La consejera de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Gloria Cabrera, ha defendido una moción presentada por los nacionalistas, que ha sido apoyada por la unanimidad del plenario, instando al Cabildo de Gran Canaria para que los miembros de este, pertenecientes al Consejo Insular de Aguas, planteen en el seno de su Junta de Gobierno, una revisión del reparto a la subvención destinada a abaratar a las personas agricultoras el sobrecoste energético en la desalación, en la extracción de agua de pozos y galerías para el riego agrícola. Siempre garantizando que la misma llegue a cada uno de las y los agricultores.
Gloria Cabrera explicó que el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, beneficiario de 1.758.397,75 euros de dicha subvención, entre otras cuestiones, acordó bonificar los precios públicos vigentes aprobados por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canarias y, por otro lado, que la bonificación se aplique mediante una liquidación periódica trimestral, a favor del regante que haya consumido y liquidado sus facturas de agua en ese periodo, por el importe correspondiente a la bonificación, aplicada según los consumos facturados y abonados en este año 2022.
Los nacionalistas han defendido que los regantes de Gran Canaria, los verdaderos beneficiarios de la ayuda al ser quienes consumen el agua, no están de acuerdo con las medidas, y así lo hicieron saber, mediante su voto, en la junta del 27 de diciembre donde se fijó el acuerdo. Y al mismo tiempo, la inmensa mayoría de los agricultores de Gran Canaria, que hicieron uso del agua desalada del Consejo Insular de Aguas en el año 2019, no se sienten representados en esta situación por los representantes de las asociaciones agrarias asistentes a la junta”.
Los nacionalistas sostienen que el sistema de reparto acordado favorece a regantes que en el año 2019 no hicieron uso del agua del Consejo, “lo cual es definitivamente injusto y va, de manera notable, en contra del espíritu de la orden que pretende auxiliar a las personas agricultoras, beneficiarias reales de los aprovechamientos del agua según la ley y nuestra Constitución”, señalan.
Gloria Cabrera recalcó: “El logro que ya alcanzamos en el año 2017, después de años de lucha y negociaciones por parte del sector agrario, cuando se reconocieron los derechos y necesidades que tenían los regantes de las islas; y el logro que alcanzamos cuando ese reconocimiento se plasmó en ayudas que se incluyeron en nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), está siendo adulterado por parte del Consejo Insular de Aguas, que depende directamente del Cabildo de Gran Canaria, en el caso de la situación que se está viviendo en la actualidad, no permitiéndoles obtener las ayudas a que tienen derecho según nuestro REF”.
