducción del consumo de energía desarrollando tecnologías y programas de ahorro y eficiencia energética.
El Cabildo de Gran Canaria debe de ofrecernos una propuesta alternativa y proponer un nuevo marco regulatorio del sector que tenga en cuenta la internalización de costes ambientales y sociales de los diferentes sistemas de producción de energía.
Es necesario definir EL MIX ENERGÉTICO en Canarias, en el tengan papel relevante las energías renovables y vaya definiéndose el horizonte para alcanzar que el 100 % de la energía renovable, y hay que hacerlo sin presiones de las multinacionales ni de los mercados.
Nuestra propuesta es muy clara: Un Consorcio público que gestione tan importante y estratégico sector económico y social que debe tener carácter de servicio básico.
Otras medidas:
Para IUC las cuestiones sociales, económicas y medioambientales están ligadas. Es necesario reorientar nuestras formas de vida, de producción, distribución y consumo. Exigimos acuerdos máximos en las normas ambientales de la UE así como la garantía de contribuir a salvar la biodiversidad para las generaciones venideras. La solidaridad en el tiempo, con las generaciones que nos seguirán, y en el espacio, sin generar deudas a otros territorios, debe ser un mandato en las políticas ambientales.
Asimismo, hemos de tomar en consideración tanto el coste de extracción como el coste de reposición de los recursos naturales e incluir la “huella ecológica”, o huella de deterioro ecológico, para facilitar el control de la evolución positiva o negativa de la sostenibilidad.
Las administraciones en canarias deben empezar a construir un modelo de desarrollo que socialice la toma de decisiones, implicando a las corporaciones locales en el diseño y puesta en marcha de propuestas de desarrollo económico sin comprometer los recursos de las generaciones venideras ni generar dinámicas de empobrecimiento de otras partes del mundo. La inversión ha de planificarse de manera que sirva para garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y temporal, de la misma manera que incluya la democratización en el uso de los recursos y los medios de producción.
- Rehabilitación de viviendas, que genera 3 veces más puestos de trabajo directos que la construcción de obra nueva. España tiene un porcentaje de inversión en rehabilitación con respecto a todo el sector de la construcción del 28%, frente a una media europea del 41% y al de Alemania, donde la rehabilitación de vivienda alcanza el 56%. Proponemos un Programa Específico de Rehabilitación cuyo objetivo sea rehabilitar 750.000 viviendas/año con una subvención del 25% del coste y una inversión pública de 5.000 millones de euros.
- Desarrollar modelos de ciudad sostenible Ciudades para las personas, en detrimento del coche. Frente a los despilfarros ambientales, sociales, culturales y económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria, apostamos por un territorio de verdad más sostenible, por una ciudad compacta en nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barriadas
- Democratización de la ordenación del territorio que tenga como eje fundamental la ciudadanía, su desarrollo político y personal (educación, vivienda, sanidad, cultura, ocio) siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad social y ambiental. –
- Elaboración de una Directiva Marco del Territorio, relativa a la ordenación del territorio y el urbanismo, que genere una red de ciudades medias y evite la concentración en grandes aglomeraciones urbanas insostenibles. –
- Planificación política del territorio, con participación social, que defina necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios e implemente las políticas para garantizar un desarrollo social justo y sostenible. Impulsaremos una Directiva Marco sobre la Protección del Litoral.
Los servicios e las infraestructuras para el transporte han de basarse en que la función del transporte es crear accesibilidad que facilite alcanzar los bienes, servicios y contactos con las demás personas. El transporte ha de alcanzar la máxima accesibilidad con la mínima movilidad. El sistema de transporte ha de tener carácter universal y ser público, garantizando el servicio a todas las personas, independientemente de su situación geográfica, poder adquisitivo, género o edad. IUC promueve el transporte sostenible con los modos a pie, en bicicleta como columna vertebral del sistema multimodal e integral de transporte: Multimodal: que todos los modos y medios de transporte tienen algún cometido en el conjunto del sistema.
La biodiversidad y el cambio climático, son el principal problema ambiental que afecta a toda la población mundial y afectará más si no se toman medidas para atajar su pérdida continuada.
Hay herramientas diseñadas para la protección global de la biodiversidad, pero se sigue destruyendo a un ritmo muy superior al de los procesos biológicos. Es imperante adoptar medidas de choque para revertir o limitar los efectos de esta situación catastrófica.
