Infinidad de personas mueren todos los días de forma prematura: por carecer de acceso a nutrición suficiente; por malvivir en condiciones ambientales insalubres; por accidentes ocasionados por la tecnología que utilizamos; por los efectos secundarios de los productos que consumimos… Y a manos o armas de asesinos. En una civilización caracterizada por la dualización entre países, grupos e individuos ricos y pobres, donde, por ello, lo que más importa es el poder y no el ser, estas tragedias se dan en muy distinta proporción y reciben atenciones muy diferentes.
Que en la generalidad de los países del “tercer mundo” mueran constantemente personas por hambrunas y enfermedades vinculadas a la miseria se trata, en el concierto internacional de las naciones, como un asunto muy importante, pero nada urgente de solucionar. A pesar de los organismos creados en la Organización de Naciones Unidas para su atención, de los múltiples programas y compromisos habilitados para su remedio y de los reiterados “golpes de pecho” de los grandes mandatarios y poderosos, morir miserablemente en la periferia del “primer mundo” es, sobre todo, un tema de la sociedad civil, de Organizaciones No Gubernamentales y de ciudadanas y ciudadanos particulares que, echando mano de su solidaridad y de sus recursos pecuniarios, costean, voluntariosamente, servicios básicos hasta donde se llegue, que no es nunca suficiente. Si ello ocurre en los países desarrollados, como estamos viendo desde el estallido de la “Gran Crisis”, entonces, sí, los poderes públicos y privados aportan recursos básicos, disponen organismos sociales, costean entidades asistenciales y surten bancos de alimentos para que la situación no llegue a ser dantesca. Y, poco más.
Pero, con las enfermedades, crisis y traumas de “nuestro modo de vida”, hasta dentro del mundo rico la cosa cambia, y mucho. La toxicidad asociada a los modos de procesamiento de los alimentos, a los materiales de los artículos de consumo y a los componentes de los medicamentos legales se tratan como un coste que solo el conjunto social debe asumir: la contaminación de nuestros entornos y nuestros cuerpos, el envenenamiento de los ecosistemas y de multitud de seres humanos que ocasiona la civilización es una carga para todos. Los grandes beneficios que se obtienen a costa de contemporizar con esta situación, no obstante, son privatizados.
También la generalizada pérdida de las condiciones de vida digna para cada vez más personas a lo largo y ancho del mundo, hay que, por lo visto, socializarla. Y, por ello, la Unión Europea considera el pago de las deudas -transformadas en públicas tras el “rescate” de los ricos- lo más urgente e importante que deben conseguir sus Estados miembros. Los “recortes” son la norma, excepto en muy extraordinarias circunstancias.
Tras los últimos atentados terroristas perpetrados en París, tan sanguinarios como injustificables, el gobierno de Francia ha echado mano de una de esas clausulas especiales que permiten en Europa romper la austeridad en el gasto: declarando, contra toda proporción y lógica, haber sufrido un acto de guerra, se ha dispuesto a aportar importantes fondos militares para bombardear las instalaciones bélicas de la organización terrorista “Estado islámico”. Pero, los bombardeos también incluyen varios núcleos poblacionales tomados por los terroristas en su avance territorial sobre dos países árabes, que están llenos de población cautiva, de víctimas inermes. Lo estamos viendo, a las élites de poder los ciudadanos de Occidente ya les importamos más muertos, que vivos. Y los de Oriente no les importan, ni muertos, ni vivos.
Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social.
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