La concejal, que no concejala, de playas y postureo en este ayuntamiento sin rumbo fijo. Un ayuntamiento que me recuerda al personaje del pasado siglo, “Carmelito El Cabezudo”, cuando pedía limosna en la puerta de la Catedral De Santa Ana, vestido con su “terno” del domingo.
Cosa que hace día sí y día también nuestro ayuntamiento, a las puertas del despacho del “DIVINO MORALES”, no entendible para el resto de los ayuntamientos de esta isla, en ¿cómo es posible que el Cabildo insufle tanto y tanto dinero al ayuntamiento de Telde?. Pero eso lo dejamos para otro momento, que al parecer, la Fiscalía ya ha tocado en la puerta del “HUESITOS”.
Pero vayamos al asunto que me preocupa a mí. Resulta que, y todos lo hemos visto en reportajes-comparecencias de la concejal de playas y postureos, que su departamento hace migas y contratos con una empresa catalana denominada Proactiva y que representa aquí, un tal Jose Luis Esmoris, voluntario Proactiva Open Arms (POA), que es una ONG española dedicada al rescate en el mar, más concretamente desde su primera base de operaciones en la isla de Lesbos, en el mar Egeo, y desde un barco, el “Golfo Azzurro”, en el Mediterráneo Central, de los «refugiados que llegan a Europa ».
Fundada en 2015 por Oscar Camps, la ONG, con sede en Badalona, surge de una empresa de socorrismo en las costas españolas, la empresa que ha contratado la concejal de playas y postureos de Telde, la que ya hemos identificado como Proactiva.
Con el tiempo y eso ya se esperaba en cualquier momento, la ONG Proactiva Open Arms ha sido acusada por “la Fiscalía italiana de fomentar el tráfico de personas y de organización criminal”. El fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro, ha abierto la investigación contra el comandante del barco, Mark Reig y la coordinador de la misión, Anabel Montes, al considerar que en el último rescate «fomentaron la inmigración ilegal y violaron los acuerdos internacionales»
No es la primera vez que se les detiene y siempre escapan por las acequias de las leyes, aunque esta vez se les ha acabado el negocio. Las leyes italianas no son las leyes buenistas españolas. Creo que se les ha terminado “chollo” y el barco se va a pudrir en cualquier fondeadero italiano.
Lo mejor es la imagen, el barquito en cuestión esta matriculado en Panamá, para evitar el pago de impuestos. Que extraño, que el dueño sea catalán.
Entonces, mi pregunta sería, ¿estamos financiando directa o indirectamente el negocio del tráfico ilegal de seres humanos? Alguien con más poder que yo, debería investigar el asunto, no solo por saber a dónde va nuestro dinero, sino más bien, por si hubiera que buscar responsabilidades políticas, si fuera menester.
Doramas
