Es evidente que la corrupción en nuestro país se encuentra instalada, sobre todo, en los sectores más influyentes y poderosos de la estructura del sistema político, tanto a nivel local-autonómico como estatal.
Esta vergüenza alcanza a todos los niveles de las élites supuestamente biempensantes: desde la propia casa-familia real a la presidencia del gobierno y, especialmente, a los partidos tradicionales del bipartidismo que gobierna o ha gobernado este país. Y todo ello, sin olvidarnos, por supuesto, de determinadas zagas familiares de Cataluña y Valencia, así como de muchos episodios vergonzosos en otros territorios y ciudades de la geografía estatal.
Ante este inmenso descrédito de la democracia y de la actividad política, el bipartidismo, en vez de legislar y promover normas claras y concluyentes de obligado cumplimiento para todos, se ha limitado a establecer Códigos Éticos internos y de carácter voluntario que, llegado el momento de su aplicación, se reinterpretan torticeramente para finalmente incumplirlos, sobre todo, cuando afecta a algunos altos cargos o barones de los partidos respectivos.
Por ejemplo, el PP ha elaborado y aprobado ya varios Códigos Éticos que en pocas semanas fueron congelados para no aplicárselo a según qué alto cargo o baronía. Por su parte, el PSOE ha actuado de manera parecida: su Código Ético no se aplica de la misma manera a los barones sevillanos que al varón gomero. Por no hablar del golpe de mano contra un candidato madrileño elegido legítimamente en primarias, pero que no era del agrado del aparato del partido.
Y en medio de todo esto, los mismos que toleran, conviven o utilizan la corrupción como medio de vida, tienen la osadía de impartir a los ciudadanos lecciones de ética, de justicia social o doctrina sobre la necesaria solidaridad ciudadana. Y no se inmutan ni se sonrojan.
¿Y las responsabilidades políticas por sus actos fraudulentos y tramposos? Sencillamente las responsabilidades políticas no existen en este país, ya que sólo los jueces, llegado el momento procesal oportuno, son los que consiguen obligar a los políticos corruptos a asumir sus responsabilidades y a marcharse a sus casas.
Mientras tanto, cada partido protege a sus corruptos y sólo se fija en los de los demás, a los que cínicamente exigen responsabilidades inmediatas. Es la aplicación del doble rasero. ¿Cuándo se aplicará en este país la responsabilidad y la ética política ante la corrupción de la misma manera que se hace en otros países de nuestro entorno a los que señalamos como ejemplo de tantas cosas?
Como consecuencia de estos comportamientos indecentes, se ha extendido entre los ciudadanos la idea de la impunidad de la corrupción, con el añadido en ciertas ocasiones de la prescripción de los delitos que en buena medida sólo consiguen los políticos, convirtiéndose la prescripción en un privilegio más para los aforados. De ahí, la percepción entre la ciudadanía de la necesidad de reformar en profundidad o de refundar el sistema político de este país.
Sin embargo, este año es precisamente el de la oportunidad que tiene los ciudadanos para iniciar ese proceso de reformas estructurales que necesita nuestro sistema democrático. En los próximo nueve meses la ciudadanía de todo el Estado será convocada en dos ocasiones a las urnas (en tres ocasiones para los residentes en Andalucía y Cataluña).
En las elecciones que se avecinan debemos ser más activos y críticos, por lo que tenemos que negar nuestro apoyo a aquellos que pretenden que nuestro voto se convierta, como hasta ahora, en un cheque en blanco para que luego ellos puedan hacer lo que les plazca durante cuatro años.
La democracia no es sólo que la gente vote. Además de las elecciones periódicas, se debe permitir puntualmente la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre los asuntos que le son de gran interés, mediante referendos.
Exijamos que en temas de gran trascendencia no nos interpreten: ¡que nos pregunten directamente! Que dejen ya de escudarse interesadamente en la manida expresión de la “legitimación del voto emitido en su momento por los ciudadanos” para actuar en su contra y, normalmente, en beneficio de las élites y grupos más insolidarios.
La forma activa y participativa de hacer política, lejos de debilitar la democracia, sólo la refuerza y es lo que demanda la ciudadanía. Se trata de una democracia de los ciudadanos y para los ciudadanos, no únicamente de las élites.
Y un ejemplo reciente lo tenemos en Grecia. Los griegos votaron por sus propios intereses, no por los de Alemania. De ahí la reprimenda indecente y sin escrúpulos a los griegos de Schäuble, ministro de Finanzas alemán. Eligieron el cambio que amenaza los privilegios de una minoría que se creía invulnerable. Y allí estuvo nuestro ínclito presidente Rajoy, apoyando activamente los privilegios de esa minoría griega. Y visto el resultado, se lució.
En su estrategia del miedo, los grandes poderes económicos utilizaron todas las amenazas y calificativos posibles para que no se votara a Syriza: antisistemas, irresponsables, antieuropeos, ingenuos, ignorantes, etc. Pero, a pesar de todo, los griegos han demostrado que el cambio es posible.
El nuevo gobierno griego, como ha escrito Fernando Luengo, “ha llegado con un mensaje muy claro: lo primero es la ciudadanía. Nada es más importante, nada es más urgente. Y por esta razón han puesto en marcha un plan de rescate ciudadano”. Esto ha sorprendido en Europa, pero mucho más en España, donde no estamos acostumbrados a que los partidos cumplan lo que prometen en las campañas electorales.
Como era de esperar, los gobiernos de la UE, adalides de la austeridad, pretenden ahogar las posibilidades de recuperación planteadas por el nuevo gobierno griego. Por su parte, en un año electoral como el presente, el gobierno español en su interés partidista de dañar a Podemos golpea con saña a Syriza, alineándose con los halcones de la UE para machacar a los griegos.
No obstante, aunque la decisión del Eurogrupo de ampliar cuatro meses el crédito a Grecia no constituye gran cosa, ambas partes han tenido que ceder dentro de lo razonable. Y la política basada exclusivamente en la austeridad, los recortes y la pérdida de derechos ciudadanos, ha empezado a ser cuestionada.
Por otra parte, en la medida en que los ciudadanos de otros países vayan otorgando el poder a nuevas fuerzas políticas, a los líderes europeos no les quedará más remedio que ceder cada vez más en su actual intransigencia económica. Es evidente que el nuevo estilo de Varoufakis, ministro de Finanzas griego y de Tsipras, su primer ministro, ha empezado a crear cierta inquietud en los aledaños del poder en Europa.
Y como ha escrito Antonio Rico, “Los telediarios ya no son lo mismo desde que estos dos políticos griegos, por esas cosas de la democracia, tienen derecho a pisar moqueta y a ocupar parte del tiempo que los telediarios hasta ahora empleaban en convencernos de que todo va bien en el reino de la austeridad”.
Y continúa así: “Las moquetas quieren presentarnos a Tsipras y Varoufakis como dos intrusos que no saben donde se han metido y los telediarios se fijan más en las camisas sin corbata de los políticos y en su falta de experiencia. …Supongo que Juncker preferirá discutir con expertos de la asquerosidad moral de Strauss Kahn o Rodrigo Rato, gente listísima que ningún ciudadano decente querría tener sentada a su lado”.
En definitiva, un pequeño país con sólo el 2% del PIB de la UE se ha convertido en un ejemplo de dignidad. En este momento, Grecia simboliza la necesidad de una refundación democrática en nuestro país y en la UE, que coloque al ciudadano en el centro de todas las decisiones políticas.
(*) Fernando T. Romero Romero, miembro de Roque Aguayro
