TELDE SE QUEDA SIN DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

El Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, en su edición de hoy miércoles 3 de septiembre, hace público que, “el Consejo de Gobierno Insular, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de agosto de 2020, ha acordado nombrar a don José María Cabrera Domínguez como Director Insular de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria”.

El citado señor es el actual Director de Recursos Humanos de Telde, gobernado por una alcaldía a tiempo compartido entre Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), José María Cabrera lleva exactamente un año desde su toma de posesión después de obtener la plaza en un concurso al que optaban otros cuatro candidatos.

Este funcionario de carrera, estrechamente vinculado a Nueva Canaria, pega un salto cualitativo y se va al cabildo de Gran Canaria, donde el presidente, Antonio Morales, un hombre de Nueva Canaria, se trae al Sr. Cabrera Domínguez, que durante un año no ha dado en Telde, palo al agua.

Decía celeste López, concejala de Recursos Humanos de Telde, que fue quien le contrató en nuestra ciudad que José María Cabrera Domínguez, “estaba encuadrado en el escalafón más alto de la administración”, aunque su anterior experiencia en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde ostentó la misma responsabilidad entre enero de 2012 y octubre de 2014, fue de lo más negativa.
Los trabajadores públicos de la capital no guardan un buen recuerdo de su paso por el consistorio en el viejo hotel Metropol, sede de las oficinas municipales, que vivió durante esos 34 meses una de las etapas más convulsas de su historia reciente, con una tensión sin precedentes que se manifestaba en forma de concentración de los empleados públicos ante las Casas Consistoriales en cada pleno municipal.

Durante estos años, con Cabrera como responsable en materia de personal y con Claudio Rivero como director de gobierno de Presidencia y Seguridad, se aplicaron recortes laborales por un valor superior a los 20 millones de euros, cantidades que el Ayuntamiento ha tenido que ir devolviendo -y sigue haciendo- a cuentagotas a los trabajadores como consecuencia de las sentencias judiciales que han recaído en su contra por esta política de personal ejecutada por la mayoría absoluta del PP.

Los tribunales tumbaron las dos Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) aprobadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en esa etapa, en ambos casos por la falta de negociación con los agentes sociales. La primera RPT tuvo que ser modificada en abril de 2014, cuando solo habían transcurrido tres meses de su ratificación en el pleno, con cuatro autos en contra y bajo apercibimiento de multa, para dejar sin efecto la conversión de más de 600 trabajadores laborales indefinidos en funcionarios interinos, una medida que, según los sindicatos, generaba más precariedad y dejaba la puerta abierta a la pérdida de empleos, debido a la posibilidad de amortizar plazas tras la entrada en vigor de la reforma local.

La anulación definitiva de esa primera RPT, la de 2014, generó una deuda de 2,8 millones de euros con los más de 400 trabajadores afectados por esas pérdidas retributivas.

Cabrera permaneció además durante un tiempo imputado, al igual que Rivero, después de que Intersindical Canaria los denunciara por un supuesto delito de tráfico de influencias en la adjudicación del contrato para la elaboración de esa relación de plazas. El caso acabaría siendo archivado por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 4 de Las Palmas de Gran Canaria, que no consideró acreditada la relación de «estrecha amistad» entre el nuevo director de Recursos Humanos de Telde y Juan Fernando Fariña, administrador de la empresa que se llevó el contrato, cuantificado en 62.000 euros. El sindicato había presentado en su denuncia una serie de documentos con contratos suscritos entre ambos en otras administraciones, su participación conjunta en un capítulo de un libro o la coincidencia en varias jornadas sobre la materia.

Más de cinco millones por la segunda RPT

Las indemnizaciones por la segunda relación de plazas fueron aún mayores. Ascendieron a 5,5 millones de euros. En esta ocasión, el plazo de negociación fue de apenas trece días, los que transcurrieron entre el 17 y el 30 de julio de 2014, un periodo “escaso para un documento de tanta complejidad”, según el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de la capital grancanaria. Al conocer, en febrero de 2017, el contenido de esta sentencia, el entonces concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento, el socialista Mario Regidor, lamentó “la pésima gestión del PP en el área” al haber impuesto a los trabajadores, sin negociar, dos RPT “a la baja” que habían generado un agujero de ocho millones en las arcas municipales.

A esa cifra se le sumaron los 2,5 millones de euros que la plantilla municipal dejó de cobrar en 2013 después de que el gobierno municipal suspendiera el complemento de incompatibilidad, los 5 millones suprimidos de las denominadas gratificaciones sociales baremadas, entre las que se encuentran las ayudas médicas, y otras cantidades resultantes de la eliminación de pluses que hasta esa fecha percibían los trabajadores. El anterior equipo de gobierno capitalino, formado por el tripartito entre PSOE, Nueva Canarias y Las Palmas de Gran Canaria Puede, cuantificó en 24 millones de euros la deuda contraída por las sentencias judiciales derivadas de la gestión del PP en materia de personal durante el mandato 2011-2015.

Un sueldo de 65.000 euros en Telde

Cabrera abandonó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria unos meses antes de las elecciones de mayo de 2015 para incorporarse a su plaza como jefe de servicio de Asuntos Generales del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, aunque solo permaneció en el puesto un año, puesto que en octubre de 2015 fue reclutado por el Gobierno de Canarias como consultor de servicios en la Dirección General de Modernización y Calidad de los servicios. Nada más abandonar su cargo en el Consistorio capitalino después de redactar un informe contrario a la subida de sueldo para dos altos cargos de la comisión de seguimiento a la intervención de la empresa mixta de aguas Emalsa, el experto en Función Pública concedió una entrevista al periódico La Provincia en la que afirmaba que eran los ciudadanos quienes acababan pagando “las concesiones a los sindicatos” y se vanagloriaba de los recortes acometidos en el área de Personal.

Cinco años después, se incorpora al Ayuntamiento de Telde, donde percibirá un salario anual bruto de 65.386,66 euros. El gobierno municipal destaca la dilatada experiencia de Cabrera, que es licenciado en Derecho y cuenta con másteres y cursos relacionados con la dirección de Recursos Humanos por la Universidad Ramón Llull, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

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