«La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos»…
Este texto, tan razonable como certero, corresponde al preámbulo de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En Canarias, a través de la Ley Orgánica 1/2018 de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se hace referencia al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública que es quien tiene la potestad de analizar, comprobar y proteger dicha transparencia y el acceso adecuado a la información. A estas alturas de la Democracia parece increíble que pueda existir la necesidad de acudir a este Comisionado. Sin embargo, el oscurantismo y las malas maneras esgrimidas desde el actual Grupo de Gobierno de Telde impiden a la oposición el acceso a expedientes…
No hablamos siquiera de un expediente menor: se trata de la cesión de un Espacio Público (una cancha deportiva) a un particular para realizar un proyecto con ánimo de lucro. Se trata de la falta de información sobre si existía Plan de Seguridad para la correcta realización de ese proyecto. Sobre el cobro de entradas (repetimos: ánimo de lucro en espacio público), sobre el cambio de césped y la imposibilidad de los usuarios habituales (los ciudadanos) de seguir usando ese espacio público, o sobre la instalación de una cantina…
Hablamos de actuaciones que deben estar ejecutadas con todos los parámetros que la Ley y las Ordenanzas vigentes exigen. Que deben estar correctamente fiscalizadas por todos los grupos de la corporación municipal tal y como exige la Ley de Transparencia, porque se podrá estar o no de acuerdo con un proyecto, se podrá o no estar de acuerdo con la cesión a un particular, pero la Ley ampara el Derecho a la Información para conocer si las actuaciones se han hecho de acuerdo a las normativas vigentes o si se ha hecho de manera incorrecta. Máxime cuando se trata de eventos con gran afluencia de público donde no hay que exponerse a cometer ningún error que pueda ocasionar el menor riesgo a ningún ciudadano…
El problema, lo insólito a estas alturas de la Democracia, es que ante la falta de respeto institucional mostrada por el Grupo de Gobierno liderado por el alcalde Juan Antonio Peña, al negar acceso a expedientes e información sobre procedimientos realizados, la oposición (concretamente Nueva Canarias) se vea obligada a solicitar amparo al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública…
Este comportamiento por parte de un Grupo de Gobierno elegido democráticamente es indigno, y parece más propio de tiempos anteriores a la Democracia, cuando quienes tenían el Poder hacían y deshacían a su antojo sin importarle las consecuencias que sus actos pudieran tener sobre la ciudadanía. El actual mandato municipal apenas ha sobrepasado sus primeros seis meses. Esperemos que esta errónea forma de actuar sea rectificada y se acaten los Principios de la Ley de transparencia. Por el bien de los ciudadanos de la Gran Ciudad de Telde…